En esta columna, la diputada Lorena Fries advierte que los detectores en las escuelas atacan el síntoma, no el origen: el acceso descontrolado a las armas.
Un estudiante atacó con un cuchillo a tres alumnos y dos inspectoras en Calama, dejando una víctima fatal. El hecho motivó el debate sobre la violencia en las escuelas.
Durante el primer mes del año escolar 2026 se han reportado cuatro casos de estudiantes portando armas en las comunas de Santiago, Puente Alto y Maipú. La pregunta es inevitable: ¿cómo llega un niño, niña, un adolescente a tener un arma en sus manos y por qué termina usándola? ¿Se la entregaron? ¿La encontró en su casa? ¿La robó? Lo cierto es que esas armas no aparecen de la nada.
En el debate sobre la violencia en establecimientos educacionales, esa pregunta — relevante, sin duda— no está presente y el foco se ha centrado exclusivamente en las medidas intrusivas que ha presentado el Gobierno a través de dos proyectos de ley; uno para establecer agravantes para quienes ejerzan actos violentos en establecimientos educacionales, y otro para facultar a dichos establecimientos a instalar detectores de metales y revisión de mochilas. Se busca, con ello, dar una respuesta rápida a la preocupación de las comunidades educativas. Pero ese enfoque, por sí solo, presenta complejidades para su ejecución y por otra, resulta absolutamente insuficiente.
Las cifras son claras. Entre 2020 y 2025, los delitos violentos con adolescentes aumentaron en un 114%. En Chile existen más de 72 mil armas inscritas que hoy están extraviadas, robadas o fuera de control, sobre un total de más de 766 mil armas registradas. Además, menos de la mitad de ese parque se encuentra en situación regular, lo que evidencia una falla estructural en el sistema de control, sin contar las armas que circulan ilegalmente. Cerca del 40% de las armas incautadas en delitos tenían inscripción legal previa. Es decir, el problema no comienza en la escuela pero sí puede -como ocurrió- terminar en ellas, lo que da cuenta de la necesidad de una política más agresiva en materia de acceso, control y reducción de las armas de fuego.
Es comprensible que ante la urgencia frente a los hechos ocurridos el Gobierno busque reforzar la seguridad en los establecimientos. Pero cuando el foco se pone exclusivamente en el control al interior de las escuelas, se ataca un síntoma y no las causas de este tipo de fenómenos. Se corre, además, un riesgo adicional: consolidar trayectorias delictuales en jóvenes que con otras medidas podrían contribuir a enmendar dichas trayectorias. Los niños, niñas y los adolescentes son parte de la solución, no solo el problema. Requieren protección y oportunidades, pero también deben ser considerados como actores clave en estrategias de prevención de la violencia.
Cuando un niño, niña o adolescente termina usando un arma, hay un conjunto de factores que se han desatendido. Son vidas muchas veces marcadas por el abandono, la violencia en la familia y en los barrios. Pueden ser víctimas de reclutamiento por bandas criminales o tener problemas de salud mental o emocionales, entre otros. En todos estos casos lo que es cierto es que el Estado está llegando tarde; si sólo interviene cuando ese joven ya fue
vulnerado en sus derechos la tendencia es a dar respuestas reactivas, de control y sanción. Recordemos que este tipo de violencia se pretendió abordar con Aula Segura y, sin embargo, no ha tenido los resultados esperados.
Por eso, el desafío no es solo reforzar controles en las escuelas o agravar las sanciones, sino asumir una agenda más amplia en la que el Gobierno se haga cargo de otros factores como, por ejemplo, que ningún arma de fuego llegue a manos de un niño, niña o adolescente. En este sentido, restringir el acceso a armas de fuego, fortalecer la fiscalización, cerrar brechas en la trazabilidad y perseguir con fuerza el tráfico de ellas, junto con políticas de prevención de la violencia en las escuelas, dan mejor cuenta del problema que se quiere abordar.
Porque cuando las armas están disponibles, no sólo aumenta el riesgo de quienes están en su entorno, sino que se amplía la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes terminen con una dentro de su mochila y dispuestos a usarlas.