Si de verdad se quiere mejorar la empleabilidad, se puede regular mejor el sistema, evaluar programas o fortalecer la intermediación laboral. Pero eliminar o debilitar los mecanismos de capacitación no resuelve el problema.
Imagen de un trabajador en una construcción / Agencia Uno
Una persona que está desempleada o que trabaja por un sueldo mínimo no puede costear capacitaciones ni certificaciones laborales. Es así de simple. No es un problema ideológico, es un problema económico básico.
Por eso existen políticas públicas como la gratuidad en educación y programas como el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. No son un lujo ni un capricho: son herramientas para acortar brechas que el mercado por sí solo no corrige.
Hoy la realidad es bastante clara: ni las empresas ni el Estado invierten realmente en capacitación de trabajadores mayores de 30 o 40 años. En ese escenario, los programas de capacitación pública han sido prácticamente la única vía para que muchas personas puedan reconvertirse o mejorar su trayectoria laboral.
Si debilitas o eliminas esos instrumentos, lo que va a pasar es bastante predecible: menos movilidad laboral, más desempleo de larga duración y un mercado del trabajo todavía más segmentado.
Además, hoy las empresas buscan personas que ya lleguen capacitadas o certificadas. Si el colegio o la universidad no entregaron esas herramientas, ¿cómo se supone que una persona que gana el sueldo mínimo las va a pagar? ¿Dejando de comer? ¿Dejando de pagar el arriendo?
Podemos discutir perfectamente que el aumento de OTEC en los últimos años ha sido excesivo y que la franquicia tributaria ha financiado cursos que no siempre garantizan empleabilidad inmediata. Eso es un debate válido. Pero empleabilidad y trayectoria laboral no son lo mismo. Muchas capacitaciones no generan un empleo inmediato, pero sí mejoran las oportunidades laborales de las personas a mediano plazo.
Si de verdad se quiere mejorar la empleabilidad, se puede regular mejor el sistema, evaluar programas o fortalecer la intermediación laboral. Pero eliminar o debilitar los mecanismos de capacitación no resuelve el problema.
Porque al final, debilitar el sistema de formación laboral no es solo una decisión económica. Es una definición política sobre si el país está dispuesto o no a invertir en el desarrollo de las habilidades de trabajadores de 30, 40, 50 años o más.
Y si esas oportunidades desaparecen, lo que vamos a tener no es un mercado laboral más eficiente. Vamos a tener un mercado laboral más desigual y con menos movilidad para quienes más lo necesitan.