Si el sistema educativo fue capaz de reinventarse durante una pandemia, también debe ser capaz de adaptarse a un clima que ya cambió.
Suspenden clases en cinco regiones del país - Agencia Uno
Los grandes temporales que está viviendo nuestro país, sin duda, son una problemática en desarrollo que impacta distintos frentes: el ambiental, el social, el diseño urbano, la conectividad y la educación.
Y es precisamente en este último aspecto donde quisiera detenerme. El cambio climático ya no es solo un problema ambiental; hoy también es un problema educativo. Sus efectos no solo interrumpen la vida cotidiana de las comunidades, sino que comienzan a afectar de manera directa la continuidad de las trayectorias educativas de miles de estudiantes.
Hoy estamos enfrentando una afectación emergente derivada del ausentismo escolar provocado por las dificultades que generan estos eventos climáticos. Si bien los establecimientos educacionales pueden experimentar daños de distinta magnitud producto de los frentes de mal tiempo, no son menos relevantes las dificultades que enfrentan las familias y los funcionarios para llegar a clases.
A ello se suman otras realidades, como el anegamiento de viviendas de integrantes de las comunidades educativas, la ausencia de servicios básicos o, simplemente, resfríos, gripes y diversos cuadros virales asociados a una situación climática que, durante el último mes, pareciera no dar tregua semana tras semana.
Con este escenario, mantener la continuidad del proceso educativo se vuelve extremadamente complejo. Hay profesores que no pueden avanzar en sus planificaciones porque asiste menos del 60 % del curso, lo que genera un dilema permanente: avanzar y profundizar las brechas de quienes no pudieron asistir o detener el proceso para intentar que nadie quede atrás. Cualquiera de las dos decisiones tiene consecuencias sobre los aprendizajes.
Junto con ello, los directores y sus equipos de gestión comienzan a verse tensionados por el ausentismo escolar y docente generado por estos frentes de mal tiempo. A las dificultades para reorganizar reemplazos y sostener el funcionamiento cotidiano de los establecimientos, se suma el impacto que la disminución de la asistencia tiene sobre el financiamiento escolar, afectando la estabilidad con que las comunidades pueden responder precisamente en momentos de mayor complejidad.
Así, el servicio educativo va sufriendo mermas provocadas por variables que escapan completamente al control de las comunidades escolares. Frente a ello, una de las principales respuestas son las suspensiones emergentes de clases, las que posteriormente deben recuperarse extendiendo el calendario escolar. Si bien estas medidas ofrecen una solución inmediata, en el largo plazo acumulan efectos negativos sobre los procesos de aprendizaje y el debido resguardo de las trayectorias educativas.
Ahora bien, esto no es nuevo. Durante los últimos cinco o seis años, especialmente en el sur del país, estas situaciones se han repetido con una frecuencia cada vez mayor. Por ello, más que seguir reaccionando caso a caso, parece necesario comenzar a discutir adaptaciones estructurales del sistema educativo frente a esta nueva realidad climática.
Una primera alternativa podría ser revisar el calendario escolar y evaluar si las vacaciones de invierno debieran volver a coincidir con el período en que históricamente se concentran los temporales más intensos. Recordemos que hace algunos años el regreso a clases ocurría hacia los últimos días de julio o durante la primera semana de agosto. Sin constituir una solución definitiva, esta medida podría contribuir a resguardar mejor los procesos educativos y la seguridad de las comunidades escolares.
Una segunda línea de trabajo podría ser flexibilizar modalidades excepcionales de enseñanza. La experiencia de la pandemia obligó a los establecimientos a desarrollar capacidades tecnológicas y organizacionales que hoy podrían recuperarse para situaciones climáticas extraordinarias. No se trata de reemplazar la presencialidad, sino de disponer de una herramienta excepcional cuando existan condiciones objetivas que impidan el funcionamiento normal de las escuelas.
Los eventos recientes muestran, por ejemplo, un patrón relativamente claro: dos o tres días de lluvias intensas, una breve ventana de mejor tiempo y luego nuevos sistemas frontales. Cuando estos escenarios pueden anticiparse razonablemente, quizás sea más efectivo implementar temporalmente una modalidad remota que alternar sucesivas suspensiones y reanudaciones de clases, favoreciendo una mayor continuidad pedagógica.
Finalmente, también parece necesario revisar la normativa de financiamiento escolar para eventos climáticos excepcionales. Resulta razonable preguntarse si establecimientos que enfrentan situaciones de fuerza mayor debieran asumir, además, las consecuencias económicas derivadas de una asistencia que escapa completamente a su capacidad de gestión.
Si estos eventos climáticos llegaron para quedarse, sería deseable que autoridades, comunidades escolares y la sociedad en su conjunto comenzáramos a construir respuestas que permitan proteger las trayectorias educativas sin debilitar el funcionamiento de las escuelas. Adaptar el sistema ya no parece una discusión futura, sino una necesidad presente.
Si el sistema educativo fue capaz de reinventarse durante una pandemia, también debe ser capaz de adaptarse a un clima que ya cambió. La pregunta ya no es si volverán estos temporales; la verdadera pregunta es si estaremos preparados para educar cuando vuelvan.
