Chile no enfrenta actualmente una crisis fiscal, pero sí un riesgo más sutil y complejo: el debilitamiento de los mecanismos que, en el pasado, permitieron sostener una trayectoria fiscal consistente y creíble.
La preocupación por la deuda pública en Chile suele enfrentarse con un argumento aparentemente tranquilizador: su nivel sigue siendo significativamente menor que el promedio de los países de la OCDE, y se mantiene por debajo del observado en otras economías emergentes. Sin embargo, este dato, aunque correcto, resulta insuficiente para comprender la naturaleza del problema.
El riesgo principal no radica en el nivel actual de endeudamiento, sino en la persistencia de una trayectoria de déficit estructural que no ha logrado converger hacia un equilibrio fiscal en el tiempo. De mantenerse esta dinámica, la razón deuda/PIB tendería a incrementarse de manera sostenida, pudiendo superar los umbrales prudenciales de sostenibilidad fiscal.
Durante buena parte de las décadas de los años 90, 2000 y comienzos de 2010, Chile fue considerado un caso ejemplar de disciplina fiscal en economías emergentes. La regla de balance estructural permitió desacoplar el gasto público del ciclo económico, ahorrar en períodos de altos precios del cobre y, sobre todo, construir una reputación de responsabilidad que reducía el costo de financiamiento y otorgaba margen de maniobra en contextos de crisis. En ese marco, la deuda pública no era un problema relevante, precisamente porque estaba contenida por un conjunto de instituciones creíbles que ordenaban las decisiones fiscales en el tiempo (Kopits y Symansky, 1998; Frankel, 2011).
Ese equilibrio, sin embargo, comenzó a tensionarse de manera progresiva desde mediados de la década pasada. La persistencia de déficit fiscal, que ha llevado al aumento sostenido de la deuda, refleja un cambio que no es únicamente cuantitativo. No se trata simplemente de que la deuda haya aumentado, sino de que lo ha hecho en un contexto donde la capacidad de anclar expectativas fiscales a través de reglas ha perdido fuerza. En este nuevo escenario, la sostenibilidad deja de depender exclusivamente de parámetros técnicos y pasa a estar mediada por la credibilidad del sistema político (Alesina y Perotti, 1996).
La literatura económica ha mostrado que el nivel de deuda, por sí solo, constituye una medida incompleta del riesgo fiscal, ya que lo relevante es la trayectoria esperada y las condiciones macroeconómicas que permiten sostenerla en el tiempo (Blanchard, 2019; Escolano, 2010). En particular, la relación entre la tasa de interés y el crecimiento económico —el conocido diferencial r–g— resulta central para evaluar la sostenibilidad de la deuda, más allá de su nivel absoluto (Blanchard, 2019).
En economías con monedas de reserva, mercados financieros profundos y alta estabilidad institucional, niveles elevados de deuda pueden ser gestionables durante largos períodos como ocurre en países desarrollados (Reinhart y Rogoff, 2009; Ghosh et al., 2013). Chile, en cambio, es una economía pequeña, abierta y altamente expuesta a shocks externos, particularmente a la volatilidad del precio del cobre y a las condiciones financieras internacionales. En ese contexto, la tolerancia a aumentos persistentes de deuda es necesariamente menor, no por una cuestión normativa, sino por restricciones estructurales.
La deuda pública es, en última instancia, un problema de compromiso intertemporal: implica la capacidad del Estado de ordenar sus decisiones en el presente considerando sus efectos en el futuro. Esto requiere no solo reglas formales, sino también un sistema político capaz de sostener acuerdos en el tiempo y resistir incentivos de corto plazo asociados al ciclo electoral (North, 1990; Weingast, 1995).
En Chile, esa capacidad de compromiso enfrenta tensiones crecientes, asociadas a una mayor fragmentación política, a demandas sociales persistentes, a presiones de gasto derivadas del cambio demográfico y a dificultades para construir consensos en torno a reformas estructurales, particularmente en materia tributaria. En este contexto, comienzan a observarse ciertas señales que, sin constituir elementos de alarma, podrían interpretarse como indicios de una gradual reevaluación del riesgo.
La discusión pública, sin embargo, tiende a simplificar el problema reduciéndolo a una comparación de niveles de deuda, lo que puede resultar engañoso. El verdadero desafío no es cuánto debe el Estado hoy, sino si cuenta con las capacidades institucionales y políticas para estabilizar y gestionar esa deuda en el tiempo. En este sentido, más que operar como una variable aislada, la deuda pública y su evolución incide en los procesos de evaluación prospectiva de riesgo, los cuales tienden a reflejar anticipadamente en indicadores como el riesgo país, capturando expectativas sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad de ajuste del Estado.
Chile no enfrenta actualmente una crisis fiscal, pero sí un riesgo más sutil y complejo: el debilitamiento de los mecanismos que, en el pasado, permitieron sostener una trayectoria fiscal consistente y creíble. La pregunta relevante, por tanto, no es si la deuda es alta o baja en comparación internacional, sino si el sistema político chileno conserva la capacidad de ordenar sus finanzas públicas en un horizonte de largo plazo. De la respuesta a esa pregunta depende, en última instancia, no solo la sostenibilidad de la deuda, sino la calidad misma de la gobernanza estatal.