La propuesta buscaba derogar los límites actuales a la propiedad extranjera de campos, pero el Senado argentino rechazó la iniciativa impulsada por el gobierno.
Presidente de Argentina Javier Milei.
Un fuerte freno político sufrió el gobierno de Javier Milei en el Senado argentino luego del rechazo transversal a la propuesta que facilitaba la venta de tierras rurales a capitales extranjeros con el objetivo de atraer la inversión y dinamizar el sector agropecuario, industrial y forestal.
La propuesta busca derogar los límites establecidos por la Ley de Tierras vigente (Ley 26.737, sancionada en 2011), la cual restringe la propiedad extranjera de campos y terrenos rurales al 15% nacional, provincial y municipal, además de prohibir la venta de cuencas de agua estratégicas.
En consecuencia, la Casa Rosada debió retirar de forma intempestiva el capítulo que flexibiliza la Ley de Tierras Rurales, un eje clave en el paquete de desregulaciones impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. La votación de este capítulo estaba programada para este jueves 6 de agosto.
El detonante del repliegue fue la resistencia coordinada de senadores alineados con gobernadores provinciales. La negativa de legisladores clave —como la salteña Flavia Royón y el mendocino Rodolfo Suárez, quien planeaba ausentarse para restar quórum— terminó por fracturar los apoyos que la extrema derecha requería para abrir el debate.
La maniobra provocó una reacción en cadena a la que se sumaron mandatarios de provincias estratégicas como Tucumán, Catamarca, Neuquén y Misiones.
Pese a los intentos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presionar a los bloques opositores recurriendo a discursos confrontacionales, el oficialismo no logró acercarse a los 37 senadores necesarios para sesionar.
Ante el riesgo inminente de frustrar otros proyectos prioritarios del Ejecutivo —como la eliminación de las elecciones primarias (PASO) o la revisión de subsidios energéticos regionales—, el bloque libertario convocó a una cita de urgencia para confirmar la eliminación del articulado sobre extranjerización de tierras.
Organizaciones sociales, ambientalistas, sindicales (como las dos CTA y sectores de la CGT) y referentes de la oposición denuncian el proyecto como un "estatuto legal del coloniaje".
Especialistas del Observatorio de Tierras advierten que actualmente ya existen más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras (casi el 5% del territorio nacional) y que eliminar los topes profundizaría la extranjerización de recursos críticos y el despojo de comunidades locales.
A la discusión técnica se suma un fuerte componente de tensión social y soberana. Expertos jurídicos y ambientalistas señalan que tratar la tierra puramente como mercancía vulnera la protección ambiental y alinea las políticas de recursos naturales con intereses geopolíticos externos.
Este malestar se refleja de forma contundente en la opinión pública: según sondeos recientes de la consultora Zuban Córdoba, el 77% de la población argentina se opone a la desregulación y exige mantener restricciones a la venta de territorio nacional a capitales foráneos.
