La ministra Francisca Toledo confirmó que el proyecto Dominga sigue en disputa judicial y reiteró que la institucionalidad ambiental es "robusta".
Ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo. Créditos: Agencia Uno.
La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, se refirió a la polémica desatada por el inicio de construcciones del proyecto minero Dominga, cuya firma Andes Iron asegura contar con la aprobación de la iniciativa encendiendo la alerta en las comunidades y organizaciones ambientales.
Respecto al estado actual de la iniciativa, la ministra confirmó que Dominga sigue en disputa judicial: "Ese proyecto todavía está en litigio judicial, así que yo, sobre el proyecto mismo, no me puedo pronunciar", explicó.
La titular de Medio Ambiente reiteró que el funcionamiento o construcción de determinados proyectos deben regirse por las normas vigentes: "todos los proyectos en Chile están sujetos a la normativa de regulación ambiental, a una regulación en donde también se establece cuándo se pueden iniciar las obras".
En ese sentido, "lo que corresponde es que cada titular de proyecto, cualquiera que sea, siempre se rija por las normas legales, pero lo importante es darle tranquilidad a todos los chilenos que nosotros tenemos una institucionalidad ambiental robusta, que está funcionando y estamos atentos a lo que se vaya resolviendo por parte de los tribunales".
La organización Alianza Humboldt desmintió las declaraciones de Pedro Ducci, gerente general de Andes Iron, en relación a la aprobación del proyecto.
El representante de la firma aseguró durante la Cena Anual de la Sociedad Nacional de Minería, realizada a finales de agosto, que "después de 13 años Dominga está aprobado, cuenta con su RCA y nuestra confianza también se demuestra con hechos".
Desde Alianza Humboldt explican que su viabilidad jurídica sigue pendiente en la justicia. El Comité de Ministros rechazó el proyecto en 2024, y aunque el Tribunal Ambiental intentó revertir esa decisión mediante un mecanismo no contemplado por la ley, la Corte de Apelaciones posteriormente anuló la medida del tribunal ambiental.
La supuesta aprobación actual es solo una medida cautelar transitoria otorgada por la Corte Suprema tras un recurso de la minera, suspendiendo temporalmente el fallo de la Corte de Apelaciones.
Desde la organización señalan que es una estrategia de presión mediática de la empresa y que el proyecto no cuenta con una aprobación firme a la espera del fallo final de los tribunales.
