En el tercer episodio de El Buen Aire, la directora de la Fundación Chile Sustentable alertó que Chile no cumplirá su meta de carbono-neutralidad al 2050 si no descarboniza el transporte y la industria.
Sara Larraín, directora ejecutiva de la Fundación Chile Sustentable, advirtió en el tercer episodio de El Buen Aire, el nuevo programa audiovisual de El Desconcierto, que Chile se aleja de su meta de carbono-neutralidad al 2050, compromiso establecido en la Ley Marco de Cambio Climático.
Según explicó en conversación con la periodista María Jesús Cardemil, la OCDE advirtió recientemente que, al ritmo actual, el país no alcanzará ese objetivo.
De acuerdo con Larraín, el sector eléctrico ha liderado la descarbonización: de las 28 centrales a carbón que operaban en Chile, 14 ya fueron cerradas o reconvertidas entre 2019 y el año pasado. Sin embargo, advirtió que el transporte y la industria —responsables de la mayor parte de las emisiones— prácticamente no han avanzado.
A esto se suma que el país mantiene una capacidad de respaldo a diésel "sobredimensionada en un 90%", según precisó.
La directora de Chile Sustentable puso como ejemplo el caso de Tocopilla, donde se cerraron las seis centrales a carbón que existían en la comuna entre 2019 y 2024.
Si bien afirmó que el empleo del sector energético se reubicó de forma relativamente ordenada, denunció que los pasivos ambientales —canchas de acopio de carbón, depósitos de ceniza e infraestructura costera— siguen sin remediarse dos años después del cierre.
Además, sostuvo que los trabajadores portuarios vinculados a la recepción de carbón no fueron reubicados y actualmente demandan al Estado.
Larraín también vinculó estos pasivos con consecuencias sanitarias. "La generación de carbón genera enfermedades crónicas como asma, genera problemas de déficit cognitivo (...) genera enfermedades pulmonares, broncopulmonares, cardiovasculares", explicó, agregando que Tocopilla ha registrado por años tasas de mortalidad y hospitalización superiores a la media nacional y regional.
Un estudio elaborado junto al Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, según relató Larraín, constató que las siete empresas titulares de resoluciones de calificación ambiental para las carboneras cerradas no están cumpliendo sus respectivos planes de cierre.
Para la ambientalista, esto configura un incumplimiento legal que compromete el avance hacia la carbono-neutralidad si el Estado no fiscaliza adecuadamente.
Asimismo, planteó que Chile carece de una planificación territorial que oriente dónde instalar los nuevos proyectos renovables, lo que genera conflictos con comunidades y encarece los costos del sistema. Por ello, insistió en la necesidad de una hoja de ruta energética con metas sectoriales claras y participación ciudadana.
