Ante el rechazo del Tribunal Constitucional a las dos medidas ambientales más controvertidas de la megarreforma, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha declarado la intención de buscar otras vías para lograr los objetivos que perseguían estas medidas, orientados en acelerar la inversión eliminando controles ambientales.
El ministro aclaró que primero es necesario conocer y analizar en detalle los argumentos del Tribunal Constitucional contra las medidas, pero que existía la voluntad de encontrar otros mecanismos de gestión para lograr lo mismo.
Quiroz y la megarreforma
Una de las medidas rechazadas por el TC fue el nuevo mecanismo de “micro relocalizaciones” para que las concesiones salmoneras pudieran trasladarse hasta 350 metros hacia otra zona del mar sin evaluar sus impactos ambientales.
Ante la eliminación de esta medida por declararse inconstitucional, el ministro Quiroz declaró ante El Mercurio que se redoblarían los esfuerzos de gestión para acelerar la inversión en la industria salmonera.
“Si no es esta medida, serán otras de gestión. Pero no somos ni seremos indolentes ante el retraso en las decisiones (...) Si no se va a mover por acá, se tendrán que redoblar los esfuerzos en materia de gestión, en materia de aceleración de evaluaciones”, sostuvo.
Indemnización a proyectos con permiso anulado
El Tribunal Constitucional también declaró inconstitucional el artículo de la megarreforma que obligaba al Estado a indemnizar a las empresas cuyos proyectos en construcción hayan perdido su permiso ambiental o RCA, por anulación de un Tribunal Ambiental. Esta anulación puede ocurrir en casos de daño ambiental o ilegalidades.
Especialistas en derecho ambiental e incluso un informe de la Corte Suprema han criticado esta disposición por trasladar al Estado y a la comunidad en general, parte del riesgo económico que supone cualquier inversión privada, presionar a los Tribunales Ambientales e incentivar proyectos que no cumplan con la normativa ambiental vigente.
Ante esta medida, Quiroz también declaró que se esperaría conocer a cabalidad los argumentos del Tribunal Constitucional, para luego buscar otras vías. “Pensamos que, tal vez, haya otras vías de lograr algo parecido. Si no es legislativo, será gestión”, declaró.