En enero de este año, vecinos y vecinas de Los Molles ganaron una larga batalla legal, logrando que se declarara el humedal urbano de la localidad y frenando así la fuerte presión inmobiliaria que ya rellenó partes del ecosistema para construir edificios que se inundan frecuentemente.
Ahora, un grupo de comerciantes de la zona volvió a presentar una reclamación para anular esta declaratoria bajo la ley de humedales, alegando que la protección oficial del humedal no les permite realizar sus actividades económicas en una zona ya intervenida que es parte del polígono del humedal. El caso se tramita actualmente en el Segundo Tribunal Ambiental.
Humedal y desarrollo
Desde la unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de La Ligua cuestionan la afectación alegada por las y los comerciantes. “La declaratoria no impide que se hagan actividades dentro del polígono del humedal, siempre que tengan las mitigaciones correspondientes”, declara Ricardo Ferreira, jefe de la unidad.
Desde la agrupación vecinal Protege Los Molles, que ha liderado la iniciativa de proteger el humedal junto a la Municipalidad, se suman al argumento y aclaran que la declaratoria contempla que se cree un comité de gestión del humedal, que deberá resolver este tipo de controversias estableciendo medidas para mitigar el impacto ambiental de actividades dentro del ecosistema.
Justamente, el recurso interpuesto por los comerciantes frena la posibilidad de crear este comité mientras no se resuelva el caso, explican desde la organización. Durante la causa, se le consultó la opinión al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que también sostiene la legalidad de la declaratoria, recomendando rechazar el recurso.
Los Molles y el humedal
El conflicto para proteger el humedal comenzó en 2019, cuando vecinos de Los Molles vieron con sorpresa cómo una retroexcavadora rellenaba parte del ecosistema y construía sendos edificios de 200 departamentos sobre él. Cuando llueve en la zona se viralizan imágenes de los edificios inundados.
Un año después entraba en vigencia la ley de humedales urbanos, y desde ese entonces los vecinos realizaron un trabajo con el municipio para delimitar el humedal y que se reconozca bajo la ley, para poder protegerlo de la presión inmobiliaria.
El humedal sigue siendo terreno en disputa por la presión inmobiliaria: existe un edificio que quedó a medio construir en otra zona del humedal, y que fue suspendido luego de detectar que no contaba con permiso ambiental.
El proyecto está atravesando un proceso de evaluación ambiental actualmente, para intentar regularizar las obras que iniciaron ilegalmente, y terminarlas. Durante el proceso el proyecto recibió miles de observaciones ciudadanas y de organismos públicos, y solicitó plazo hasta octubre de este año para responderlas.