Abogados pidieron fijar un plazo final de 30 días para que el Estado presente un plan para reparar el daño de los vertederos de ropa del desierto de Atacama.
Vertederos de ropa en el desierto de Atacama
Foto: Universidad de Chile / Desierto Vestido.Hace un año, el Tribunal Ambiental de Antofagasta responsabilizó al Estado de Chile por los vertederos de ropa que se acumulan en el desierto de Atacama en la comuna de Alto Hospicio, ordenando que se creara un plan de reparación en un plazo de seis meses.
El plazo inicial establecido en el fallo venció en marzo de este año, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió una prórroga de tres meses, por la complejidad técnica, jurídica y presupuestaria de elaborar el plan. El nuevo plazo se estableció para el 5 de junio.
Sin embargo, abogados de la causa denuncian que llegada la fecha el Estado no entregó el documento y en su lugar presentó un escrito donde informa sobre gestiones de coordinación entre distintos servicios públicos, reuniones ocurridas entre abril y mayo y un oficio del Ministerio del Interior.
Denuncian que el escrito tampoco solicitó una prórroga del último plazo ni comprometió una nueva fecha para cumplir con el plan ordenado, que debía incluir retiro de residuos, restauración de suelo, monitoreo y participación ciudadana y la prevención de que se acumule más ropa en desuso.
Desde la parte demandante piden un nuevo plazo de 30 días bajo apercibimiento de multas para que el Estado presente un plan de reparación.
En sus inspecciones a terreno, equipos del tribunal detectaron que en la zona no solo se acumulan toneladas de ropa en desuso sino también neumáticos, escombros y otros desechos que generaron un daño significativo sobre el suelo y paisaje de sectores como Pampa Norte, Pampa Sur, Mollecita Norte y Mollecita Sur.
Se explica en el fallo que la situación deterioró evidentemente la calidad y las funciones del suelo afectando su capacidad ecosistémica y contaminando extensas superficies. La situación también alteró de manera notoria el paisaje transformando el entorno natural.
También se declara que la situación se perpetuó por años, existiendo informes técnicos, inspecciones judiciales y pruebas documentales que daban a conocer la situación que, por su magnitud y permanencia va más allá de una afectación local o pasajera.
El fallo responde a una demanda ingresada por la abogada y ambientalista iquiqueña Paulina Silva Heredia en 2022. En la demanda se detalla la presencia de vertederos de ropa desde 2012 y se describen afectaciones como incendios, emanación de gases tóxicos, plagas y malos olores que afectan constantemente a poblaciones colindantes.
Tras la viralización global de imágenes aéreas que mostraban un solo mega vertedero, la ropa acumulada en ese lugar fue quemada y desde entonces la ropa se ha distribuido en varios vertederos de menor tamaño, lo que hacen más difícil la fiscalización.
Diversas organizaciones y marcas de ropa se han dedicado a recuperar ropa del desierto y revalorizarla, generando incluso eventos y pasarelas de moda. Algunos diseñadores acusan que los vertederos son quemados cada tanto por personas de la zona que reciben pagos y que echan a las personas del lugar para evitar su visibilización.
Desde diversas organizaciones que trabajan en programas de reciclaje y reutilización de basura textil han apuntado como principal origen del problema a la importación desregulada de ropa, donde buena parte de lo que ingresa es descartado antes de llegar a ningún mercado ya que es basura textil.
Recientemente se agregó el residuo textil en la Ley REP. Esta ley establece la responsabilidad extendida del productor, obligando a quienes ingresan ropa al mercado a tomar medidas para que esta sea reparada, reutilizada y reciclada, y que no termine en la basura.
