Se rechazaron esta semana otras cuatro solicitudes de la Ley Lafkenche a pesar de que las comunidades contaban con apoyo de los pescadores y vecinos.
Organizaciones manifiestan inquietud ante modificaciones del gobierno a la Ley Lafkenche.
Organizaciones de pescadores y pueblos originarios acusan que se ha instalado un sesgo contra la Ley Lafkenche en las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC), donde desde 2024 se han rechazado 19 solicitudes de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios, incluso en casos con amplia aprobación de la comunidad local y de la industria.
Mientras que políticos de izquierda y derecha ligados a la industria salmonera han instalado un discurso de crítica contra la ley Lafkenche y los espacios que crea, hay científicos, académicos y pescadores que califican esta normativa como una herramienta que mejora la salud marina, además de proteger y potenciar economías locales más sostenibles que generan ingresos para las familias de la zona.
Durante la última semana, la CRUBC de Los Lagos rechazó cuatro nuevas solicitudes de ECMPO, con comunidades que han esperado incluso una década por el pronunciamiento.
Entre las rechazadas, estaba el ECMPO Yaldad en Chiloé, donde las comunidades indígenas que solicitan el espacio habían firmado un acuerdo con los pescadores, mitilicultures y la junta de vecinos para generar un plan conjunto de manejo, además de buena relación y diálogo con la salmonera que hay en el lugar.
Este caso ejemplifica para muchos la existencia de un sesgo contra la Ley Lafkenche en general, ya que se trataba de un área pequeña, solicitada para potenciar actividades locales y con amplio acuerdo de los distintos grupos que viven en el sector y que usan el mar.
“Este espacio ha sido consensuado con todos los involucrados. Aquí hay muchas ganas de ponernos a trabajar, ordenar el mar, mejorar la productividad de los semilleros y eso va en beneficio de los jóvenes, de los pescadores, de las dueñas de casa y de toda la comunidad. Esperamos que más allá de la mirada política prime una mirada humana”, declaraba antes de la votación el lonko Cristian Chiguay de la Comunidad Fundo Yaldad Mon Fen, una de las solicitantes.
Uno de los problemas que afectan a las comunidades es que la mayoría de las solicitudes traspasan con creces el plazo de dos años que impone la ley, y algunas se han discutido hasta siete o diez años después de solicitadas. Muchas de las comunidades buscan proteger espacios de recolección de mariscos, algas y peces, humedales costeros donde habitan decenas de aves o hábitats de pequeños cetáceos, por lo general en zonas presionadas por la industria salmonera que tiene un alto impacto en la salud del mar.
Yohana Coñuecar Llancapani, comisionada de Pueblos Originarios en la CRUBC de la región de Los Lagos en representación de Chiloé y Palena, acusa un rechazo ideológico incluso a espacios costeros que tienen todos sus requerimientos técnicos en regla.
“Acá, si hay un lineamiento político de rechazar los espacios costeros, a pesar de que ellos presenten argumentos, presenten acuerdos, presenten mucho trabajo anterior, la verdad es que eso no lo vamos a poder cambiar”, comenta ante medios locales.
Álvaro Montaña, geógrafo y asesor técnico del ECMPO Yaldad, acusa que las CRUBC se están alejando de su vocación de compatibilizar los usos del borde costero, y más bien “buscan la primacía de un derecho, en particular el económico industrial, sobre los usos consuetudinarios que son vistos como algo casi anecdótico o de menor jerarquía, siendo que sustentan a miles de familias en cuanto a alimentación, autoempleo y subsistencia material e inmaterial”.
