Debate desde la ciencia. ChileBio defiende el marco regulatorio chileno para la edición genética ante observaciones de organizaciones como RAP-Chile y ANAMURI.
Debate desde la ciencia. ChileBio defiende el marco regulatorio chileno para la edición genética ante observaciones de organizaciones como RAP-Chile y ANAMURI.
Un artículo publicado en Resumen plantea una polémica sobre la consulta pública del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realizada entre enero y el 13 de marzo de 2026 acerca de la regulación de cultivos obtenidos mediante nuevas técnicas biotecnológicas —entre ellas CRISPR/Cas9 —. Surge un debate desde la ciencia.
Para indagar en el tema, El Desconcierto conversó con Miguel Ángel Sánchez, doctor en Ciencias Biológicas y director ejecutivo de ChileBio, el gremio que agrupa a las empresas que desarrollan biotecnología para la agricultura chilena.
Sánchez responde a observaciones de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAP-Chile) y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), y defiende el proceso regulatorio vigente desde 2017. Por su parte, María Elena Rozas, Coordinadora Nacional de RAP-Chile, expone su punto de vista.
Chile lleva cerca de 30 años consolidando una industria de semillas de importancia global. Hay dos grandes actividades involucradas: la producción de semillas con fines de exportación —el país es el principal exportador de semillas biotecnológicas desde el hemisferio sur— y la investigación de campo para el desarrollo de nuevas variedades de plantas. Esas dos acciones han permitido el desarrollo de capital humano, capital tecnológico, y el posicionamiento como uno de los líderes mundiales en estas materias.
A eso se suman ventajas comparativas climáticas y geográficas cuya replicación en otros países resulta menos probable. Por eso, ante la emergencia de nuevas tecnologías como la edición genética, Chile se proyecta como uno de los actores que mejor puede capitalizarlas.
El hecho de producir semillas y desarrollar nuevas variedades se enmarca en un contexto de seguridad alimentaria, que según la ONU, ocurre cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para una vida activa y saludable.
Se trata de adaptar los cultivos a los desafíos que enfrenta actualmente la agricultura: cambio climático, malezas, insectos, plagas, sequía, calor, frío y salinidad de los suelos. “La tecnología se aplica para adaptar los cultivos, pero también para hacer la producción de alimentos más sostenible: reducir el uso de insumos, de productos fitosanitarios, de agua. Todo eso contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria”, comenta Miguel Ángel Sánchez de ChileBio.
Respecto a si existe un dilema ético en torno a la edición genética en semillas, considerando que estas no son transgénicas de acuerdo al principio de no contener genes de otras especies, Sánchez apunta que las discusiones éticas en la materia se llevan a cabo principalmente en el ámbito de la medicina y la genética humana y animal. “Ahí existe un debate importante. En el caso de las plantas, esa discusión prácticamente no existe: hay un relativo consenso científico en torno a los beneficios que puede ofrecer la tecnología”.
“Lo que la edición genética hace es imitar cambios que ocurren en la naturaleza. Estos suceden de manera azarosa; con la edición genética se hacen de manera controlada: cuando se quiere, dónde se quiere y cómo se quiere. Por eso hay consenso en que, al imitar procesos naturales pero de forma controlada y sin introducir material genético externo, es posible obtener beneficios concretos para adaptar los cultivos a los desafíos climáticos y avanzar hacia una agricultura más sostenible”, puntualiza el doctor en Ciencias Biológicas.
Hace pocas semanas, RAP-Chile junto a diversas organizaciones ambientales, de agricultores, apicultores y consumidores, señaló que la consulta pública del SAG habría operado más como un mecanismo de validación de decisiones previas que como un proceso participativo real, y que beneficiaría los intereses de empresas biotecnológicas.
"Lamentablemente, las políticas públicas impulsadas hasta ahora en esta materia han estado alineadas con la posición de las empresas biotecnológicas, favorable a la desregulación de las Nuevas Técnicas Genéticas (NTG). El proyecto regulatorio actualmente promovido por las autoridades prioriza intereses económicos y comerciales vinculados a la propiedad intelectual y al mercado de semillas, beneficiando principalmente a las corporaciones titulares de estas tecnologías, en detrimento de la sustentabilidad agrícola, la biodiversidad y la protección del patrimonio genético y alimentario del país", mencionó a este medio la Coordinadora Nacional de RAP-Chile.
"Nos preocupa especialmente que el marco regulatorio propuesto esté construido sobre información proporcionada por las propias empresas interesadas en la aprobación expedita de cultivos editados genéticamente, sin mecanismos robustos de verificación científica independiente ni evaluaciones integrales de bioseguridad. Esto configura una evidente asimetría regulatoria y una preocupante subordinación del interés público a intereses corporativos", agregó María Elena Rozas.
Al respecto, desde ChileBio buscan aclarar que lo que está en consulta pública es la formalización de un proceso que existe desde 2017. “No es algo nuevo, no fue inventado ahora ni se está intentando pasar a escondidas. Desde hace casi nueve años, este procedimiento está publicado en el sitio web del SAG. En ese período, Chile se convirtió en el segundo país del mundo con más productos editados que han ingresado al sistema regulatorio: 89 productos han sido evaluados por el SAG y clasificados como no OGM, es decir, no transgénicos, porque no contienen ADN proveniente de otro organismo”.
Además, hacen hincapié en que Estados Unidos lidera con más de 200 productos, lo sigue Brasil con alrededor de 20, China con 15 y Argentina con cerca de 80. “Incluso la Unión Europea ya tomó la decisión de regular favorablemente, implementando procesos similares a los que tiene Chile”, añaden.
La entrada en vigencia de la Resolución se estima para fines de mayo, dependiendo del volumen y tipo de observaciones que se reciban. “Hubo un plazo para presentar comentarios. ChileBio participó, y entiendo que en total se recibieron más de 80 comentarios. Hasta donde tengo información, el SAG respondió las observaciones. Ahora hay que esperar el resultado y ver qué incorpora y qué no. No comparto la conclusión de que el proceso haya respondido a intereses parciales, entre otras cosas porque todavía no conocemos el resultado”, expone Sánchez.
Por su parte, Rozas espera que las autoridades regulatorias actúen "conforme al principio precautorio y prioricen la protección de la biodiversidad, del patrimonio agrícola y de la salud pública, tanto para las generaciones presentes como futuras".
"Que se garantice el derecho de los ciudadanos a saber qué contienen sus alimentos y se resguarde a los agricultores tradicionales, orgánicos y agroecológicos que requieren reglas claras, estrictas y transparentes para prevenir eventuales procesos de contaminación genética y proteger sus sistemas productivos" sostiene María Elena, añadiendo que una regulación rigurosa debe contemplar evaluaciones independientes, mecanismos efectivos de trazabilidad y monitoreo ambiental, "así como medidas de bioseguridad acordes con los riesgos e incertidumbres asociados a las técnicas de edición genética".
Desde RAP-Chile afirman que el trigo editado en 2025 fue evaluado mediante análisis poco exhaustivos y que no se usaron técnicas más rigurosas —como la secuenciación de genoma completo (WGS)— que permitirían detectar posibles fragmentos de ADN extraño, poniendo en riesgo la biodiversidad y los sistemas orgánicos y agroecológicos.
Sánchez responde que en el caso de los productos editados el resultado es idéntico a lo que podría producirse naturalmente. Por esa razón, sería imposible determinar si ese cambio fue obtenido mediante biotecnología o si ocurrió de forma espontánea. “No hay marca, no hay elemento genético externo, no queda rastro. Los reguladores internacionales han llegado a la misma conclusión: no se pueden exigir evaluaciones de trazabilidad para algo que no es trazable por definición, no porque falte tecnología, sino porque el cambio es, por naturaleza, indistinguible”, sentencia.
Además, añade que si alguien teme que se pueda intentar hacer pasar un transgénico como un producto editado, existen las fiscalizaciones que realizan las autoridades en terreno. “Si en un campo se detecta un OGM no autorizado, la empresa o institución responsable debe asumir todas las consecuencias legales y regulatorias correspondientes”.
En contraposición, Rozas, esgrime que la estrategia regulatoria impulsada actualmente busca excluir a los cultivos editados genéticamente de las normativas aplicables a los organismos genéticamente modificados, presentándolos como equivalentes a cultivos convencionales. Esta definición administrativa permite eliminar requisitos fundamentales de evaluación de riesgos y bioseguridad.
"Entre las omisiones más preocupantes se encuentra la ausencia de análisis mediante secuenciación de lectura larga del genoma completo, metodología que permitiría identificar con mayor precisión la presencia de fragmentos extraños de ADN, mutaciones no deseadas, deleciones, reordenamientos genómicos u otras alteraciones derivadas del proceso de edición genética", argumenta.
A esto, agrega que si bien las tecnologías de edición genética, como CRISPR/Cas9, no insertan deliberadamente ADN de especies distintas al organismo receptor, ello no implica ausencia de riesgos.
"A diferencia de lo sostenido por ChileBio, científicos del Instituto Wellcome Sanger —uno de los principales centros de investigación genómica del mundo— han advertido sobre los riesgos asociados a estas técnicas. Sus estudios han identificado mutaciones inesperadas, grandes deleciones, reordenamientos complejos e inserciones no previstas que pueden permanecer en el ADN de los organismos editados y, además, ser heredables. Estas alteraciones podrían tener consecuencias relevantes para la salud humana, la agricultura y la biodiversidad", apunta Rozas.
Según la Coordinadora Nacional de RAP-Chile, la propuesta regulatoria del SAG se limita a determinar, mediante procedimientos rápidos, de bajo costo y escasa profundidad analítica, si un organismo debe o no ser considerado transgénico. "En menos de 20 días, las empresas pueden obtener una resolución que clasifica un cultivo editado genéticamente como convencional, evitando así evaluaciones de riesgo ambiental y sanitario más exhaustivas".
Aquello implicaría un nulo seguimiento posterior sobre el comportamiento de estos cultivos en el ambiente ni monitoreo de sus impactos acumulativos, sumado a los riesgos asociados a las primeras etapas de liberación y comercialización que "suelen ser invisibles o difíciles de detectar inicialmente".
"Los agricultores tradicionales y agroecológicos, además, no tendrán acceso a información sobre la ubicación de estos cultivos ni herramientas efectivas para protegerse frente a posibles procesos de contaminación genética", complementa María Elena.
Una investigación publicada en 2020 en Journal of Genetics and Genomics, sobre mutaciones inducidas por CRISPR/Cas9 en el gen SD1 del arroz, concluyó que la técnica puede generar mutaciones fuera del objetivo y patrones hereditarios inesperados en generaciones posteriores. "Los propios investigadores subrayaron la necesidad de realizar caracterizaciones moleculares exhaustivas y evaluaciones multigeneracionales antes de cualquier aplicación comercial o liberación al ambiente", comenta Rozas.
"De igual manera, el estudio Aplicación de CRISPR/Cas9 en el mejoramiento genético del trigo, publicado en 2024 por la Academia de Ciencias Agrícolas de China, determinó que persisten importantes desafíos técnicos y regulatorios, entre ellos la baja eficiencia de edición, los efectos fuera del objetivo y las dificultades normativas asociadas a estas tecnologías", añade.
"La edición genética dista de ser una técnica completamente precisa. Mantiene niveles importantes de incertidumbre científica y riesgos potenciales de erosión genética, entendida como la pérdida progresiva e irreversible de variabilidad genética en especies cultivadas. Esta diversidad constituye la base de la biodiversidad agrícola y resulta fundamental para la adaptación de los cultivos frente a cambios ambientales, crisis climáticas, plagas y enfermedades", finalizan desde RAP-Chile.
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) advierte sobre el riesgo de contaminación de semillas criollas con consecuencias irreversibles para la biodiversidad, y plantea que la soberanía alimentaria es un patrimonio de los pueblos que está en juego.
"La lógica de la contaminación que plantea ANAMURI no aplica aquí. Es la misma pregunta que se hace cualquier agricultor que quiere mantener puros sus cultivos convencionales: se usan las prácticas agrícolas conocidas. Una variedad editada es simplemente una variedad nueva que entra al sistema de opciones disponibles para los agricultores", menciona Sánchez.
"Quien quiere producirla, la produce; quien no quiere, no lo hace. Las variedades nativas o criollas no tienen por qué perder su identidad por la existencia de una variedad editada en el mismo campo, de la misma manera que no la pierden por la existencia de otras variedades convencionales", finaliza el director ejecutivo de ChileBio.