La plataforma BioAysén permitirá compensar emisiones comprando créditos de carbono y biodiversidad en la Patagonia chilena.
Conservar la biodiversidad es una con para preservar la vida en el planeta.
Los bonos de carbono surgieron como un mecanismo internacional, establecido principalmente por el Protocolo de Kioto, con el fin de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), combatir la crisis climática y preservar la biodiversidad.
Estos son certificados transables que representan la reducción, eliminación o evitación de una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente de la atmósfera. Funcionan como un mecanismo de compensación donde empresas o países financian proyectos ambientales (reforestación, energías renovables) para equilibrar sus propias emisiones y alcanzar la neutralidad de carbono.
Desde ahora, Chile cuenta con BioAysén, una plataforma que busca poner en valor los servicios ecosistémicos de la Patagonia. Su fin es valorizar terrenos que tienen dificultades para la producción tradicional, con un enfoque que combina conservación, impacto e integración de actores.
“Si tomamos un territorio y lo "escaneamos", obtenemos dos componentes: biodiversidad y modelos económicos, es decir, cuánto valdría una unidad de biodiversidad en ese terreno”, mencionó en conversación con El Desconcierto Irina Reyes, gerenta de Transforma Cambio Climático.
El proyecto tuvo tres componentes en su primera etapa, financiada por Corfo Regional: levantamiento de información de biodiversidad en tres terrenos; modelos económicos asociados a la conservación —cuánto se puede obtener por conservar esos terrenos—; y gobernanza, que es el elemento más relevante. “Porque para que esto funcione, hay que trabajar de manera articulada con las comunidades y las localidades”, explica Reyes.
Es un proyecto público-privado cuyo mandante es el Consejo del Salmón, lo que lo hace especialmente significativo, ya que es la primera vez que la institución se sienta a la mesa a mirar un proyecto conjunto de biodiversidad.
“Existen distintos estándares de crédito de carbono; nosotros trabajamos con BioCarbon, un estándar internacional para certificaciones de crédito de carbono verificado y también de crédito de biodiversidad”, comenta Reyes.
Lo esencial es contar con un proyecto —de carbono o de biodiversidad— que aplique una metodología validada por un tercero: siempre una entidad verificadora o auditora independiente. Esa entidad certifica que el carbono es incremental, que existe un plan de monitoreo para la reducción y remoción, y que habrá verificaciones posteriores.
En el caso de los créditos de biodiversidad, BioCarbon lanzará próximamente la versión 5.0 de su programa, bajo el cual se busca certificar algunos terrenos de BioAysén. Este contempla tres tipos de actividades: preservación, restauración y uso sostenible.
“Las superficies mínimas dependen de la riqueza del territorio —desde una hectárea, aunque no es recomendable por los altos costos de administración y certificación. Lo que se mide no es la superficie, sino la riqueza en biodiversidad. Los proyectos tienen una duración de entre 10 y 20 años”, puntualiza la gerenta de Transforma Cambio Climático.
Luego de un proceso de construcción colectiva desde la gobernanza se logró caracterizar cuatro terrenos de la región de Aysén con datos de servicios ecosistémicos y capturas de carbono. Para esto hubo conversaciones con CONAF, que trabajaba con un grupo de tenedores de tierra en un acuerdo de producción limpia forestal y fueron los primeros en sumarse.
“Después se incorporó la Fundación Kreen. Y en paralelo buscamos activamente tres tipos de terrenos: un predio APL forestal, un terreno privado y terrenos públicos, porque Aysén tiene muchos terrenos públicos con alto potencial de valorización. Ahí fue clave el rol del Gobierno Regional y de Corfo”, añade Reyes.
El proyecto determinó cuatro proyectos: Isla Simpson y Huemules, Yungay, predios del APL forestal y Río Cajón.
Isla Simpson y Huemules, en la comuna de Aysén, concentran bosques, turberas y más de 30 especies vegetales distribuidas en cerca de 24.000 hectáreas de bosque, praderas y cuerpos de agua. Esos bosques almacenan anualmente 459.000 toneladas de CO2 equivalente, lo que representa una función ecosistémica clave para mitigar el cambio climático.
Los predios del APL, en la comuna de Coyhaique, involucran a varios tenedores de tierras que trabajan en un acuerdo de producción limpia para preservar bosques nativos de lenga y nothofagus. Hay más de 300 especies de arbustos, hierbas y fauna que conforman un hábitat de alto valor para la conservación.
“Lo que está detrás de todo esto es una pregunta fundamental: ¿cómo generamos incentivos económicos para la conservación? Porque conservar es caro. Un propietario de 200 hectáreas que quiere hacerlo debe pagar contribuciones, instalar cámaras trampa, hacer monitoreo. Estos instrumentos económicos lo hacen posible”, ejemplifica Irina.
El modelo de referencia a nivel mundial es Costa Rica, que ha desarrollado proyectos de conservación exitosos articulando turismo y otros mecanismos. “Nosotros estamos construyendo algo similar, orientado a la adaptación al cambio climático”, explica Reyes.
Mediante la plataforma BioAysén las empresas podrán ingresar y explorar terrenos certificados, buscar proyectos de conservación compatibles con sus usos productivos y compensar emisiones sin necesidad de ir a la Amazonía u otros destinos. La meta es llegar a 270.000 hectáreas certificadas en la plataforma.
Es similar a lo que ocurre con plataformas de certificación de carbono como BR, pero enfocado en la Patagonia y con un componente de biodiversidad. “Lo que queremos es que la demanda empresarial encuentre aquí proyectos listos para ser financiados”, sostiene Reyes.
Los bonos de biodiversidad son relativamente nuevos: recientemente se lanzó uno en Colombia y son todavía escasos a nivel mundial. Lo que hace especial a esta iniciativa es que se habla de la Patagonia: un rincón mundial de biodiversidad, con dos regiones carbono positivas como Aysén y Magallanes. Conservar en esta zona implica un impacto que trasciende las fronteras del país.
Además, la plataforma estará abierta no solo a empresas nacionales, sino también internacionales. “Llevamos 18 meses de trabajo y el interés empresarial es creciente: ya tenemos a CMPC y a las empresas del Consejo del Salmón sentadas a la mesa. Estamos construyendo un modelo pionero para la valorización económica de la conservación en América Latina”, comenta Irina.
Respecto a los próximos pasos, se establecerá una agenda de trabajo con el Gobierno Regional de Aysén para escalar el proyecto e incorporar más terrenos. Lo más inmediato es la certificación de Río Cajón o de Yungay —ambos avanzan en paralelo—.
“Yungay está vinculado al municipio de Tortel, y Río Cajón ya cuenta con el respaldo del Gobierno Regional para continuar. El objetivo es tener casos concretos que nos permitan demostrar el modelo y replicarlo a mayor escala”, concluye Irina Reyes.