-Una de las más polémicas es la norma de la RCA. El Estado le pagaría a las empresas cuando los tribunales anulen sus permisos ambientales. ¿Cómo lo analiza?
El lunes y el martes, en las comisiones de Medio Ambiente, senadores de gobierno y oposición hicimos transversalmente la observación de que es una norma importada desde Brasil —del año 2018— y pedimos informes a la Biblioteca del Congreso y a otros expertos sobre su eficacia. Llevándolo a clave nacional, esta norma atenta contra el principio de independencia del Poder Judicial. Establece una excepción para este tipo de procedimientos: terminas pagando una indemnización a todo evento, no obstante una sentencia judicial. Eso es una desigualdad ante la ley respecto de otros procedimientos.
Hay dos aspectos contradictorios. Por un lado, es una excepción a las reglas generales del procedimiento administrativo y al principio de responsabilidad del Estado. Por otro, el propio gobierno reconoce que solo el dos por ciento de las RCA ha sido anulado. Entonces, hacer toda esta legislación, incorporarle al Ministerio de Hacienda una carga adicional —designar tres funcionarios para resolver esto—, es enmarañar más el procedimiento. Puede ser objeto incluso de enriquecimiento sin causa o de actuaciones ilícitas, porque terminas exigiendo pago por un proceso de RCA que claramente era revocable. Creo que es una muy mala decisión, y es una creatividad dogmática que se trae del Brasil de Bolsonaro para aplicarla en Chile.
-El ex jefe jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y el ex subsecretario de la misma cartera durante el gobierno de Piñera, Felipe Riesco, también han criticado esta norma. ¿Por qué insiste el gobierno a pesar de la evidencia técnica?
Creo que hay una visión ideológica. Se le está hablando a sectores duros del gobierno que creen que con estas normas de excepción va a aumentar la inversión. Hay que recordar que esta norma no tiene informe financiero. Las leyes que establecen modificaciones que irrogan gasto al Estado vienen acompañadas de un informe que señala que ante la eventualidad de esta reclamación, vamos a destinar tal monto. Acá ese informe no existe. No se hacen cargo de esa situación. Es una muy mala técnica legislativa, más aún cuando el gobierno de Kast está intentando pasar estos diez artículos medioambientales como de contrabando en una reforma tributaria.
Hemos desarrollado un principio (...) consagrado en la Ley de Cambio Climático de no regresión y equidad intergeneracional (...)tienes que ir legando a las nuevas generaciones una mejor calidad de vida y una mejor naturaleza. Hemos desarrollado un principio (...) consagrado en la Ley de Cambio Climático de no regresión y equidad intergeneracional (...)tienes que ir legando a las nuevas generaciones una mejor calidad de vida y una mejor naturaleza.
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El error estratégico del progresismo
-¿No le faltó también al progresismo una autocrítica sobre los permisos y las demoras, antes de que llegara esta arremetida del gobierno de Kast?
De todas maneras. Aquí tenemos que salir del buenismo, ese buenismo de no enfrentar la situación y negarnos a legislar. Yo pongo como referencia la ley que modifica el Consejo de Monumentos Nacionales: llevamos cuatro gobiernos sin avanzar. En el gobierno del presidente Boric se avanzó muy poco, solo se hizo la consulta indígena. Ahí claramente faltó decisión.
Y respecto a la ley de permisos —la mal llamada "permisología"— creo que fue una derrota ideológica. Lo dije en sala y voté varios artículos en contra. Fue un profundo error del progresismo abrir esa puerta, enviando la señal de que son los permisos los que impiden el desarrollo. Eso no es así. Lo que hay que hacer es mejorar los procedimientos, establecer eficiencia en los plazos, exigir actuaciones de buena fe y sistemas rigurosos de sanción. El exministro Nicolás Grau se enamoró de su proyecto y no evaluó la derrota estratégica que implicaba, porque cuando tú estableces como concepto que el "permiso" es el obstáculo, retrotraes conquistas que los sectores progresistas hemos dado durante mucho tiempo para que exista preocupación ambiental en este país.
La preocupación por el medioambiente no viene desde la derecha ni desde los sectores productivos. Ha venido de las comunidades, de los territorios y de quienes hemos entendido que el crecimiento tiene que ser con equidad y sustento ambiental. Las salmoneras se instalaban donde querían en el sur. La industria forestal plantaba miles de hectáreas de plantaciones exóticas sin ninguna consideración medioambiental. Fue la organización social y los sectores progresistas los que dieron la pelea para que eso cambiara.
-En ese sentido, con esa claudicación ideológica en torno a la "permisología", ¿el gobierno anterior también pavimentó el camino para la arremetida actual?
Hubo errores. Es devastador que la anterior ministra de Medio Ambiente concurriera a reuniones con salmoneros y otros empresarios en la casa de Pablo Zalaquett. Ese gobierno se proclamó ecológico, pero en materia ambiental hubo retrocesos. La ley de humedales urbanos se sacó durante el gobierno del presidente Piñera. Y ocurrió algo inédito: el gobierno del presidente Boric tuvo que vetar una norma propia que tenía un principio de regresión ambiental en materia de humedales. A propósito del SBAP, se fue cediendo ante la presión de los grupos económicos. El error estratégico fue, precisamente, la permisología.
El exministro Nicolás Grau se enamoró de su proyecto y no evaluó la derrota estratégica que implicaba, porque cuando tú estableces como concepto que el "permiso" es el obstáculo, retrotraes conquistas que los sectores progresistas hemos dado durante mucho tiempo. El exministro Nicolás Grau se enamoró de su proyecto y no evaluó la derrota estratégica que implicaba, porque cuando tú estableces como concepto que el "permiso" es el obstáculo, retrotraes conquistas que los sectores progresistas hemos dado durante mucho tiempo.
Trabajo, conservación y modelos de desarrollo
-¿No faltó también una alternativa concreta para los trabajadores de zonas como La Higuera, en torno al proyecto minero Dominga, o de Chiloé, en torno a la industria salmonera, para salir de esa dicotomía trabajo-medioambiente?
El problema es que cuando hay un retroceso cultural e ideológico, terminas en la ecuación de "trabajo o conservación". Alguien que milita en la izquierda siempre va a estar con los trabajadores, como es mi caso. Pero yo quiero trabajos permanentes, de calidad y sustentables en el tiempo. En 2007 y 2008, con la crisis del virus ISA en la salmonicultura, los primeros afectados fueron los trabajadores. ¿Y los responsables? Los propios empresarios, por la adquisición de ovas no certificadas. Lo que quiero es que exista una industria del salmón, pero sustentable. No matando la gallina de los huevos de oro.
El mar de Chile es un bien nacional de uso público de todos los chilenos. El gran activo de la industria salmonera son nuestros mares, sus aguas frías y los fiordos del sur. Cuidemos eso. En el caso de La Higuera, el problema no es la minera: es la instalación del puerto en el lugar con mayor biodiversidad de la costa de Chile. Nos dijeron que si no se construía HidroAysén Chile quedaría a oscuras y se contratarían miles de personas. Mentira. Hoy la región de Aysén crece con el turismo, la pesca recreativa y el turismo de intereses especiales. No destruimos los ríos más caudalosos de Chile ni instalamos una línea de transmisión eléctrica de casi dos mil kilómetros.
-Gobernadores como Rodrigo Mundaca en Valparaíso o la alcaldesa de Valdivia, Carla Antmann, han intentado mostrar que es posible crecer sin sacrificar el medioambiente. ¿Faltó desde el progresismo dar esa discusión ideológica con más fuerza?
Rodrigo Mundaca es un claro ejemplo, pero creo que ha estado solo y muchas veces su voz no fue del todo recogida por el gobierno. En el gobierno del presidente Boric no avanzamos en ninguna salida de concesiones acuícolas de áreas protegidas. Eso no es posible, porque hoy la industria salmonera está pidiendo más concesiones, más plazos, más relocalizaciones. Chile ha suscrito el acuerdo avanzado con la Unión Europea, que tiene una cláusula ambiental. ¿Vamos a borrar eso? ¿Vamos a seguir produciendo minerales, frutas, salmones y madera vulnerando esas normas? Hubo una tolerancia muy grande con esos abusos, y el compromiso de gobierno ecológico no se llevó adelante.
Un ejemplo paradigmático es que la estrategia del litio avanzó en un acuerdo con SQM —empresa ligada históricamente a la familia Pinochet, lo que desde mi punto de vista es éticamente inconcebible—, con un impacto fuerte en los salares altoandinos. Faltó poner el acento en un conjunto de normas y entender que algunos territorios, donde hay mayor conciencia ambiental, iban a tener una preocupación ecosistémica mucho mayor.
Ahí está el ejemplo de países escandinavos o Nueva Zelanda que tenían un nivel de desarrollo parecido al nuestro y que invirtieron en tecnología, en sostenibilidad, en capacitación y en cuidar los recursos naturales. Chile es potencia exportadora de manzanas, uvas y cerezas. Hay que preocuparse de la huella hídrica, de cuánta agua requieren esas plantaciones, de los agroquímicos que se utilizan, de cómo el cambio climático va desplazando los centros de cultivo hacia el sur. No podemos terminar a mitad de camino con una escasez hídrica como la que ocurre en el valle de Petorca, donde hay carencia de agua para el consumo humano. Cuando no se buscan puntos de encuentro, se cae en la caricatura de "crecimiento o medioambiente". Esas dicotomías no son exactas.
-El proyecto también reduce el plazo para impugnar autorizaciones sectoriales de dos años a seis meses. ¿Cómo podría afecta eso a las comunidades?
En la Comisión de Medio Ambiente hicimos una presentación sobre cómo esto afecta el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de París y la cláusula medioambiental del acuerdo avanzado con la Unión Europea. Cuando suscribimos tratados internacionales, es para cumplirlos. Reducir el plazo a seis meses excluye a ciudadanos que podrían ser partícipes del proceso. La certeza jurídica que tanto invoca el gobierno tiene que ir acompañada también de protección ambiental clara. Si seguimos vulnerando normas ambientales en nuestras exportaciones, podemos ser denunciados por incumplimiento o directamente por dumping ambiental.
El problema es que cuando hay un retroceso cultural e ideológico, terminas en la ecuación de "trabajo o conservación". Alguien que milita en la izquierda siempre va a estar con los trabajadores, como es mi caso. Pero yo quiero trabajos permanentes, de calidad y sustentables en el tiempo. El problema es que cuando hay un retroceso cultural e ideológico, terminas en la ecuación de "trabajo o conservación". Alguien que milita en la izquierda siempre va a estar con los trabajadores, como es mi caso. Pero yo quiero trabajos permanentes, de calidad y sustentables en el tiempo.
La Ley Miscelánea en el Senado
-¿Tiene opciones la oposición de modificar estas normas en el Senado?
Hay que persuadir con argumentos. El lunes y martes hubo una interesante discusión en la Comisión de Medio Ambiente, especialmente sobre la norma de indemnización en la revocación de las RCA, donde senadores de gobierno y oposición la cuestionaron porque hace ruido con nuestra legislación administrativa. Daremos las discusiones con científicos, académicos y especialistas para demostrar que estos artículos misceláneos pueden tener efectos contrarios a los que el gobierno pretende.
-¿Es posible recurrir al Tribunal Constitucional?
Sí. si hay normas que violentan principios constitucionales, no solo es necesario, es obligatorio ir. Estoy estudiando la situación de la invariabilidad tributaria: condenar al país a 25 años de inmovilidad en esa materia es irresponsable, y no lo digo en clave izquierda o derecha, sino en respeto a la soberanía parlamentaria. ¿Quién se iba a imaginar hace 10 o 15 años el tipo de explotación minera que tenemos hoy, o el desarrollo de la industria de las cerezas, o de los data centers? Chile ha demostrado una rigurosa institucionalidad: tuvimos dos procesos constituyentes que se rechazaron por vías totalmente legales. No necesitamos estas excepciones propias de países que salen de una guerra o una devastación.
Condenar al país a 25 años de inmovilidad en esa materia es irresponsable, y no lo digo en clave izquierda o derecha, sino en respeto a la soberanía parlamentaria Condenar al país a 25 años de inmovilidad en esa materia es irresponsable, y no lo digo en clave izquierda o derecha, sino en respeto a la soberanía parlamentaria
Gobierno de Kast vs Ley de Humedales
-El gobierno sostiene que la Ley de Humedales se está usando para bloquear proyectos de vivienda y que prácticamente cualquier terreno húmedo puede ser declarado humedal. ¿Qué tan legítima es esa crítica?
Me alegra mucho que Chile esté hablando de humedales. Somos referente internacional: en distintas convenciones, con países vecinos y europeos, nuestra legislación ha sido reconocida como un avance para consolidar estos ecosistemas, que están entre los más amenazados del mundo. Yo siempre los defino como los riñones de la naturaleza: filtran las aguas, compensan las olas de calor de las ciudades, generan resiliencia frente a inundaciones y sequías.
Me parece una simplificación burda lo que han planteado el presidente y el ministro Poduje. Cuando uno recorre Valdivia, Punta Arenas, Temuco, Antofagasta o el propio río Mapocho en Santiago, no puede sino alegrarse de que se avance en esas declaratorias. Quien hace el procedimiento es el Ministerio de Medio Ambiente, a solicitud de los municipios o por propia iniciativa. Si alguien objeta, están los tribunales ambientales. La ley de humedales no impide construir ni edificar: protege que no se haga en zonas ecológicamente frágiles. Y el problema de suelo para la vivienda no pasa por los humedales; eso es una simplificación absurda.
El humedal es o no es. Lo que se discute en muy pocos casos es el polígono —hasta dónde alcanza—, y eso es una materia técnica y reglamentaria, no una impugnación de la condición de humedal. Nuestras ciudades van a ser más resilientes y más vivibles en la medida que tengan estos ecosistemas incorporados a su trama urbana. Cuando vengan las olas de calor, se va a añorar el tener humedales dentro del radio urbano.
