En El Salvador, obtener el reconocimiento legal de la propia identidad de género puede costar entre 3.000 y 4.000 dólares ante los tribunales, casi diez veces el salario mínimo mensual. Bianka Rodríguez lo sabe de primera mano: fue la primera persona trans en ese país en lograr ese reconocimiento por vía judicial, después de tres años de proceso, dos apelaciones y un pliego de casi 20 requisitos impuestos por una jueza que inicialmente rechazó su caso. Directora ejecutiva de COMCAVIS TRANS y de ILGALAC, Rodríguez visitó Santiago para inaugurar la Escuela de Formación ¡Actívate! de Fundación Poderes, y conversó con El Desconcierto sobre violencia, legislación y resistencia.
La realidad no ha cambiado. Las personas trans vivimos en extrema pobreza, lo que se explica por la falta de legislación y de políticas públicas que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos. Las personas trans no pueden acceder a los sistemas educativos, y por tanto no tienen la calificación necesaria para acceder a un empleo digno. Eso es lo que precariza sus condiciones de vida, en un contexto donde muchas ni siquiera tienen reconocimiento de su identidad de género.
Por eso muchas deciden huir, sobre todo por esa precarización y por los problemas de violencia asociados a su identidad o a su orientación sexual. Para una persona trans es mucho más difícil desarrollarse en un país donde sus derechos no están siendo garantizados y donde incluso su derecho a la vida está amenazado.
—Hay también una violencia homicida que se ensaña de manera especial con las personas trans. ¿Cómo es esa realidad concreta?
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador —no las organizaciones de la sociedad civil, sino la institución estatal encargada de garantizar los derechos humanos— señaló en su informe de 2015 que la expectativa de vida para una mujer trans en El Salvador es de apenas 33 años. Esa cifra es incluso inferior a los 35 años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece como promedio para la región de América Latina y el Caribe.
Todo eso implica que las personas trans estén en un ciclo constante de violencia, discriminación y falta de protección por parte del Estado.
Sin acceso al trabajo
—¿Cómo está la situación de inserción laboral para las personas trans en El Salvador y en la región?
El acceso al empleo es muy difícil. Al menos el 5% de las personas trans puede acceder a un trabajo que les dé garantía social. El 95% restante se dedica al comercio informal o ejerce el trabajo sexual como método de subsistencia.
En El Salvador hay muchas maquilas que contratan personas trans, pero con muchas menos garantías sociales y muchas más horas de trabajo. Por necesidad, muchas acceden a esos empleos porque representan una oportunidad de generar algún ingreso. En el mismo informe de la Procuraduría, el ingreso mínimo mensual que recibe una persona trans en El Salvador es de 200 dólares, cuando el salario mínimo está en 410. Es casi la mitad de un salario mínimo con el que se subsiste al mes.
Bukele y el retroceso legislativo
—¿Cómo ha afectado la llegada de Nayib Bukele al poder a los derechos de las personas trans? Antes de la presidencia, él llegó a manifestar interés en ser el primer alcalde en oficiar una boda entre personas del mismo sexo.
En 2022 se volvió a presentar la iniciativa de ley de identidad de género ante la Asamblea Legislativa, que estaba en ese momento mayoritariamente controlada por el oficialismo de Bukele. El anteproyecto fue desestimado: los diputados lo consideraron una ley obsoleta e inacorde a la realidad social del país, dejando de lado las necesidades de las personas trans en materia de reconocimiento de género.
Ese mismo año, sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció, a partir de una inconstitucionalidad presentada en 2015, que las personas trans tenían el derecho a que su nombre y género fueran reconocidos en sus documentos de identidad, y que la ley del nombre de la persona natural las vulneraba. La Sala mandató a la Asamblea a hacer las adecuaciones legislativas necesarias en un plazo no mayor a un año, pero la bancada de Nueva Ideas tampoco acató ese mandato.
—Tú obtuviste tu documento de identidad a través de ese proceso judicial. ¿Cómo fue?
Fue agotador. Inicié en 2019 un proceso que duró casi tres años, en el que traté de demostrarle a la jueza asignada que tener un nombre masculino afectaba mi dignidad como persona y me negaba el acceso a derechos fundamentales, y que ese nombre inacorde a mi identidad de género me había expuesto a hechos de violencia y de discriminación.
Me solicitaron pruebas médicas, psicológicas y testimoniales para acreditar que toda la violencia y discriminación que había sufrido se debía al nombre que constaba en mi documento. La jueza rechazó inicialmente el caso, aduciendo que era un derecho que no estaba contemplado y que ni siquiera debía estar demandándolo. Tuve que recurrir a la cámara de apelaciones, que le ordenó conocer el caso. Luego la jueza impuso un pliego de casi 20 requisitos, muchos de ellos ajenos a lo que establece la ley, entre ellos uno que dependía de una institución del Estado que tarda 15 días en emitir una constancia, y ella me dio tres días. Cuando declaró el caso improponible, volví a apelar. Finalmente, el 9 de diciembre de 2021 obtuve la sentencia que reconoció legalmente mi nombre y mi género.
—¿Y ese proceso está al alcance de cualquier persona trans?
No. Llevar ese proceso judicial cuesta entre 3.000 y 4.000 dólares. Con un salario mínimo de 410 dólares y con ingresos que para muchas personas trans apenas llegan a 200 dólares mensuales, es evidente la brecha de desigualdad. Por eso demandamos una ley de identidad de género que establezca un proceso meramente administrativo, gratuito, como corresponde a los trámites públicos.
—¿Cómo debería ser esa ley?
La propuesta que impulsamos desde la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género no se limitaba al reconocimiento del nombre. Buscaba una armonización de las otras legislaciones para garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales: salud, empleo, vivienda, seguridad. El propio derecho a la vida, que hoy el Estado no garantiza a las personas trans. La ley de identidad de género que proponíamos era también una ley de derechos.
El caso Camila Díaz
—El caso de Camila Díaz Córdova es emblemático en este contexto: fue deportada desde Estados Unidos y asesinada por policías salvadoreños. ¿Cómo lo analizas?
El caso de Camila Díaz es un ejemplo claro de la violencia que se sufre en El Salvador. Ella huyó del país por persecución, amenazas e intentos de homicidio, y buscó protección internacional en Estados Unidos solicitando refugio. Lamentablemente, fue deportada y a su regreso fue asesinada: el crimen de odio fue ejecutado por agentes de la Policía Nacional Civil, el mismo ente encargado de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Su caso es simbólico porque queda documentado que son los propios cuerpos uniformados quienes ejercen esa violencia letal contra las personas trans. Camila estaba ejerciendo el trabajo sexual en una avenida; llegó la patrulla, la subieron al vehículo, la golpearon brutalmente y la dejaron en un cañal. Fue encontrada aún con vida por sus amigas, luego de dos o tres días, y falleció días después en un hospital de San Salvador.
El sistema judicial eliminó el agravante de crimen de odio durante el proceso —a pesar de que en 2015 habíamos luchado para que esa figura quedara en el Código Penal y se condenaran esos homicidios hasta con 50 años de cárcel—, pero sí condenó a los tres policías a 20 años de prisión cada uno. Eso deja sentado en una sentencia que son los cuerpos uniformados quienes también perpetran esa violencia. El segundo agente persecutor para una persona LGBTIQ+ en El Salvador son, precisamente, las fuerzas de seguridad.
El mensaje para Chile
—¿Cómo analizas la situación de las personas trans en Chile, con un gobierno de ultraderecha que lleva pocos meses en el poder?
Mi visita a Chile tiene dos objetivos. Primero, visibilizar lo que enfrentamos a nivel regional: cómo los gobiernos ultraconservadores y los discursos de odio están afectando a las personas LGBTIQ+ en distintos contextos. Segundo, pensar con los movimientos chilenos cómo articularse frente a esos retrocesos, porque El Salvador los vivió y los sigue viviendo.
Los derechos que Chile tiene hoy no pueden retroceder. La articulación comunitaria, social y entre movimientos tiene que ser la base para que el país siga avanzando en su protección. Sabemos que el gobierno actual tiene una visión ultraconservadora, pero la apuesta debe ser que el Congreso siga aprobando legislación. Lo que hay que garantizar es que no haya retroceso a nivel legislativo y que se sigan generando mayores normativas. Eso requiere mayor comunicación e interlocución con los movimientos sociales y las comunidades.
—El llamado es también al Congreso y a los activismos organizados.
Sí. Chile tiene el trabajo arduo de no retroceder y de seguir articulando los activismos. Eso es parte de la estrategia de Fundación Poderes con la Escuela ¡Actívate!: seguir cultivando liderazgos, porque las personas LGBTIQ+ debemos estar en los espacios donde se toman las decisiones sobre nuestros derechos.
