Un proyecto de ley unió a parlamentarios desde la UDI al Frente Amplio y que busca aumentar lo que se necesita para iniciar una acusación constitucional en el Congreso.
Parlamentarios en el hemiciclo durante la sesion en Sala de la Camara de Diputados - Agencia Uno
En un gesto de transversalidad política, parlamentarios que van desde el Partido Socialista (PS) y el Frente Amplio hasta la UDI y RN, anunciaron una reforma constitucional para hacer más exigente el proceso de una acusación constitucional, herramienta de fiscalización que ha sido utilizada con frecuencia en los últimos gobiernos.
La iniciativa busca responder a lo que diversos sectores consideran un uso excesivo o “banalizado” de este mecanismo, que ha generado tensiones institucionales recurrentes.
Entre las modificaciones centrales destacan:
Los impulsores argumentan que estas medidas permitirían un mayor consenso antes de activar un instrumento de tal gravedad, que actualmente requiere menos firmas que otros mecanismos de fiscalización como las comisiones investigadoras o las interpelaciones.
Según datos históricos, desde el retorno a la democracia se han presentado cerca de 140 acusaciones constitucionales. Su uso se intensificó durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, convirtiéndose en un arma política recurrente más allá de su carácter excepcional.
La reforma surge precisamente en medio de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuya votación en sala de la Cámara está programada para la próxima semana. Este caso ha generado divisiones incluso al interior de la oposición.
La presentación es impulsada por Diego Schalper, Andrea Balladares (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y es apoyada por representantes del Frente Amplio como Gael Yeomans, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, entre otros.
Si bien la acusación constitucional es un instrumento legítimo de control parlamentario, diversos analistas coinciden en que su proliferación ha contribuido a tensionar el debate político y a desgastar la institucionalidad.
La reforma transversal busca equilibrar la necesidad de fiscalizar con la estabilidad de las instituciones democráticas. Su tramitación será clave para evaluar si existe real voluntad política de modificar una herramienta que, hasta ahora, ha sido utilizada de manera cada vez más flexible.
