La muerte de un trabajador tras una golpiza atribuida a funcionarios de Carabineros durante el estallido social de 2019 derivó en una nueva resolución judicial. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que el Estado deberá indemnizar a parte de su familia con $130 millones por el daño moral provocado por el fallecimiento.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la decisión fue adoptada por la Séptima Sala del tribunal de alzada, integrada por el ministro Hernán Crisosto, la ministra María Inés Lausen y el abogado integrante Jorge Gómez, al revisar la sentencia dictada por el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago.
El caso se originó por los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2019, cuando la víctima fue agredida en las cercanías de la estación Del Sol de la Línea 5 del Metro. De acuerdo con la investigación, el trabajador sufrió un traumatismo encéfalo craneano que posteriormente le provocó la muerte.
Durante el juicio, el Consejo de Defensa del Estado sostuvo que la falta de atención médica inmediata habría influido en el desenlace fatal.
Sin embargo, la Corte descartó ese argumento al concluir que no se presentó prueba suficiente para acreditar esa tesis. Además, recordó que la autopsia estableció que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneano producto de lesiones atribuibles a terceros.
Los jueces también rechazaron considerar la cirrosis hepática que padecía la víctima para reducir la indemnización. Según el fallo, dicha enfermedad no fue la causa del fallecimiento, por lo que no correspondía incluirla al momento de determinar el daño sufrido por los demandantes.
¿Qué decidió la Corte de Apelaciones?
Asimismo, la Corte analizó la situación de una menor que no era hija biológica del trabajador. Aunque reconoció que podía demandar una eventual indemnización, concluyó que la prueba presentada no permitió acreditar de manera suficiente un vínculo familiar estrecho, por lo que rechazó la demanda en su favor.
Finalmente, el tribunal confirmó el pago de $40 millones para cada uno de los tres hijos biológicos de la víctima y de $10 millones para su excónyuge, reduciendo así parte de los montos fijados en primera instancia. Con ello, la indemnización total quedó establecida en $130 millones.