El Ejecutivo analiza desprenderse de acciones minoritarias que mantiene en empresas de agua, aunque no existe una decisión definitiva sobre la operación.
Imagen referencial sobre agua potable - Agencia Uno
El gobierno de José Antonio Kast estudia la posibilidad de vender las participaciones accionarias que el Estado mantiene en empresas sanitarias, una medida que permitiría obtener recursos para las arcas públicas.
De acuerdo a La Tercera, la alternativa en análisis apunta a las participaciones minoritarias estatales en compañías del sector sanitario, por lo que no se trata de una venta de las empresas ni de una modificación del modelo de concesiones de agua potable y tratamiento de aguas servidas vigente en Chile.
La medida se encuentra en una etapa de estudio y, hasta ahora, no se ha informado una decisión definitiva, calendario de venta ni mecanismo para concretar una eventual operación.
El análisis busca identificar activos del Estado que podrían ser vendidos para generar ingresos, mientras que la revisión considera las participaciones minoritarias que permanecen en compañías sanitarias.
El eventual proceso estaría vinculado a la administración del patrimonio estatal y no implicaría, según los antecedentes disponibles, una venta total de las empresas sanitarias ni el retiro completo del Estado del sector.
La presencia estatal en compañías sanitarias se ha reducido durante las últimas décadas producto de distintos procesos de venta de acciones. Actualmente, las participaciones que permanecen en manos públicas corresponden principalmente a paquetes accionarios minoritarios.
Históricamente, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) ha sido la entidad encargada de administrar diversas participaciones accionarias del Estado en empresas, incluyendo compañías sanitarias.
Durante los gobiernos anteriores se realizaron procesos de venta de acciones en empresas del rubro. Entre ellas se encuentran operaciones relacionadas con compañías como Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal, aunque el Estado mantiene participación en algunas sociedades a través de los paquetes accionarios que aún conserva.
La eventual enajenación de participaciones estatales vuelve a instalar la discusión sobre el uso de activos públicos y el rol del Estado como accionista en determinadas empresas.
Por ahora, el Ejecutivo no ha informado qué compañías específicas podrían estar incluidas en una eventual venta (sería las antes mencionadas) ni cuál sería el monto esperado de recaudación.
La iniciativa permanece bajo análisis y cualquier operación requeriría definir aspectos como la valorización de los activos, el mecanismo de venta y las condiciones para concretar una eventual transacción.
