Funcionario del Tercer Tribunal Oral en lo Penal será formalizado por presunto cohecho y filtración de información a una organización criminal.
Imagen referencial sobre el Poder Judicial - Agencia Uno
Un funcionario administrativo del Poder Judicial fue detenido en medio de una investigación por su presunta participación en la entrega de información reservada a una organización criminal vinculada al narcotráfico. El trabajador será formalizado este martes por delitos relacionados con cohecho y revelación de secretos.
El detenido pertenece al Tercer Tribunal Oral en lo Penal y es acusado de entregar información vinculada con investigaciones, revelar diligencias y cobrar por los servicios que presuntamente prestaba a la organización criminal.
La causa se originó en una investigación por narcotráfico en San Bernardo. Los equipos investigadores detectaron que integrantes de la organización manejaban información detallada sobre procedimientos reservados realizados en su contra, situación que llevó a indagar una eventual filtración desde el sistema judicial.
Las diligencias posteriores habrían permitido establecer quiénes tenían acceso a los antecedentes comprometidos. Las interceptaciones telefónicas realizadas durante la investigación habrían registrado comunicaciones en las que el funcionario presuntamente ofrecía entregar información y cobraba dinero a cambio de esos antecedentes.
El operativo realizado el lunes incluyó diligencias en dependencias del Centro de Justicia de Santiago y en domicilios relacionados con el funcionario. La Fiscalía busca determinar qué información habría sido revelada y cuál fue el alcance de las eventuales filtraciones.
El caso se conoce en paralelo al proyecto anunciado por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos del Partido Socialista, quienes impulsan la creación del delito denominado “Traición Institucional” para sancionar a autoridades y funcionarios públicos que colaboren con organizaciones criminales.
La iniciativa busca incorporar al Código Penal una figura que sancione a autoridades y empleados públicos que utilicen sus cargos para facilitar las operaciones de organizaciones criminales, colaborar con ellas o procurar la impunidad de sus integrantes.
La propuesta contempla un endurecimiento de las sanciones cuando la colaboración provenga de funcionarios vinculados con áreas consideradas especialmente sensibles, entre ellas seguridad pública, inteligencia, persecución penal, cárceles y control de fronteras.
El texto también contempla sancionar a funcionarios que, teniendo el deber legal de prevenir, denunciar, fiscalizar, investigar o impedir determinadas actividades criminales, omitan deliberadamente cumplir esas obligaciones para favorecer a una organización criminal.
Manouchehri sostuvo que el objetivo es enfrentar una eventual penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado.
“La autoridad o funcionario que use su cargo para proteger al narco tendrá cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.
La iniciativa incluye además un segundo eje relacionado con el financiamiento de campañas electorales y partidos políticos con recursos provenientes del crimen organizado.
El proyecto busca sancionar a candidatos y miembros de equipos de campaña que, conociendo el origen de los recursos, reciban, administren o utilicen dinero, bienes, servicios o beneficios provenientes de actividades criminales. También contempla a quienes transfieran esos recursos o los pongan a disposición de una candidatura.
Cicardini planteó que cuando una organización criminal consigue comprar a un funcionario, acceder a información reservada o financiar una campaña, la situación deja de ser únicamente un problema policial y pasa a representar una amenaza para la democracia.
