El caso que fue conocido tras la investigación contra la senadora Camila Flores salpicó a más parlamentarios, tras la acusación contra Juan Manuel Fuenzalida.
Exdiputado UDI Juan Manuel Fuenzalida - Agencia Uno
La investigación por el presunto uso irregular de asignaciones parlamentarias continúa ampliándose y ahora alcanzó al exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida Cobo, quien fue acusado por una exjefa de gabinete de exigir la devolución de parte de su remuneración mediante una denominada "cuota" de sueldo, dinero que, según el testimonio, debía entregarse siempre en efectivo.
Las revelaciones surgieron en el marco de la causa que inicialmente involucró a la senadora Camila Flores y que también mantiene diligencias relacionadas con el exdiputado Joaquín Lavín León, abriendo una nueva arista investigativa en la Fiscalía Metropolitana Oriente. Según informó Mega, el Ministerio Público investiga los antecedentes aportados por una antigua colaboradora de Fuenzalida.
De acuerdo con la declaración judicial entregada por quien ejerció como jefa de gabinete durante siete años, entre 2023 y 2024 el entonces diputado autorizó un aumento de remuneración mediante anexos de contrato aprobados por la Cámara de Diputadas y Diputados.
Sin embargo, según el relato de la exasesora ante la fiscal Constanza Encina, ese incremento —que fluctuaba entre $300 mil y $400 mil— no estaba destinado a ella, sino que debía ser devuelto al parlamentario.
La excolaboradora afirmó que el procedimiento consistía en retirar el dinero y entregarlo personalmente durante las semanas distritales o depositarlo directamente en una cuenta bancaria del entonces legislador, utilizando efectivo.
Según su testimonio, el mecanismo terminó cuando manifestó su incomodidad con la práctica, tras considerar improcedente entregar parte de una remuneración financiada con recursos públicos. También aseguró que posteriormente el sistema habría continuado con otras personas contratadas por el exdiputado.
La exjefa de gabinete sostuvo, además, que existía un ambiente de presión dentro del equipo.
Según declaró ante la Fiscalía, el entonces parlamentario les recordaba con frecuencia que podía desvincularlos por pérdida de confianza, situación que, a su juicio, generaba temor entre quienes trabajaban junto a él y explicaba por qué nadie denunciaba lo ocurrido mientras permanecían contratados.
De acuerdo a lo expuesto por el medio antes citado, la testigo declaró que Fuenzalida los obligó a deshacerse de sus teléfonos celulares tras el allanamiento de las oficinas de Joaquíj Lavín Jr. en el Congreso.
Los antecedentes fueron incorporados originalmente a la investigación por presunto fraude al Fisco que involucra al exdiputado Joaquín Lavín León, pero la Fiscalía decidió abrir una investigación independiente conocida como la "cuota Fuenzalida", debido a la gravedad de las imputaciones.
La declaración también incluyó otros episodios que están siendo analizados por el Ministerio Público, entre ellos un supuesto intento de obstaculizar diligencias investigativas realizadas en octubre de 2024.
Tras la difusión de los antecedentes, Juan Manuel Fuenzalida emitió una declaración pública rechazando categóricamente las imputaciones.
El exdiputado afirmó que han transcurrido once días desde el allanamiento realizado en su domicilio, donde se incautaron diversos objetos de su propiedad, y criticó que aún no haya podido conocer oficialmente los antecedentes de la investigación, asegurando que se enteró por publicaciones de prensa.
"Nunca solicité realizar pagos irregulares a ninguno de mis colaboradores", sostuvo el exparlamentario, quien agregó que desconoce los motivos por los cuales su exjefa de gabinete formuló esas acusaciones y anunció que estudiará las acciones legales correspondientes una vez tenga acceso a la carpeta investigativa.
