Este viernes, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) descartó que exista una paralización del proceso de demolición de viviendas en el sector El Olivar, en Viña del Mar, luego de la resolución del Segundo Juzgado de Civil de Valparaíso que ordenó frenar el procedimiento instruido por el ministro Iván Poduje.
El tribunal acogió la solicitud presentada por la constructora San Sebastián y ordenó el desarrollo de un peritaje técnico que, implica la paralización de las demoliciones.
Por eso mismo, desde la cartera aclararon que la decisión del tribunal no detiene las acciones en curso y que solo corresponde a una medida prejudicial probatoria en el marco del litigio. En ese contexto, el Ministerio enfatizó que el procedimiento de demolición sigue vigente, pese a la presentación de la empresa.
"Como Ministerio desconocemos la información expuesta por el abogado de la constructora San Sebastián Limitada, de la cual no hemos sido notificados", sostuvieron mediante una declaración pública. "Solo señala que se resolvió como medida prejudicial probatoria solicitar el informe de un perito, ingeniero o constructor civil".
Por lo tanto, el informe deberá evaluar el estado de las viviendas antes de cualquier avance en su eventual demolición.
El cruce de versiones entre Poduje y constructora San Sebastián
El conflicto entre las partes se intensificó después de que el ministro Poduje instruyera avanzar en la demolición o desarme de cerca de 170 viviendas en el sector El Olivar, tras detectar presuntas fallas estructurales en obras ejecutadas en el proceso de reconstrucción.
Frente a esta decisión, la Constructora San Sebastián acudió a tribunales solicitando la suspensión del proceso, argumentando la necesidad de resguardar evidencia clave para un eventual juicio.
El abogado Jaime Barrientos advirtió que la demolición “producirá la destrucción irreversible de la evidencia material necesaria para acreditar el correcto cumplimiento contractual” de la empresa, añadiendo que ello alteraría “ilegítimamente la carga de la prueba”. Asimismo, la acción judicial alertó sobre “el riesgo de desaparición de las evidencias materiales para la prueba de hechos esenciales objeto del futuro” litigio, cuestionando la legalidad del avance del proceso de desarme.
Sin embargo, tras conocerse la resolución del Segundo Juzgado de Civil de Valparaíso, desde la defensa de la constructora valoraron el fallo y lo interpretaron como un freno a la estrategia del Ministerio de Vivienda: “esta es una resolución favorable, en el sentido de que el ministro Poduje no puede continuar con su plan de demoler. Primero, porque se dice que está fuera de la ley, es contrario a derecho, y que su plan se sale de sus facultades”.
Asimismo, desde la constructora reiteran haber ejecutado las obras correctamente y según los parámetros del Serviu, por lo que, continuar con las demoliciones “podría constituir abuso de poder”.
En paralelo, el Ministerio de Vivienda recordó que ya en marzo había presentado acciones judiciales contra la constructora por delitos como estafa, fraude al fisco y otras irregularidades vinculadas a la ejecución del proyecto.
Además, la cartera informó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó las órdenes de no innovar solicitadas por la empresa, manteniendo vigentes las resoluciones que instruyen la demolición de las viviendas.
También señaló que informes técnicos de la Dirección de Tecnología y Gestión (DITEC) del Minvu y del Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile “confirman técnicamente la gravedad de las fallas estructurales”.