Argumentando reparos técnicos en el texto en debate, el Ministerio de Relaciones Exteriores optó por marginarse del acuerdo internacional impulsado por la ONU.
Gobierno del presidente José Antonio Kast. Créditos: Agencia Uno.
Un análisis técnico exhaustivo llevó a la Cancillería a retirar a Chile de su participación en las tratativas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional debido a "incertidumbres considerables".
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron que la iniciativa presenta objeciones de fondo en su redacción actual que aconsejan no seguir adelante con las conversaciones.
“Tal cual se presenta el texto del acuerdo, presenta incertidumbres considerables respecto a su alcance y funcionamiento que podrían limitar la soberanía en materia tributaria”, explican.
A partir de este escenario, las autoridades definieron un cambio de rumbo en las negociaciones para resguardar la autonomía de la política económica local, enfatizando que las materias debatidas en foros globales “deben ir en línea con el marco constitucional, la política fiscal, así como con los compromisos internacionales vigentes de Chile”.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional es un tratado multilateral impulsado por la ONU que busca modernizar y reestructurar el sistema fiscal global.
Nació como una iniciativa promovida principalmente por países en desarrollo para crear un foro inclusivo, garantizando que todas las naciones —independientemente de su tamaño económico— tengan vos y voto en la fijación de las reglas del comercio y la tributación internacional.
El objetivo principal de esta convención es establecer un marco normativo global vinculante para combatir la evasión y elusión fiscal transfronteriza, erradicar los flujos financieros ilícitos y regular la tributación de las grandes empresas multinacionales y la economía digital.
En ese sentido, el retiro de un gobierno de las negociaciones resguarda de inmediato su soberanía fiscal, liberándolo de someterse a normas globales que afecten sus leyes internas. Sin embargo, el país queda excluido de los nuevos mecanismos de intercambio de datos y pierde la capacidad de incidir en las futuras reglas del comercio internacional.
