Corte Suprema rechazó demanda para cobrar $2,2 millones por colegiaturas al concluir que la acción derivada del cheque estaba prescrita.
Corte Suprema / Agencia Uno
Una demanda para cobrar $2.236.000 por concepto de colegiaturas terminó siendo rechazada luego de que la Corte Suprema revocara una decisión que había sido confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. El máximo tribunal concluyó que la acción judicial presentada por un establecimiento educacional estaba prescrita porque se sustentaba en un cheque protestado fuera del plazo legal.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el caso se originó cuando la Sociedad Educacional Altamira intentó cobrar judicialmente una deuda asociada a prestaciones educacionales, fundada en un cheque por $2.236.000 que había sido protestado en diciembre de 2019.
En primera instancia, el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago rechazó las excepciones de pago y prescripción planteadas por el demandado y acogió la demanda. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó esa decisión.
Sin embargo, la Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por la ministra María Angélica Repetto, el ministro Jorge Zepeda, la ministra suplente Eliana Quezada y los abogados integrantes Raúl Fuentes y Carlos Urquieta, acogió el recurso de casación presentado por la defensa.
La sentencia estableció que la empresa demandante no construyó una acción ordinaria basada directamente en el contrato educacional que habría originado la deuda.
Por el contrario, los jueces concluyeron que la pretensión estaba sustentada esencialmente en el cheque protestado, por lo que debía aplicarse la normativa especial que regula este tipo de instrumentos.
La Corte recordó que la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques establece un plazo de prescripción de un año para las acciones derivadas de un cheque protestado. Como el documento fue protestado el 17 de diciembre de 2019 y la demanda fue notificada recién el 21 de julio de 2021, la acción ya se encontraba prescrita.
Por ello, el máximo tribunal revocó la sentencia en la parte que había rechazado la excepción de prescripción y terminó desestimando completamente la demanda de cobro de pesos presentada por la entidad educacional.
