Solo un 4% de las mujeres en el mundo vive en economías que se acercan a una igualdad jurídica plena, según el informe Women, Business and the Law 2026 del Banco Mundial.
El estudio analizó la situación de 190 economías y concluyó que en ningún país existe paridad legal total entre hombres y mujeres, persistiendo una brecha significativa entre lo que establecen las leyes y su aplicación real.
El informe evaluó la desigualdad económica de género a partir de tres pilares. El primero corresponde a los marcos legales, es decir, las leyes escritas en los códigos y su nivel de igualdad o de restricciones explícitas hacia las mujeres en diez áreas clave del ciclo de vida laboral.
El segundo pilar considera los marcos de apoyo, que incluyen políticas públicas y mecanismos que permiten que esas leyes se apliquen en la práctica.
El tercero se basa en las percepciones sobre el cumplimiento, construidas a partir de la opinión de expertos locales en cada economía.
En este contexto, América Latina obtuvo un puntaje promedio de 72,15 sobre 100 en marcos legales, ubicándose como la tercera región más avanzada del mundo en este aspecto.
Sin embargo, el desempeño regional cae de manera importante al analizar los otros dos pilares: los marcos de apoyo alcanzaron solo 46,10 puntos y las percepciones sobre la aplicación real de la ley llegaron a 55,28.
Esto refleja que, pese a contar con normas relativamente avanzadas, la región enfrenta serias dificultades para llevarlas efectivamente a la práctica.
El informe destaca que más de tres cuartas partes de la población femenina mundial vive en países donde la igualdad legal es solo parcial, una realidad que se replica en América Latina.
La brecha entre legislación y realidad cotidiana sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar hacia una igualdad económica efectiva.
Colombia aparece como uno de los países mejor evaluados en marcos legales, con una puntuación superior a 81 puntos, gracias a reformas legislativas orientadas a combatir el acoso sexual en ámbitos educativos.
No obstante, el país sigue formando parte del grupo de 55 economías que mantienen prohibiciones explícitas para que las mujeres realicen ciertas actividades económicas. En particular, la legislación colombiana impide que las mujeres trabajen en pintura industrial dentro del sector de la construcción.
En cuanto a los marcos de apoyo, Colombia obtuvo 72,50 puntos, un resultado alto en comparación con otros países de la región.
Argentina, que le sigue en esta categoría, alcanzó solo 50,30 puntos, evidenciando diferencias significativas en la capacidad institucional para respaldar la aplicación de las leyes.
El informe también identifica avances regionales en materia de seguridad, emprendimiento y remuneración.
Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia incorporaron sanciones penales para enfrentar la violencia digital y el acoso sexual, mientras que Chile implementó una política pública específica para abordar la violencia de género en el transporte público.
A nivel regional, Ecuador, Brasil y Chile promulgaron leyes que prohíben la discriminación crediticia y exigen criterios de género en la contratación pública.
Brasil, además, estableció la obligación de que al menos un 30% de los directorios de empresas públicas y de capital mixto esté compuesto por mujeres.
Sin embargo, el informe también alerta sobre retrocesos, como la decisión de Argentina de derogar en 2020 una resolución que establecía cuotas obligatorias de participación femenina en directorios corporativos.
Pese a los avances normativos, el Banco Mundial advierte que la región enfrenta importantes desafíos para cerrar la brecha de género.
La principal dificultad sigue siendo la distancia entre las leyes y su implementación efectiva, así como la percepción de cumplimiento en la vida cotidiana. Como resultado, la mayoría de las mujeres en América Latina aún no percibe que vive en un entorno de igualdad económica real.
