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Perú 2026: Un presidente más, qué importa

En medio de este ajedrez de intereses, Perú llega a sus elecciones generales en una crisis de inseguridad ciudadana (mucho peor que la de Chile) y en un estado de desconexión total entre las autoridades políticas y la ciudadanía. Asimismo, el debate público ha sufrido un proceso de degradación acelerado. La agenda está totalmente secuestrada por la corrupción de las altas esferas y los chismes de palacio.
Por Alonso Marañon Tovar 28 de febrero de 2026 - 00:00

Los recambios presidenciales en Perú no tienen cuando acabar. El presidente peruano José Jeri fue censurado por el Congreso la semana pasada ante diversas denuncias de corrupción. Al día siguiente el congreso eligió al parlamentario José María Balcazar como nuevo presidente, dado que la fórmula presidencial original del periodo 2021-2026 ya fue desmantelada por el propio poder legislativo.

Balcazar es el octavo presidente desde el cambio de mando en Julio del 2016. En cualquier otra latitud, la caída de un jefe de Estado sería un terremoto nacional; en el Perú, es una noticia normal. El presidencialismo hace tiempo que murió y en su lugar hay un parlamentarismo. Balcazar tendrá que gobernar hasta julio de este año —aunque es probable que lo vaquen antes—, cuando las nuevas autoridades asuman sus cargos tras las elecciones generales de Abril.

En Chile conviene conocer lo que ocurre en el Perú, dado que una de las principales propuestas de Kast es crear un corredor humanitario para expulsar migrantes ilegales. La inestable política peruana hace complicado plantear una coordinación así. Para entender este nuevo capítulo de la descomposición peruana, es necesario analizar los hilos que movieron la caída de Jeri y el ascenso de Balcazar.

El espejismo del "Bukele peruano"

Todo ocurre en medio de la campaña electoral para el 2026. Jeri era el presidente del Congreso cuando ocurrió la vacancia de Dina Boluarte en octubre de 2025. El mismo Congreso que blindó los crímenes de Boluarte durante casi tres años decidió retirarle su apoyo al acercarse las elecciones, pues la presidenta tenía 3% de aprobación. Para una mayoría parlamentaria que busca la reelección, seguir atados a Boluarte era un problema.

Jeri asumió constitucionalmente el mando al no haber vicepresidentes disponibles. Al inicio, fue astuto con su show “bukelístico”: patrullar las calles de noche, visitar penales de madrugada, mostrarse como un líder enérgico y simpático de 38 años. Su aprobación en la opinión pública era más del 40%. No obstante, desde Enero del 2026 todo le fue mal. Aparecieron videos de reuniones secretas con empresarios chinos, se destapó el uso de cargos públicos como moneda de cambio, y se filtró una conexión entre Jeri y una presunta red de prostitución operando en el Congreso durante 2024.

El parlamento, fiel a su estilo, usó a Jeri como fusible de cambio. En su lugar colocó a Balcazar, un abogado de 83 años que defendió el matrimonio infantil y que acumula múltiples carpetas fiscales por diversos delitos. La prensa tradicional ha dicho que Balcazar significa el acceso de la izquierda radical al poder, pues su partido “Perú Libre” se declara socialista, pero la realidad es que su bancada ha cogobernado con la ultraderecha desde 2023. En Perú la política institucional está copada de ultraderechistas y de independientes/oportunistas (piensen en Parisi y el PDG).

La ultraderecha: aliados en el poder, enemigos en el voto

El asunto de Jeri desató una división en la ultraderecha. Según una última encuesta, Rafael López Aliaga, el empresario ultraconservador de Renovación Nacional, lidera la intención de voto con un magro 12%, seguido por Keiko Fujimori -la hija del dictador Fujimori- con un 8%.

Renovación Nacional y Fuerza Popular (el partido fujimorista) convergieron desde el congreso bajo la oposición a Pedro Castillo (presidente de izquierda electo el 2021) y a la institucionalidad democrática. Así, vacaron a Castillo, convirtieron al parlamento en el eje del poder político y coparon con allegados los organismos autónomos.

Pero las elecciones dividieron los caminos. Fujimori defendió a Jeri apelando a la estabilidad nacional, aunque su verdadero interés era no perder el control de la Mesa Directiva del Congreso. López Aliaga, en cambio, aprovechó el escándalo para denunciar que el fujimorismo avalaba la corrupción. Ahora, con la elección de Balcazar, Fujimori culpa a López Aliaga de haber entregado la presidencia al comunismo y a los caviares (progresistas). Esta batalla recién comienza.

La normalización del abismo

En medio de este ajedrez de intereses, Perú llega a sus elecciones generales en una crisis de inseguridad ciudadana (mucho peor que la de Chile) y en un estado de desconexión total entre las autoridades políticas y la ciudadanía.

Asimismo, el debate público ha sufrido un proceso de degradación acelerado. La agenda está totalmente secuestrada por la corrupción de las altas esferas y los chismes de palacio.

Debatir de economía, pensiones o cuidados, y por fuera del dogma neoliberal, es imposible. Sin embargo, no hay que subestimar la capacidad de sorpresa del electorado ni las consecuencias de la contingencia y la inestabilidad. Recordemos que, en febrero de 2021, Pedro Castillo figuraba con un 2% y terminó ganando la presidencia. A dos meses de las urnas, mucho puede pasar.

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