Lo que comenzó como una fiesta universitaria promovida por una productora terminó transformándose en uno de los episodios más violentos registrados este verano en Bahía Coique. El evento —realizado en terrenos pertenecientes a la Inmobiliaria Arenas Blancas, asociada a la familia Piñera-Morel— dejó a un hombre internado en riesgo vital y abrió cuestionamientos sobre permisos, fiscalización y responsabilidades.
Fiesta sin autorización, una víctima en riesgo vital y terreno ligado a familia Piñera-Morel: el entre telones del violento domingo que sacudió Bahía Coique
“Por primera vez en Lago Ranco, una experiencia única que promete dejar una huella en la comunidad universitaria que los espera en una jornada de fiesta interminable”. De esta manera la productora Convocadora promocionaba su evento Aldea Futrono, cuyo plato fuerte era el dúo de cumbia “Amigo de Artistas”.
Ronald González (41), vecino de Valdivia y fanático de la banda, viajó al evento acompañado de su pareja y una amiga. Los tres disfrutaron de la presentación de la agrupación, que concluyó cerca de la 1 de la madrugada del domingo.
Justo después, González se dirigió a un local de completos ubicado dentro del recinto. Fue en ese momento —mientras hacía la fila para comprar— cuando sus acompañantes observaron que tres hombres comenzaron a golpearlo.
Según relató Katherine, amiga de la víctima, a The Clinic: “Fue tan rápido. Nosotras nos damos vuelta y vemos que lo estaban golpeando entre tres, y ahí nos metemos con la Marly. Pero yo me enfoqué en Ronald más que en quiénes le habían agredido”.
En el mismo relato, una persona presente en la fila aseguró que 20 minutos antes González habría tenido un pequeño roce con otros asistentes. Sobre aquello, Katherine comentó que “tuvo que haber sido algo relacionado con la fila, que quizá pensaron que Ronald se coló o viceversa”.
La Fiscalía Regional de Los Ríos informó el pasado viernes que hay tres personas detenidas por el delito de homicidio calificado frustrado.
Desde el ente persecutor explicaron que “a raíz de la golpiza, la víctima perdió la conciencia y debió ser reanimada en el lugar antes de ser trasladada al Hospital Base de Valdivia”.
Sobre su diagnóstico explicaron que “presentó múltiples lesiones de extrema gravedad, entre ellas politraumatismo, compromiso respiratorio y circulatorio, contusiones craneales y torácicas, laceración hepática y múltiples fracturas costales y nasales, compatibles con traumatismo de alto impacto. Debido a su condición crítica, permanece internada en la UCI con riesgo vital”.
Convocadora: la productora sin permiso cuyo evento en Bahía Coique terminó con una persona en la UCI
En conversación con El Desconcierto, un vecino del terreno donde se realizó el evento comentó que la fiesta alteró la tranquilidad característica del sector de Bahía Coique, aunque entendía que este tipo de actividades aumenta durante la temporada veraniega.
Sin embargo, afirmó que el ruido excedía ampliamente los decibeles habituales, lo que motivó que —junto a otro residente— llamara a Carabineros de la Tenencia de Futrono. Según relata, cuando el personal uniformado llegó al lugar indicó que la fiesta contaba con permisos y que los niveles de ruido se encontraban dentro de lo permitido.
Esa versión generó dudas entre los vecinos, ya que la tenencia es una unidad pequeña que difícilmente cuenta con un sonómetro. Más allá de ese episodio, lo cierto es que el evento de la productora no contaba con autorización de la Delegación Presidencial Provincial del Ranco ni de la Municipalidad de Futrono.
En el Concejo Municipal del lunes 9 de febrero, el alcalde de Futrono, Fernando Flández, señaló que “hay que decir que el permiso para fiestas, como lo ocurrido en Coique, no contaba con ningún tipo de autorización. Vinieron con la debida anticipación, pero entiendo que no estaba autorizada por la Delegación y tampoco nosotros dimos el permiso correspondiente porque estábamos a la espera de la resolución”.
Desde la Delegación Presidencial Provincial del Ranco confirmaron a El Desconcierto que la fiesta realizada en Bahía Coique no contaba con autorización. Explicaron que el proceso contempla un expediente administrativo con observaciones de distintos organismos, desde Carabineros hasta las Secretarías Regionales Ministeriales.
Con base en esos antecedentes, la Delegación decidió no otorgar el permiso, resolución que igualmente fue incumplida por Convocadora. “Si quienes organizan incumplen y realizan el evento de todas formas, eso riñe automáticamente contra el mandato del gobierno comunal, pues en su territorio se ha producido un hecho irregular. Por lo tanto, son los municipios quienes deben exigir cuentas a los organizadores”, señalaron desde la institución.
No obstante, fuentes al interior del municipio indicaron que el tema no volvió a discutirse y que no existen planes inmediatos para hacerlo. También afirmaron que, al haber sido la Delegación la entidad que negó la autorización, correspondería a ella aplicar eventuales sanciones.
Esta redacción intentó contactar al alcalde y a su jefa de gabinete para consultar sobre posibles acciones judiciales contra la productora, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
Inmobiliaria Arenas Blancas, Bahía Coique y el uso de sus terrenos ligados a la familia Piñera-Morel
Según el mapa difundido por la productora, el evento se desarrollaría en las cercanías de “Casa Azul”, un reconocido restaurante de Bahía Coique. Este medio pudo constatar que tanto el predio donde se ubica el local como el terreno donde se realizó la fiesta pertenecen a la Inmobiliaria Arenas Blancas, empresa ligada a la familia Piñera-Morel.
Al comparar la dirección del evento con el mapa cartográfico del SII, fue posible identificar el rol del terreno y verificar que posee un avalúo total de $150.996.668. Asimismo, mediante el registro de contribuciones de la Tesorería se constató que el pago recae en la Inmobiliaria Arenas Blancas, ligada a la familia Piñera-Morel.
En febrero de 2025, la inmobiliaria presentó el proyecto “Nuevo Desarrollo inmobiliario Bahía Coique”, cuyo objetivo es construir 208 viviendas de veraneo en el sector. La iniciativa ha recibido observaciones de carácter medioambiental que deberán ser subsanadas por la empresa de los Piñera-Morel.
Un residente del sector afirmó que la administración de los terrenos se encuentra bajo la responsabilidad de la Hotelera Lago Ranco, a la cual los propietarios pagan un gasto común cercano a los $200.000. De ese monto, explicó, se financia la remuneración del administrador Felipe Vidaurre, cercana a los $3 millones.
Dentro de la administración figuran personas cercanas a la familia Piñera-Morel, entre ellas Nicolás Noguera, quien por años ha administrado los negocios del family office.
En 2016 estuvo en el centro de la polémica por el caso Exalmar, vinculado a la compra de acciones de la pesquera por parte del expresidente Sebastián Piñera a través de Bancard —posteriormente Inversiones Odisea, firma que controla los negocios de la familia— mientras Chile y Perú mantenían un litigio marítimo en La Haya.
En 2017 la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación penal y la CMF no aplicó sanciones administrativas relevantes.
También figuran Andrés Gazitua, gerente de administración y finanzas de Odisea; Miguel Guerrero, empresario y amigo que iba con Sebastián Piñera el día del accidente; y Catalina Lamarca Délano.
Otra figura relevante es Vicente Parodi Cruzat, encargado de gestionar activos inmobiliarios del family office Odisea y uno de los representantes legales de la Inmobiliaria Arenas Blancas, junto a Gazitua y miembros de la familia Piñera-Morel.
El Desconcierto contactó a la Inmobiliaria Arenas Blancas para conocer las razones del arrendamiento de terrenos, si tenían conocimiento de que el evento no contaba con permisos y su vínculo con la productora. Su respuesta fue que consultáramos a la empresa involucrada.
Quiénes están detrás de la productora Convocadora y sus conflictos judiciales
“Convo” opera bajo la sociedad “Inversiones Convocadora RR.PP SpA”, mediante la cual administra diversas filiales relacionadas con eventos. La empresa está constituida por Florencia Silva Laso y Martín Abogabir Egaña.
Hasta el 8 de agosto de 2025 la representante ante el SII era Silva, sin embargo, no se pudo constatar si posterior a ese hecho continúa en la firma.
Martín Abogabir posee además una cartera de sociedades, entre ellas “Festival Aldea SpA”, utilizada para producir la fiesta universitaria realizada en Bahía Coique.
Entre las empresas relacionadas aparece “Inmobiliaria y Comercial Diegon Limitada”, junto a su hermano, el abogado Diego Abogabir Egaña, quien ha representado a grandes empresas en litigios, incluyendo la demanda de Larraín Vial contra Rodrigo Topelberg y los hermanos Sauer en el caso Factop que explotó en 2023.
Un antecedente relevante es que Gabriela Cohen Nofal integra la representación de Inmobiliaria Arenas Blancas S.A. A lo largo de su trayectoria profesional también destaca su paso por Larraín Vial, donde se desempeñó como gerente de activos alternativos.
De acuerdo con una nota publicada por La Tercera en 2025, para entonces acumulaba dos años de experiencia como portfolio manager de Odisea.
En la misma sociedad también aparecen como accionistas sus otros dos hermanos, María José y José Domingo Abogabir Egaña. El cuarto socio es Juan Miguel Abogabir Said, hermano de Hernán Abogabir Said, quien —según publicó CIPER en 2015— habría recibido $2,7 millones de Inversiones Caburga, empresa vinculada a la familia Said Somavía.
Dicha compañía rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) un total de $663 millones correspondientes a pagos sin respaldo suficiente, asociados a financiamiento político irregular.Martín Abogabir también ha administrado “Santo Diablo SpA”, “Inversiones Santo Diablo SpA” y “Santo Diablo Restobar SpA”, estas dos últimas en estado de abandono desde 2020.
En 2021 enfrentó una querella presentada por el entonces intendente de Valparaíso, Jorge Martínez Durán, por fiestas realizadas durante la pandemia en Zapallar. Inspectores municipales constataron incumplimientos sanitarios y funcionamiento del local pese a restricciones vigentes. En 2022 el Ministerio Público decidió no perseverar por falta de antecedentes suficientes.
El Desconcierto intentó contactar en dos ocasiones a Martín Abogabir para conocer su versión de los hechos ocurridos en Bahía Coique, pero hasta el cierre de este artículo no respondió mensajes ni llamados.