El nuevo Dominga de los Piñera, parte 2: El proyecto inmobiliario de casas de hasta 17.000 UF que lapida a Lago Ranco

LEE INTEGRAMENTE LA PRIMERA PARTE DEL REPORTAJE

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Los Primeros negocios de Piñera en el lago

Tras la adquisición, en 2005, del complejo  de edificios de “tiempo compartido” de Bahía Coique, Sebastián Piñera inicio un proceso de loteo de un paño de cerca de veinte hectáreas de su propiedad, estas fueron divididas ochenta y cinco sitios de poco menos de un cuarto de hectárea cada uno, pero aun cuando los precios no eran originalmente demasiado altos, la venta fue lenta y tomo  casi veinte años después del inicio del loteo, el que todos los sitios fueran vendidos, pese a lo cual al día de hoy menos de la mitad han sido construidos.

Los sitios loteados incorporaron a la propiedad de ese paño de Coique a algunos amigos y conocidos de Sebastián Piñera, como por ejemplo Aurelio Montes Baseden, propietario de la viña del mismo nombre y a Felipe Morandé Arthur, actual gerente comercial de la filial chilena de la gigantesca seguradora estadounidense Marsh.

No obstante, hay pocos propietarios igualmente conspicuos entre quienes adquirieron dichos sitios en Bahía Coique, más bien abundan entre ellos abogados, ingenieros comerciales e ingenieros de diversas otras especialidades que desde un segundo nivel, se vinculan a empresas del círculo de la familia Piñera, pero también a otros emprendimientos independientes.

Durante el periodo que sucedió al loteo de sitios, los nuevos propietarios dieron forma a dos comunidades (Alihuen y Palihue) que desarrollaron y hermosearon el nuevo desarrollo urbano, quedando todo ello (de modo parecido a lo que ocurre en los condominios), bajo una administración subcontratada a la Inmobiliaria Lago Ranco, propiedad de Piñera, quien gestiona los gastos comunes con los cuales se financia la administración de los loteos, así como de los cobros a los nuevos propietarios, de los servicios provistos por una empresa relacionada, la que los provee de agua potable y servicios de alcantarillado, llamando la atención el que esta les aplique tarifas cuyos valores son mayores a los precios pagados por similares servicios en la comuna de  Lo Barnechea en la región Metropolitana.

Los propietarios de las primeras parcelaciones, al momento de adquirir sus sitios habían sido informados que ese no sería el ultimo loteo y que la familia Piñera planeaba continuar vendiendo sus terrenos bajo las mismas normas urbanísticas y de gestión que les habían sido ofertadas al momento de la venta de los primeros sitios; pero con el correr de los años sin observarse apertura alguna de nuevos loteos, estimaron que la presencia de nuevas parcelaciones habia sido suspendida indefinidamente por falta de interés del ex presidente.

La primera señal de que algo había cambiado la dio Sebastián Piñera a inicios de 2003, paseando, por la cancha de golf de su propiedad aledaña a las más antigua de las comunidades (Palihue), junto a Jorge “Tuto” Quiroga y Andrés Pastrana, expresidentes de Bolivia y Colombia respectivamente.

Obviamente Piñera no pretendía lucirse exhibiendo una cancha de golf bastante modesta para los estándares de sus huéspedes, sino que lo que entusiasmadamente les relataba a sus colegas eran sus proyectos inmobiliarios para Coique, al parecer apoyándose en algunos papeles que obsequiosamente le ayudaba a trasportar Jaime Bellolio, actual alcalde de Providencia, quien se desplazaba caminado modestamente tras la pequeña comitiva presidencial.

El proyecto de los herederos

El tiempo transcurrió muy rápido y la vida de Piñera se interrumpió bruscamente por un desafortunado y evitable accidente, por ende sus proyectos inmobiliarios, de seguro bastante avanzados, desaparecieron de la visibilidad publica hasta que Vicente Parodi Cruzat, hijo de Patricio Parodi Gil (ex Gerente General de CONSORCIO y uno de los mejores amigos del ex presidente) y de María Paz Cruzat Ochagavía (sobrina de Manuel Cruzat Infante), acompañado por Andrés Gazitua Saavedra, (un joven abogado de bajo perfil quien poseía una larga trayectoria en las empresas de la familia Piñera y que es sobrino del actual presidente de la CPC, Luis Felipe Gazitua Achondo), presentaron ante él SEA, en tanto representantes legales de la inmobiliaria Arenas Blancas (propiedad de Odisea)  el antes descrito proyecto denominado Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique.

El proyecto se presentó de manera agresiva pero soterrada; los vecinos y comunidades del lago Ranco se enteraron por la prensa de su existencia, pues al parecer el anuncio que Arenas Blancas pagó en la una poco escuchada radioemisora local: Radio Picarona, no llegó a muchas personas de las comunas aledañas al proyecto, y su emisión solo tuvo lugar para cubrir una de las obligatorias actividades que él SEA exige a todo nuevo proyecto sujeto a evaluación.

La inmobiliaria anunciaba allí la presentación ante él SEA de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la cual lo obligaba a un mínimo de exigencias en comparación con las mucho más rigurosas condiciones de presentación asociadas a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el  que Arenas Blancas evitó presentar, para hacer así menos rigurosa la examinación y aprobación de su proyecto.

Arenas Blancas evitó también reunirse con los propietarios de sus anteriores loteos y lejos de realizarles una presentación exhaustiva del proyecto, solo los suministró de información fragmentada sobre este, sosteniendo que una mesa de trabajo informal era el mejor método de abordar los evidentes problemas del proyecto, a sabiendas que esa modalidad no generaría medidas obligatorias de mitigación ambiental o vial, y que sin proceso de participación ciudadana él SEA debería asumir que no existían objeciones de la comunidad hacia el proyecto.

Las reacciones fueron variadas; según ha trascendido el grueso de los propietarios de loteos de Bahía Coique se mostraron intimidados y con justificaciones varias renunciaron a exigir derechos más allá de lo que voluntariamente decidiese concederles la inmobiliaria, ello aun cuando esta no ha ofrecido a la fecha ni mitigación ni concesiones de ningún tipo.

Al parecer, debido al miedo al ostracismo social y a consecuencias laborales o empresariales no bien definidas, este selecto grupo de empresarios y profesionales de segunda línea, dentro del cual abundan los ingenieros y abogados, pareció renunciar a la defensa efectiva de sus derechos. Pero sorpresivamente, un grupo de veinte propietarios de loteos y siete comunidades mapuches manifestaron ante él SEA su deseo de participación en la definición del proyecto, muchos de cuyos aspectos rechazaban.

Sin embargo, pese a que el capital educacional de mayor nivel se concentra en los dueños de los primeros loteos de la familia Piñera, no se ha visto en ellos una actitud análoga a la tomada por los vecinos de Zapallar ante la concreción de un intento similar en su comuna, incluso ese grupo disidente se ha mostrado indeciso y vacilante en el rechazo a los argumentos de Arenas Blancas, la que les ha presentado ilusorias promesas de aumento en el valor de los terrenos, aun cuando lo más probable es que suceda lo contrario.

En cambio, han saltado al ruedo otros actores: las organizaciones Huilliches lafkenches: Comunidad indígena Raillanca Llanquel; la Comunidad Indígena Hermanos Leal de Pumol Alto; la Asociación indígena Victoriano Pitripan; la Comunidad indígena Francisco Llanquel, la Agrupación Pumol Orgánico y Ambiental y la Agrupación Cultural Ramón Quichiyao Figueroa (Riquifi) de Futrono, quienes han mostrado otra actitud.

Para ellos no hay plusvalía o elementos monetarios que les hagan variar su posición de rechazo al proyecto, el que, en su visión alteraría de un modo irreversible el carácter altamente prístino del lago. Destaca entre ellos la particular energía han demostrado los miembros de  la comunidad indígena residente en Isla Huapi, la más grande del lago y habitada exclusivamente por miembros de una comunidad huilliche que, salvo las que les provee el lago no posee otras fuentes de agua potable y que estima que la contaminación de este pondría en peligro la subsistencia de su comunidad.

La Municipalidad de Futrono puso también su grano de arena en materia de observaciones al proyecto, señalando que, dada su envergadura, la DIA no era suficiente, requiriéndose un EIA en toda regla.

Y no dejan de tener razón, el proyecto de los Piñera apunta en realidad a construir una segunda ciudad separada de Futrono, socialmente segmentada y con un alto impacto vial y ambiental sobre toda la zona y que, de seguro, en el evento de ser aceptada, la DIA, gatillaría una urbanización masiva de las riberas del lago Ranco, hoy pobladas por hombres de negocios deseosos de valorizar sus terrenos, siguiendo la ruta trazada por su desaparecido líder.

¡Váyanse de mi Lago!

La conocida frase de Matías Pérez Cruz, expresidente de Gasco, parece representar muy bien los tiempos que se avecinan. El viejo Lago Ranco poblado de pequeñas comunidades campesinas, fundos tradicionales y familias de larga historia en la zona, ha sido repoblado por grupos de familias santiaguinas de gran poder económico y gran influencia política, rompiendo la estructura ecológica y social de la hasta entonces reposada. zona de la Región de los Ríos.

La molestia causada por la presencia de tranquilas familias locales circulando por caminos interiores y por las riberas del lago no solo parece desagradar, sino que con frecuencia ha gatillado accesos de furia en estos nuevos y recientemente enriquecidos propietarios.

¿Existe en ellos un cierto sentimiento de que el Lago Ranco ahora les pertenece y que, con su mera presencia, de alguna manera los locales expresan una suerte de pobreza que no se desea ver, una cierta invasión a ese territorio que ven como suyo, es decir propiedad exclusiva del nuevo núcleo social que ahora estaba habitándolo?

Pues bien, ese mismo animo excluyente parece ser el que ha predominado en el proyecto de la familia Piñera. Ni siquiera aquellos sectores que poseen mayor cercanía política y social con ellos han sido integrados al proyecto que la familia Piñera parece tener en su cabeza.  Cuando se lee la DIA es claro que los propietarios de los viejos loteos pasaron a ser considerados tan inexistentes como los impactos de este sobre la ciudad de Futrono y las comunidades ribereñas.

Todos ellos fueron por igual considerados una molestia.  Y se les ocultó la información del proyecto a objeto que no pudiesen colocar hipotéticas trabas al proyecto. El silencio anterior a la presentación del proyecto parece haber estado directamente orientado a reducir a todo eventual involucrado a un silencio que impidiera todo tipo de oposición al nuevo rol pensado para ellos.

En el caso de los antiguos loteos, parecieran ser vistos solo como potenciales vendedores a precio vil de urbanizaciones que en un futuro cercano serán cercadas por construcciones que destruirán la calidad de su hábitat actual, en tanto para las comunidades aledañas se observa que se les ha destinado un rol más tradicional: proveedores de servicios y receptores de externalidades negativas.

Alejados los viejos habitantes de la zona de esta nueva suerte de desarrollo inmobiliario, no tendrán más opción que adaptarse a los requerimientos de la nueva urbanización y devenir en una suerte de “Soweto” Futronino, proveedor de mano de obra para servicios cuando así les fuera requerido, pero excluidos de acceso a este nuevo centro urbano y a las playas cuyo acceso se restringirá significativamente.

La imagen del nuevo proyecto luce, en las presentaciones realizadas por Arenas Blancas ante la prensa, tan resplandeciente como los proyectos de Donald Trump planteando una reconversión de las costas de Gaza en una nueva Riviera francesa. Pero como sucede en estos casos, la realidad. Siempre tiende a ser distinta a la realidad.

¿Urbanización de Lujo o sólo precios de lujo?

Un tema crucial de toda urbanización en tiempos de cambio climático es el agua. Ante las preguntas sobre el abastecimiento de agua potable, el silencio del proyecto es atronador.

Ante las preguntas sobre el destino del tratamiento de aguas sucedió algo peor que el silencio, se hizo claro que la supuestamente existente planta de tratamiento de aguas solo consistía en rudimentarias fosas de decantación de residuos sanitarios sin mayor capacidad de tratamiento de heces fecales, ni menos de otros desechos. Y que no existía la menor voluntad de la inmobiliaria de construir nada adicional.

La declaración de impacto ambiental sostiene que ese no es un problema que debería ser abordado por la inmobiliaria, quien se limitará a conectar las nuevas residencias a los servicios de alcantarillado provistos por una tercera empresa ajena al proyecto, pero no menciona siquiera que la compañía que monopólicamente otorga dicho servicio le pertenece a la familia Piñera Morel, lo cual muestra la clara intención de esta de desligarse de cualquier inversión mitigadora de un problema que jamás debiera haberse presentado en la ”urbanización de lujo” que pretenden vender.

Dos de los elementos de mayor atracción para lograr la venta de 300 nuevas segundas viviendas de alto costo debiera haber sido el saneamiento de la playa, actualmente abandonada por la inmobiliaria pues no desea invertir dinero en su mejora, y adicionalmente, según se esperaba desde los tiempos de Manuel Cruzat , debiese proveerse servicios náuticos y una moderna marina, pero ambos elementos parecen destinada a seguir sin concretarse, puesto que el diseño del proyecto parece resumirse en una frase paradojal, propiedades caras de costo barato e inversión mínima. Es decir la típica pasada inmobiliaria tipo Dunas de Concón.

En efecto, el proyecto se limita a señalar que se construirán edificios de cuatro y 5 pisos en la ribera del lago, sin incorporar en ello ninguna acción de modificación de la playa ni de instalación de. inversiones que pudieran mejorara situación actual. En otras palabras, un proyecto que pretende atraer. a sectores de altos ingresos ofertándoles propiedades de lujo meramente cosmético. Sin proveerles construcciones de primer nivel, servicios de calidad ni sostenibilidad ambiental. El proyecto más bien los enfrenta a aquellos impactos ambientales negativos, tan propio de las urbanizaciones salvajes. Eso parece ser lo que allí pretende desarrollar la familia Piñera.

La autoridad ambiental se percató de esto y tras la visita al terreno de la gobernación marítima, es decir de la misma autoridad que rescató del Lago Ranco el cuerpo de Piñera, en un informe firmado por el capitán de fragata Gonzalo Towsend, definió que, en atención a la necesidad de descartar la afectación indirecta a la calidad de aguas de lago Ranco, debía solicitarse al titular del proyecto ampliar la información acerca de este, proporcionado información técnica que acredite la capacidad del sistema de tratamiento de aguas servidas de Bahía Coique para absorber la carga adicional de las 309 unidades habitacionales, un elemento mínimo que el proyecto habia evitado desarrollar a la espera de dicho problema pasase desapercibido, cosa que no sucedió.

De aceptarse por el SEA las recomendaciones de la marina, esto debería incluir, entre otros aspectos un estudio de las condiciones actuales en la que está funcionando el sistema de tratamiento de aguas (negras, grises y aguas lluvia). Un análisis de las modificaciones asociadas a cambios de normativas, considerando que la aprobación de la planta que los Piñera mantienen hoy en operación se realizó hace ya hace 3 décadas. Un estudio de la capacidad instalada y operativa del sistema de tratamiento, así como un análisis de la demanda actual y proyectada, de las medidas de control en caso de sobrecarga del sistema y las modalidades detalladas de la disposición final de lodos y aguas tratadas.

Era evidente que en caso que las repuestas que Arenas Blancas a estos requerimientos de la autoridad sean insuficientes, esta concluirá que el sistema existente no cuenta con la capacidad suficiente, lo cual posiblemente la hará tomar una decisión crucial en torno a si se permitirá escalar el proyecto en su actual estado o si se requerirá un EIA antes de otorgar continuidad al proyecto, una situación muy similar a la que enfrentó en su momento el proyecto Dominga y que terminó por derrumbarlo.

Sin duda la familia Piñera debió desde un inicio evaluar la implementación de alternativas, tales como la construcción de un sistema de tratamiento independiente o la ampliación del sistema actual, considerar la estacionalidad y variaciones de caudal de los desechos y aguas servidas, dado el carácter de segunda vivienda que reviste el proyecto. Pero pese a ello su inmobiliaria no  aportó información relativa a los distintos caudales y capacidad de tratamiento que debiera tener, en etapa de operación, una planta en condiciones de ofertar servicios sanitarios de calidad a las trescientas nuevas casas y departamentos

Arenas Blancas, según reseña el Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA), documento preparado por el SEA y que consolida las consultas, aclaraciones o rectificaciones solicitadas por los servicios competentes al proponente o titular de la DIA y que fue elaborado por las entidades públicas reguladoras y supervisoras, solicita al proponente aclarar y modificar la información respecto de la generación de aguas servidas, resaltando la discrepancia entre el número de unidades habitacionales informado en la descripción del proyecto (208 unidades versus 309).

Resulta increíble el que ese tema crucial no hubiese sido incorporado en un proyecto que pretende tener un alto nivel de calidad y sostenibilidad, pero así sucedió, lo cual parece ilustra el hecho que este proyecto ha sido construido como una “pasada” buscando una irreal rentabilidad que obvia los turbulentos tiempos que enfrenta la economía mundial y el sector inmobiliario en particular.

El destino de este proyecto parece ser su fracaso, lo cual alumbraría el que ni los herederos ni sus empleados a cargo de la gestión poseen capacidades análogas a las de Sebastián Piñera, ni siquiera en el campo de realización de “pasadas”.

Poco debiera importar al país el que ellos dilapiden una parte menor de su fortuna en proyectos inconducentes y destinados al fracaso, pero si debiera importarnos a todos el si esa chambonada trae como consecuencia la destrucción de un bien común tan preciado como el Lago Ranco, amenazando con ello la vida y potencial prosperidad de sus comunidades.