Cohecho y lavado de activos: Los delitos por los que Ángela Vivanco podría quedar en histórica prisión preventiva
En lo que sería un hecho histórico, Ángela Vivanco podría ser la primera exministra de la historia en la Corte Suprema en quedar en prisión preventiva, cuando sea formalizada este lunes por los delitos cohecho y lavado de activos.
Esto, luego que el pasado viernes se acogiera querella de capítulos presentada en su contra, en el marco de la investigación conocida como ‘Trama bielorrusa’.
La caída de Ángela Vivanco
Según se ha conocido de este caso, la investigación apunta a la recepción de sobornos por parte de una intermediaria de origen bielorruso, a cambio de resoluciones judiciales favorables en causas de alto impacto.
La exmagistrada, quien fue destituida de su cargo en la Corte Suprema durante el año 2025 tras detectarse diversas irregularidades, habría recibido sumas de dinero que aún son materia de cuantificación por parte del Ministerio Público.
La audiencia de control de detención y formalización está programada para hoy lunes 26 de enero a las 11:30 horas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Fuentes judiciales indican que existe la posibilidad de que se solicite la medida cautelar de prisión preventiva, lo que podría implicar el ingreso de Vivanco al Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Miguel.
Esto se convertiría en un hecho histórico pues jamás un o una exministro de Corte Suprema ha recibido la medida cautelar más gravosa.
Gobierno reacciona a detención de Vivanco
Ante la situación, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó el episodio como “un golpe institucional muy severo” para el país.
El secretario de Estado señaló a la prensa que “no tenemos registro” de una situación similar en la historia de la Corte Suprema, destacando la gravedad de que una exautoridad del máximo tribunal enfrente cargos de esta naturaleza.
“Es una imagen muy fuerte. La detención de una exministra de la Corte Suprema marca un precedente que afecta la confianza en las instituciones”, agregó Cordero, subrayando que el caso pone en evidencia la necesidad de resguardar la independencia y probidad del Poder Judicial en un contexto de alta polarización social.
