CGR golpea a trabajadores de protección a la niñez: dictamen reduce sueldos al desconocer horas históricas de labor
La tensión que desde hace años arrastra el sistema de protección a la niñez en Chile volvió a estallar públicamente luego de que la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio de Protección Especializada (ANTRAP) advirtiera un retroceso histórico de sus derechos laborales tras un dictamen de la Contraloría.
Y es que, lo resuelto por el organismo fiscalizador cambia la forma en que se calculan los pagos asociados a feriados, permisos y licencias médicas del personal que trabaja en turnos de 12 horas durante todo el año.
Se trata del dictamen E-121666/2025, el cual desconoce las horas históricas afectando las remuneraciones de tutores, encargados de vida familiar y TENS.
Lo anterior se da en un complejo escenario en el que los profesionales deben además enfrentarse a crisis conductuales, episodios de agresión y alta demanda emocional en su labor diaria.
La organización insiste en que estas modificaciones profundizan un modelo laboral que ya funciona al límite. “El sistema lo sostienen trabajadores precarizados”, advierten desde la asociación, remarcando que el Estado no puede exigir estándares elevados de cuidado mientras reduce las condiciones básicas de quienes lo hacen posible.
Llamado a la Contraloría
La asociación emplazó directamente a la Contralora solicitando reconsiderar el dictamen debido a que desconoce “el pago promedio de horas históricas consideradas como parte de la jornada ordinaria, tales como el derecho a feriados, licencias médicas y permisos, lo que constituye un grave retroceso de los derechos laborales”.
Asimismo, pidieron al presidente Gabriel Boric enviar un proyecto de ley que garantice estos derechos y otorgue coherencia a la política pública que, desde el propio Estado, ha insistido en “la necesidad de cuidar a los que cuidan” y en que “las y los niños están primero”.
Llamado al Congreso
ANTRAP también apeló a diputadas y diputados a hacerse cargo del problema, proponiendo una reforma que elimine interpretaciones administrativas que, a su juicio, desmantelan protecciones construidas durante dos décadas.
El gremio advirtió que esta decisión afecta tanto al Servicio de Protección Especializada como al Servicio de Reinserción Juvenil al precarizar la labor de cientos de funcionarios.
El comunicado finaliza recordando que lo que está en juego no es una diferencia técnica, sino las condiciones mínimas para sostener el cuidado cotidiano de miles de niños y niñas en contextos de alta vulnerabilidad.
