Cerraron con candado y piedras un camino usado por 70 años tras retractarse de autorizar mejoras: Corte ordena reabrirlo
La historia comenzó cuando, en la primera mitad de abril de 2025, la familia recurrente llegó hasta su predio rural y encontró que el único acceso había sido completamente clausurado.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el cierre no fue menor: un portón de madera asegurado con candado, un nuevo cerco hecho con alambres de púa y estacas, y varias piedras de gran tamaño bloqueando el paso de personas y vehículos.
Según explicaron en su recurso, ese camino ha sido utilizado por su familia y otros herederos durante más de 70 años para ingresar a su terreno de 73,2 hectáreas, lo que hacía imposible entender una interrupción repentina de ese tránsito histórico.
El conflicto surgió mientras la sucesión propietaria realizaba trabajos de mejoramiento del camino con maquinaria pesada.
Aunque al inicio existía un acuerdo verbal con uno de los vecinos para permitir estas obras e incluso ajustar el trazado, la situación cambió abruptamente tras un mensaje de WhatsApp enviado por un tercero que se opuso a la intervención.
Acto seguido, el acceso quedó bloqueado. La clausura fue constatada y fotografiada el 16 de abril, evidenciando la imposibilidad total de entrar o salir del predio.
El caso fue revisado por la Corte de Apelaciones de Temuco, donde los recurridos negaron categóricamente que se tratara de un camino vecinal.
Afirmaron que nunca ha habido una vía pública ni una servidumbre y que se trata solo de una huella interna utilizada por ellos desde la adquisición de sus lotes.
También acusaron a la contraparte de intentar abrir paso para facilitar un futuro proyecto de parcelación.
Sin embargo, el tribunal —con fallo redactado por el abogado integrante Reinaldo Osorio Ulloa— concluyó que, aun existiendo una controversia sobre la naturaleza jurídica del camino, lo cierto es que los propios hechos acreditados muestran un uso previo y sostenido, y que los recurridos no podían, por vías de hecho, interrumpir ese tránsito histórico.
La Corte recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema que prohíbe la autotutela y que obliga a resolver estas disputas en sede judicial correspondiente.
Finalmente, el tribunal acogió el recurso y ordenó reabrir el acceso, retirar candados, cercos y piedras, mantener el tránsito en las mismas condiciones previas al conflicto y pagar $300.000 por costas.
