“El activismo ambiental no es un crimen”: Greenpeace avanza en contrademanda tras fallo por difamar a una petrolera
Movimientos ambientales del mundo están mirando cómo avanza el caso de la empresa de transporte de petróleo y gas, Energy Transfer, que le ganó un juicio a la ONG Greenpeace en Estados Unidos por difamación.
El fallo, en una primera instancia ordenó a la organización ambientalista a indemnizar a la empresa por US$ 667 millones, aunque luego el caso se revisó y el monto se redujo a US$345 millones.
Energy Transfer acusa a Greenpeace Estados Unidos de haber articulado las manifestaciones de comunidades indígenas en 2016 y 2017 contra el cruce de un oleoducto de la empresa por el río Missouri, cerca de la reserva sioux de Standing Rock.
Ante el fallo, Greenpeace Internacional interpuso una contra demanda, en la que alegan que el caso no busca realmente resarcir un daño sino intimidar a la ONG y a las protestas ambientales. Abogados califican estos casos como litigios estratégicos contra la participación pública o SLAPP por sus siglas en inglés.
La empresa intentó frenar esta contrademanda con un recurso que fue rechazado recientemente, por lo que la causa anti-SLAPP sigue su curso. Se trata del primer caso que utiliza el artículo 17 de la directiva de la Unión Europea para casos contra la participación pública.
Criminalización ambiental en el mundo
“Estos casos buscan distraer e intimidar el movimiento. Quieren que retrocedamos en nuestra acción climática y que parte de nuestros esfuerzos se gasten en protegernos. Pero la urgencia de la crisis climática nos pide lo contrario. Tenemos que mandar una señal clara: El activismo ambiental no es un crimen. Es una piedra angular de una democracia sana y es más necesario que nunca”.
Esta fue parte de la declaración de la asesora política de Greenpeace International, Patricia Lerner, ante un auditorio lleno de activistas del mundo en la semana de la sociedad civil ICSW celebrada en Tailandia este noviembre. Allí, alertó sobre el aumento de estas demandas en un contexto de creciente autoritarismo a escala global.
“Greenpeace está bajo ataque pero esto no se trata solo de nosotros. Este litigio millonario marca un hito histórico de escalamiento de la represalia corporativa que está creciendo en el mundo. Es un intento calculado por dejar el disentimiento en bancarrota, retroceder el progreso ambiental y enviar una aterradora amenaza a otras ONGs: hagan silencio o serán destruidas”, cerró la representante.
Contra el activismo en Chile
En el país, abogados ambientales también han alertado por el aumento en causas de este tipo, que incluso en muchos casos han sido retiradas por las mismas empresas que las interpusieron, luego de años de tramitación en que los activistas ambientales vivieron la incertidumbre de enfrentarse a multas millonarias.
Esta alerta aumenta ante la retórica del candidato presidencial José Antonio Kast, que identificó al "ambientalismo, indigenismo y animalismo extremo" como entes que obstaculizan el desarrollo económico del país.
Un caso identificado como tal es el del defensor ambiental Rodrigo de la O, demandado por la inmobiliaria Costa Calán luego de expresar en medios de comunicación su crítica contra un proyecto de la empresa al lado de un santuario de la naturaleza.
La inmobiliaria demandó al defensor en 2020 por $200 millones por daños a su imagen. Tras cuatro años de proceso judicial, la inmobiliaria desistió de su demanda y fue condenada por el juzgado a pagar los costos del juicio.
Un caso similar ocurrió con la empresa eléctrica ISA Interchile, señalada como una de las responsables del masivo corte de luz. En 2019, la empresa presentó querellas contra defensores ambientales que se colgaron de una torre de alta tensión para protestar por un proyecto de la empresa y su afectación a bosque nativo de conservación.
El caso fue investigado por el ministerio público durante 2024 y en enero de 2025 los ambientalistas fueron absueltos. El abogado de los defensores, Miguel Fredes, acusó que la demanda de la empresa tenía el fin de criminalizar la defensa ambiental.
Otro caso aún en curso es el de la empresa acuícola Inversiones Nalcahue contra dos abogados de la ONG de derecho ambiental FIMA, que representan a una comunidad mapuche que se opone a la operación de una salmonera de la empresa en el río Chesque.
La empresa fue sancionada por operar sin permiso ambiental desde 1998, y la Corte Suprema ratificó dicha sanción en enero de este año.
