Sanitaria es condenada a pagar $60 millones a propietario que por rotura de matriz quedó con su casa inhabitable
La rotura de una matriz de agua en marzo de 2019 en Arica cambió la vida de una familia que vio su casa transformarse en un lugar inhabitable.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, las grietas aparecieron primero en los muros y vigas, después en la vereda y la calle frente al inmueble, hasta que un socavón de gran magnitud puso en riesgo no solo la propiedad, sino la integridad de quienes allí vivían.
Lo que comenzó como un regreso de vacaciones con una sorpresa desagradable terminó convertido en un largo proceso judicial que recorrió tres instancias, con un fallo final que obligó a la empresa Aguas del Altiplano a indemnizar con $60 millones al propietario, tras comprobarse que la rotura de la red fue la causa directa de los daños.
La discusión se centró en la responsabilidad de la sanitaria, que en un inicio rechazó cualquier culpa, atribuyendo los problemas a la calidad del terreno salino donde se levantó la vivienda y a supuestas construcciones irregulares.
Pero el paso de los meses y los informes periciales terminaron por inclinar la balanza a favor del demandante.
El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) constató la inhabitabilidad del inmueble y un peritaje externo encargado por la familia confirmó que los cimientos y estructuras principales estaban comprometidos.
El caso llegó hasta la Corte Suprema, donde la Primera Sala del máximo tribunal concluyó que la Corte de Apelaciones de Arica había fallado sin un análisis completo de la prueba, dejando sin valorar testimonios, informes técnicos y videos aportados en la causa.
“Al revocar y rechazar la demanda, los jueces omitieron considerar pruebas esenciales, configurando el vicio del artículo 768 N°5 en relación con el artículo 170 N°4 del Código de Procedimiento Civil”, señaló la sentencia de casación.
La demanda tras un socavón que partió una casa
El 19 de marzo de 2019, al volver de vacaciones, el propietario encontró que su vivienda presentaba daños visibles: muros agrietados, pilares comprometidos y un descuadre evidente en su estructura.
Afuera, la situación no era mejor: las veredas estaban levantadas, la calle mostraba un enorme socavón de aproximadamente 15 metros y un poste de luz amenazaba con caer.
Ante la emergencia, llamó de inmediato a la empresa sanitaria. Según se acreditó en el juicio, el personal de Aguas del Altiplano llegó esa misma madrugada, rompió el pavimento y dejó a la vista una fuga proveniente de la matriz de agua potable.
Uno de los trabajadores, registrado en un video que luego fue presentado en el proceso, admitió que la compañía sabía de la fuga desde hacía meses, pero que no había logrado ubicar con precisión el punto de la filtración.
La empresa, sin embargo, respondió oficialmente el 5 de abril de ese año, excusándose de cualquier responsabilidad.
Afirmó que los daños se debían al terreno salino y que, si bien reconocía que el agua había provocado deterioros, estos no podían atribuirse a su actuar. “La situación del inmueble es un hecho ajeno a nosotros”, sostuvo en su carta.
El Serviu Regional emitió un informe lapidario: la vivienda estaba inhabitable por riesgo de colapso inminente y la causa principal de los daños era la rotura de la matriz, que provocó la pérdida de rigidez en el suelo de fundación.
El propietario, al no recibir respuesta satisfactoria, demandó a la sanitaria por $136 millones, monto que incluía la demolición y reconstrucción de la casa, el arriendo de otra vivienda y un daño moral estimado en $60 millones.
De la condena inicial al rechazo en segunda instancia
El Segundo Juzgado de Letras de Arica, a cargo del juez Gonzalo Roberto Quiroz, acogió parcialmente la demanda en abril de 2023.
El tribunal condenó a la empresa al pago de $55.694.500 por daño emergente y $5.000.000 por daño moral, rechazando el resto de lo solicitado.
“El sujeto pasivo incumplió su deber de cuidado, incurriendo en un acto ilícito y culpable”, resolvió el juez, descartando que se tratara de un caso fortuito.
La sanitaria apeló a la Corte de Apelaciones de Arica y presentó también un recurso de casación en la forma.
En abril de 2024, la Segunda Sala de dicho tribunal —integrada por los ministros María Verónica Quiroz, José Delgado y Reynaldo Oliva— revocó el fallo y rechazó íntegramente la demanda.
La Corte estimó que la prueba era insuficiente para acreditar un nexo causal entre la rotura de la matriz y los daños de la vivienda.
Consideró que los testigos eran “de oídas”, que los videos no aportaban claridad y que el informe del Serviu se basaba en comentarios del propietario.
“El material probatorio no permite dar por establecido que la rotura de la matriz haya provocado los daños reclamados”, concluyó la sentencia.
Esa decisión fue un golpe duro para la parte demandante, que decidió recurrir a la Corte Suprema.
En su recurso, sostuvo que los jueces de segunda instancia omitieron analizar medios probatorios clave, como los videos en los que se escuchaba a un trabajador de la empresa reconocer que la fuga era conocida desde hacía cuatro meses.
La Suprema cuestiona la falta de análisis de la Corte de Arica
La Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por las ministras Andrea Muñoz y María Soledad Melo, el ministro Mario Carroza y las ministras suplentes Hernán González y Eliana Quezada, acogió el recurso de casación en la forma el 25 de agosto de 2025.
El fallo fue categórico al señalar que la Corte de Arica revocó la sentencia de primera instancia sin hacerse cargo de la prueba rendida.
“Al descartar los testimonios, informes y once videos acompañados, sin un análisis detallado, la sentencia carece de fundamentación y se incurre en el vicio previsto en el N°4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil”, sostuvo el máximo tribunal.
La Suprema recalcó que la inhabitabilidad de la vivienda no estaba en duda y que los daños eran consecuencia directa de la filtración.
“Resultaba indispensable analizar la totalidad de la prueba rendida en autos, lo cual no se hizo”, advirtió la sentencia.
En consecuencia, la Corte Suprema anuló la resolución de la Corte de Apelaciones y dictó una sentencia de reemplazo.
En ella, confirmó el fallo de primera instancia que condenó a la sanitaria a pagar $55.694.500 por daño emergente —demolición y reconstrucción de la casa, gastos de arriendo y peritajes— y $5.000.000 por daño moral, en total $60.694.500.
La resolución final, redactada por la ministra María Soledad Melo, enfatizó que la empresa incumplió su deber de cuidado y que la fuga de agua fue la causa principal del socavón y los perjuicios sufridos.
