Siempre hay opciones para proteger el patrimonio
Hace un mes recibimos la noticia de que se autorizaba la posible tala de 96 Araucarias por obras viales en La Araucanía. El hecho se hizo noticioso y rápidamente levantó la voz de las comunidades mapuche y de organizaciones ambientales.
Finalmente, ante el revuelo público, unos días después el Gobierno -a través del Seremi de Obras Públicas de La Araucanía- confirmó que no habría tala para la ejecución del proyecto, sino que se retomaría el diseño original, descartando la versión modificada que contemplaba afectar a los ejemplares de esta especie.
Aquí surgen un par de preguntas: ¿qué habría pasado si no se hubieran alzado las voces de las comunidades y organizaciones ambientales? ¿Qué habría ocurrido si no se hubiera difundido y convertido en noticia? Probablemente habría pasado “colado”, como solemos decir. En definitiva, esto demuestra que siempre existen opciones cuando se trata de proteger el patrimonio.
El 8 de marzo de 2023, mediante el decreto 12 del Ministerio de Bienes Nacionales, el Gobierno dictaminó la creación del “Parque Nacional Desierto Florido” en la Región de Atacama. Una medida completamente justificada considerando que se trata de un fenómeno único en el mundo, donde coexisten más de 300 especies, en su mayoría endémicas.
Este lugar es de importancia e interés mundial. Sin embargo, la semana pasada se conoció la noticia de que la SONAMI (Sociedad Nacional de Minería) -una voz influyente y poderosa en el rubro- acudió a tribunales para invalidar la creación del parque, acusando “expropiación regulatoria”, ya que parte de las 57 mil hectáreas del proyecto cubren concesiones mineras de exploración y explotación.
Es importante aclarar que la SONAMI no se opone a la creación del parque en sí, sino a su extensión, alegando que se debe volver a los términos originales, que contemplaban 40 mil hectáreas. Nuevas preguntas se abren ante este caso: ¿es negociable la protección de un lugar único en el mundo y con serios riesgos de desaparecer para siempre? ¿Se justifica el dinero que puede producir la actividad minera a costa de poner en riesgo un patrimonio que ha existido por miles de años y que podría seguir siendo admirado por las futuras generaciones? Creo que siempre hay opciones.
Actualmente me encuentro desarrollando una investigación para optar al título de Administración Pública, centrada en el patrimonio de la Laguna de Tagua Tagua, un sitio arqueológico que se cuenta entre los más relevantes de Chile y América del Sur para el estudio de la vida humana en el Pleistoceno tardío, su interacción con la megafauna y los cambios climáticos. La laguna se ubica en la Región de O’Higgins.
A través de entrevistas a distintos actores involucrados he podido concluir que este lugar se encuentra en un momento especialmente favorable para ser protegido, conservado y puesto en valor, configurándose como un motor de desarrollo local y regional mediante el impulso del turismo y la generación de oportunidades económicas.
Estas condiciones son posibles gracias a las voluntades institucionales expresadas en las actuales autoridades locales, a los aportes del mundo académico -a través de las universidades- y, sobre todo, a la convicción de la comunidad: fundaciones, agrupaciones, museos, colegios y vecinos profundamente conmovidos y convencidos de que este lugar los identifica, debe ser cuidado y transmitido a las futuras generaciones, entendiendo que todo aquello trae de la mano la posibilidad de dinamizar el territorio mediante turismo y emprendimientos locales.
Pero, a pesar de que hoy existan condiciones favorables, en el fondo nada está asegurado. ¿Qué ocurre si una futura autoridad local decide que el lugar no es importante -como ya ha pasado-? La Laguna corre entonces el serio riesgo de quedar nuevamente “botada”. ¿Y qué pasaría si surge un plan maestro o un proyecto que entre en conflicto con los intereses de los grandes viñedos del sector? ¿Dependerá su destino de que la situación se haga noticiosa? En ese escenario, la protección y conservación de la Laguna volverían a quedar en entredicho.
En conclusión, si realmente queremos proteger patrimonios tan importantes para nuestra identidad y nuestra naturaleza, debemos tener tres cosas concretas: la convicción como país de resguardar estos bienes; establecerlo por escrito, evitando dejar abiertas ventanas que relativicen su preservación; y, por último, asegurar un financiamiento que permita institucionalizar estas acciones y llevarlas a cabo.
Siempre hay opciones cuando se trata de cuidar el patrimonio. Solo se necesita la convicción de tomar la decisión correcta.
