Apuñalan a joven de 15 años en residencia ya seguida por violencia y malos tratos: Defensoría se querella
La Defensoría de los Derechos de la Niñez presentó una querella criminal ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, atribuyéndole eventuales responsabilidades en el delito de homicidio simple en grado de frustrado.
El tribunal declaró admisible la acción, que surge a partir de un grave episodio ocurrido en octubre dentro de una residencia de protección ubicada en la comuna de Santiago.
Según detalla la institución, el incidente ocurrió el 16 de octubre, cuando un adolescente de 15 años fue atacado por otro joven al interior del recinto, administrado por la Fundación Chilena para la Discapacidad.
La víctima sufrió tres heridas profundas en el torso, lesiones que pusieron en riesgo su vida y le dejaron secuelas neuromotoras permanentes.
Para la Defensoría, este resultado era previsible y pudo haberse evitado si las autoridades hubieran ejercido las medidas legales y administrativas que exige su rol de garantes.
El organismo señala que las advertencias no comenzaron con este caso. Desde noviembre de 2023, la Defensoría había informado reiteradamente sobre vulneraciones graves en residencias administradas por la misma fundación, incluida aquella donde ocurrió el ataque.
Pese a fiscalizaciones negativas, observaciones formales y sanciones previas, los recintos siguieron operando y continuaron recibiendo ingresos de nuevos adolescentes, sin que se produjeran cambios efectivos.
Los reportes previos daban cuenta de múltiples irregularidades, entre ellas infraestructura peligrosa, ausencia de personal capacitado, malos tratos hacia los residentes y omisión de denuncias ante situaciones graves.
También se registraron episodios de violencia entre pares, transgresiones sexuales y presencia de armas, configurando un ambiente que la institución describe como riesgoso y sin condiciones mínimas de protección.
La Defensoría afirma que la querella busca establecer responsabilidades penales respecto de autoridades que, teniendo la obligación de intervenir, no adoptaron medidas para resguardar la integridad de los adolescentes.
A juicio del organismo, esta inacción permitió que continuaran expuestos a situaciones que representaban daños graves y permanentes.
