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Gobierno de Milei insiste en culpar al kirchnerismo por muerte de 100 personas a causa de fentanilo contaminado
Foto: Agencia EFE

Gobierno de Milei insiste en culpar al kirchnerismo por muerte de 100 personas a causa de fentanilo contaminado

Por: Nicole Donoso / EFE | 16.08.2025
El ministro de Salud argentino atribuyó a “mala praxis” y posibles irregularidades en el control del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) la contaminación con bacterias multiresistentes en ampollas de fentanilo que causaron la muerte de al menos 100 pacientes en hospitales de varias provincias.

El ministro de Salud de Argentina, Mario Lugones, expresó en una entrevista televisiva que las muertes de al menos 100 personas, provocadas por el uso médico de fentanilo contaminado, pudieron deberse a "mala praxis" de funcionarios con cobertura política "no de este gobierno".

Las de declaraciones del ministro se suman a las del presidente Javier Milei, quien apuntó contra Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma Group S.A, un kirchnerista "empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política".

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El ministro Lugones apuntó a fallas de control por parte del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que depende de su ministerio.

"Me pongo muy mal cuando hablo de esto, porque soy médico y esto es un atentado a la gente. No tienen derecho a hacer lo que hicieron", dijo, en relación a Lugones en referencia al laboratorio -ya clausurado- que produjo las ampollas de fentanilo que cargaban bacterias multiresistentes y fueron distribuidas en decenas de hospitales del país.

El proceso de control de calidad fue, según hipotetizó el ministro, objeto de "mala praxis" y "negligencia" por parte del Iname, que depende de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), al tiempo que deslizó la posibilidad de que se trate de un caso de corrupción.

El Iname es conducido a la fecha por Gabriela Mantecón, funcionaria que asumió su rol durante el Gobierno anterior, y Lugones diferenció a esa funcionaria de Agustina Bisio, directora de la Anmat, designada por la gestión actual.

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"No se puede creer que un laboratorio sea sucio, si fuera estéril no habría bacterias en las ampollas. No tienen perdón de nadie, hay que meterlos presos a ellos y todos los cómplices. Esta gente llegó acá porque tiene corbertura política, y no de este Gobierno", dijo la autoridad de gobierno.

Haciéndose eco de los reclamos de los familiares de las víctimas, algunas de las cuales en diálogo con EFE reclamaron que el caso no se politice para evitar demoras en la investigación, Lugones dijo: "Estamos de acuerdo con los familiares, queremos que se resuelva lo más rápido posible".

Agregó que desde el Ministerio de Salud siguen haciendo controles para determinar si la inspección gubernamental sobre el laboratorio fue realizado correctamente.

Consultado sobre los recortes presupuestarios que el Gobierno argentino lleva adelante en todos los organismos estatales, aseguró que en la Anmat el achicamiento no es presupuestario o de personal, sino de funciones de control en diversas áreas, y no sobre el control de medicamentos.

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Al menos 100 muertos

Dos lotes de fentanilo contaminado, que suman más de 300 mil ampollas, fueron producidos por Laboratorios Ramallo para HLB Pharma en diciembre de 2024 y distribuidos en más de 200 centros médicos del país.

Las ampollas de esos lotes contenían bacterias multiresistentes muy perjudiciales para la salud de personas en frágil estado de salud.

Este potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Hasta ahora se han detectado 100 muertes en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Formosa, además de la capital argentina, una cifra que aumenta a medida que la Justicia investiga.

Hay 24 sospechosos -García Furfaro, además de socios, familiares y empleados de los laboratorios- que tienen prohibida la salida del país, los bienes inhibidos y una investigación patrimonial abierta, precisaron fuentes judiciales, tras más de 22 allanamientos a empresas, organismos públicos y domicilios privados.

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