La Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (APROJUNJI) emitió una declaración pública luego del informe de la Contraloría posicionara a esta institución como la que más uso indebido dio a licencias médicas durante entre 2023 y 2024.
La información fue dada a conocer el pasado martes 20 de mayo cuando la Contraloría General de la República (CGR) constató que cerca de 25 mil funcionarios públicos solicitaron más de 35 mil licencias médicas para viajar al extranjero.
La Junji fue la institución que encabezó la lista, seguido de la Fundación Integra y la Municipalidad de Antofagasta.
En su declaración, la primera institución se defiende de lo que consideran un "daño irreparable a la imagen institucional" sin dar a conocer el debido contexto.
"Recibimos los sueldos más bajos dentro de la administración pública. Por ello, también esperamos que se visibilicen y denuncien los abusos del Estado hacia sus trabajadoras y trabajadores", se lee en la declaración.
Y es que desde la Junji piden la realización de investigaciones que transparenten cuántas licencias médicas responden a motivos por sobrecarga laboral, enfermedades profesionales y riesgos psicosociales.
Algunas de ellas vinculadas a la Ley Karin y "a situaciones de maltrato de usuarios".
Por otro lado, piden a los medios de comunicación un "tratamiento responsable" del caso ya que la institución cuenta con 23 mil trabajadoras y trabajadores a nivel nacional, por lo tanto "cualquier análisis estadístico nos sitúe con números absolutos altos".
En ese sentido, temen que esta cifra genere "una estigmatización general" de quienes trabajan educando a miles de niños y niñas.
A modo de hacer frente a esta situación, Junji insta a que se "sancione ejemplarmente" a quienes incumplieron su reposo médico. "No defendemos abusos ni faltas a la ética y la probidad", afirman.
Para eso, piden a las autoridades competentes "acelerar los sumarios y procesos disciplinarios" para sancionar a quienes realmente incurrieron en estas prácticas.
En la misma línea, aseguran que han implementado los mecanismo correspondientes para detectar irregularidades de este tipo dentro de la institución, como la implementación integral de Licencias Médicas Electrónicas (LME) y el Plan de Ausentismo Laboral.
Por otro lado, realizan un llamado a "no instrumentalizar esta situación con fines de oportunismo personal o campañas políticas", pues solo dañará aún más la imagen de la institución.
Finalmente, "también esperamos que los abusos del Estado hacia sus propios funcionarios sean visibilizados y corregidos".
