Por tercera vez el Comité de Ministros rechazó el proyecto minero portuario Dominga en febrero de este año, tras un polémico fallo del Primer Tribunal Ambiental, que anulaba la decisión anterior y ordenaba volver a votar el proyecto.

Pero esa votación también fue impugnada por el Tribunal a través de una resolución donde anulan parte de los argumentos usados para rechazar denuevo el proyecto, y piden que el Servicio de Evaluación Ambiental complemente la resolución sin usar esos argumentos.

Ahora, el Comité de Ministros acusó de inconstitucional e ilegal esta resolución, y presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre si el tribunal excedió sus atribuciones.

“El Primer Tribunal Ambiental, contraviniendo la Constitución y la ley, se atribuye potestades privativas del Comité de Ministros, impartiendo instrucciones directas a la Secretaría Técnica de dicho comité, para determinar el contenido de sus decisiones sobre el proyecto Dominga”, se declara en un comunicado del Comité de Ministros.

Esta acción se suma al pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente, desde donde defendieron la legalidad de la decisión del Comité de Ministros, y declararon que el Servicio de Evaluación Ambiental presentaría un recurso de apelación contra esta resolución.

También se suma a acciones similares interpuestas por representantes de organizaciones y sindicatos de pescadores de la zona de La Higuera, donde se instalaría el proyecto. Abogados ambientales han acusado un actuar ilegal del Primer Tribunal Ambiental, que estaría “forzando” a aprobar el proyecto Dominga.