Ilegal e inédita son las palabras que están usando los abogados de la Alianza Humboldt para referirse a la última resolución del Primer Tribunal Ambiental, que ordena modificar la resolución que rechazó por tercera vez el proyecto minero portuario Dominga.

El tribunal anuló algunas partes de la resolución del Comité de Ministros donde se daban argumentos para rechazar Dominga. Esto por considerar que se abordaron cuestiones que no formaban parte del pronunciamiento original.

En definitiva, no ordena al Comité de Ministros a reunirse nuevamente y votar el proyecto, sino que exige que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) redacte un escrito complementando la resolución que rechazó el proyecto, sin usar aquellos argumentos que fueron anulados.

Esta resolución abre una nueva arista de incertidumbre para el futuro del proyecto Dominga, que ya fue rechazado en tres ocasiones, y que se instalaría en el Archipiélago de Humboldt. La comunidad científica internacional se ha levantado para alertar por los impactos que tendría esta operación en la rica y diversa fauna marina que tiene como hábitat clave esa zona de la costa chilena.

Inédito

Desde la Alianza Humboldt, que reúne a científicos, abogados y organizaciones locales que se oponen a Dominga, describieron esta resolución como “inédita” e incluso “ilegal”, ya que sostienen que el tribunal ambiental está excediendo sus atribuciones.

Esto porque en regla general, cuando un tribunal ambiental cuestiona una resolución del Comité de Ministros, anula la decisión y los ordena a reunirse nuevamente y votar el proyecto. En este caso, solo anula algunas partes de la resolución y pide al SEA complementar la decisión, lo que no había ocurrido antes. Esto cubre el futuro del proyecto en un nuevo velo de incertidumbre.  

“Ordenando aprobar Dominga, el Primer Tribunal Ambiental intenta algo que tiene estrictamente prohibido, determinar la decisión de la autoridad. En este caso, del Comité de Ministros. El Tribunal no puede, ni siquiera técnicamente, sustituir toda la información que ha puesto en duda la viabilidad de este proyecto, cuestión que le toca exclusivamente decidir a la autoridad administrativa”, explica Marcos Emilfork, Coordinador jurídico de la ONG FIMA, y representante de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros.

¿Qué pasa ahora?

El SEA deberá complementar la resolución del Comité de Ministros en un plazo de diez días, a menos que existan reclamaciones en contra de esta última resolución del tribunal. Distintas organizaciones locales y ambientalistas han anunciado que presentarán reclamaciones, por lo que el proceso se extendería hasta que estas queden resueltas.

Por el momento, el proyecto Dominga sigue rechazado por el Comité de Ministros. En proceso existen reclamaciones que hicieron distintas organizaciones de la sociedad civil al fallo anterior del tribunal ambiental, que ordenaba a votar nuevamente el proyecto. Esto se está tramitando ante la Corte Suprema.

Además, la empresa titular del proyecto, Andes Iron, declaró que recurriría ante la justicia en contra de la última resolución del Comité, que rechazó el proyecto por tercera vez. El plazo para que se presente esta reclamación vence el 26 de febrero.

Así, el proyecto continúa con su larga judicialización, instalando un nuevo halo de incertidumbre entre las comunidades costeras de la zona, que se debaten entre quienes quieren oportunidades laborales en minería y quienes quieren preservar las actividades artesanales que dependen de la buena salud del mar.