En medio de la creciente preocupación por la crisis de seguridad en las cárceles del país, un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló serias fallas en el sistema de inhibición de señal “Guardian”, implementado en los recintos penitenciarios para impedir que los internos utilicen dispositivos móviles e Internet.

A pesar de una inversión gubernamental de $5.600 millones, el informe constató que solo un 12% de los penales cuentan con el sistema y que, en muchos casos, este no bloquea efectivamente las señales, permitiendo que reos sigan operando libremente desde el interior de los recintos.

Mientras la Contraloría advierte sobre estos problemas de control tecnológico en las cárceles, otro hecho ha vuelto a poner en jaque el actuar de Gendarmería de Chile: una brutal golpiza sufrida por un imputado en el Complejo Penitenciario Biobío, que derivó en una investigación judicial y en una sentencia que obliga a la institución a reforzar las medidas de seguridad en sus instalaciones.

La agresión en el módulo 51

El caso se remonta al 23 de febrero de 2025, cuando un imputado, quien se encuentra en prisión preventiva en el módulo 51 del penal Biobío, fue violentamente agredido por funcionarios de Gendarmería.

Según la abogada Carolina Chang Rojas, jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el Biobío, la víctima estaba en el patio del módulo cuando cuatro gendarmes lo conminaron a salir del lugar.

Ante su negativa, un grupo mayor de funcionarios ingresó y comenzó a reducirlo a golpes.

El relato de la abogada indica que el interno fue golpeado con bastones en la cabeza y el cuerpo, esposado a la espalda, lanzado al suelo y rociado con gas lacrimógeno en el rostro.

Acusan que uno de los gendarmes le levantó la cabeza y le propinó una fuerte patada en la nariz, provocándole una fractura del tabique nasal.

Luego fue trasladado a un sector conocido como la "pecera", un espacio sin cámaras de seguridad, donde continuaron golpeándolo y pateándolo en el suelo.

Las agresiones solo cesaron cuando un suboficial ordenó detener el ataque y trasladar al interno al hospital del penal.

Dada la gravedad de sus lesiones, el afectado fue derivado al Hospital Guillermo Grant Benavente, donde se constató la fractura nasal y otras lesiones de diversa consideración.

Fallo de la Corte: Gendarmería incumplió su deber

Ante estos hechos, el INDH presentó un recurso de amparo en favor del interno, argumentando que Gendarmería de Chile había vulnerado su derecho a la seguridad personal y a la integridad física.

La Corte de Apelaciones de Concepción, en un fallo unánime, resolvió a favor del amparado, estableciendo que la institución penitenciaria no cumplió con su deber de protección.

El fallo fue dictado por la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras Valentina Salvo Oviedo, Jimena Troncoso Sáez y el abogado integrante Maximiliano Escobar Saavedra.

La sentencia indica que “Gendarmería de Chile es un servicio público del Estado y, como tal, es garante de la seguridad de todas las personas que se encuentran bajo su custodia, obligación que en este caso no fue cumplida”.

Además, la Corte destacó la ausencia de registros audiovisuales en un recinto donde sí existen cámaras de seguridad, señalando que “resulta particularmente extraño que las cámaras apostadas al interior de la unidad penal no hayan filmado el momento exacto en que se produce la agresión, no obstante registrarse otros instantes del evento”.

Si bien Gendarmería argumentó que la intervención se realizó en el marco de un procedimiento de contención ante un intento de desorden colectivo en el módulo 51, la Corte concluyó que las pruebas médicas confirmaban la gravedad de las lesiones y que los hechos denunciados eran concordantes con el relato del interno.

Medidas ordenadas por la Corte

La sentencia obliga a Gendarmería a adoptar una serie de medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir:

- Cumplimiento de protocolos: Se ordena que la institución respete los procedimientos de actuación conforme a la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en especial la Convención contra la Tortura.

- Refuerzo de medidas de vigilancia: Gendarmería deberá instalar cámaras fijas en todos los sectores donde haya contacto directo entre internos y funcionarios, además de dotar a los gendarmes de cámaras móviles durante sus procedimientos.

- Prevención de futuras agresiones: La institución deberá adoptar medidas concretas para impedir que se repitan atentados contra la seguridad individual de los internos.

El fallo también instruye a Gendarmería a informar sobre la implementación de estas medidas y remitir los antecedentes al Ministerio Público, donde ya se ha abierto una investigación por el delito de apremios ilegítimos.

Además, la institución penitenciaria inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades internas en el caso.

Un sistema en crisis

Este caso se suma a una serie de denuncias que han puesto en entredicho el manejo de la seguridad en las cárceles chilenas.

Las agresiones dentro de los penales, sumadas a los problemas en la implementación de tecnologías de inhibición de señal, evidencian una grave falta de control en los recintos penitenciarios.

Mientras el gobierno enfrenta críticas por la deficiente ejecución del sistema “Guardian”, la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción marca un precedente en la fiscalización del actuar de Gendarmería y en la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.