Un nuevo informe de la Controlaría General de la República (CGR) dio cuenta de una serie de fallas en los inhibidores de señal en las cárceles del país que facilitan el acceso de reos a servicios de telefonía e Internet.

En el documento se analiza la implementación del nuevo sistema inhibidor "Guardian", operativo a partir de abril del año pasado y por el cual el gobierno desembolsó cerca de $5.600 millones.

En concreto, la CGR sostiene que solo un 12% de los centros penitenciarios en Chile cuentan con un sistema inhibidor de señal telefónica.

Es decir, de las 79 cárceles solo 10 implementan este sistema: ocho recintos concesionados y dos de administración tradicional.

La investigación de la CGR nace a solicitud de los diputados UDI Henry Leal, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Fernando Bórquez y Juan Fuenzalida.

¿Qué irregularidades detectó la CGR en las cárceles?

Respecto a la evaluación en el área de cobertura del inhibidor "Guardian", esta se realizó los días 20 y 29 de agosto en CDP Santiago 1, CDP Santiago Sur y Unidad Especial de Alta Seguridad.

Como resultado, en cincos casos se detectó que dispositivos móviles no autorizados -en lista negra- "tuvieron acceso a conexión de voz y datos móviles". Además de constantes cambios en los códigos de identificación de estos aparatos que el sistema no logró captar.

Lo anterior se debe a que el sistema no cuenta con una temporalidad específica para detectar y analizar, por lo que tanto Gendarmería como el proveedor de servicios ignoran en qué momento el dispositivo ejecuta la acción de bloqueo, según constata el informe.

En la misma línea, la CGR dio cuenta de que pese a que un dispositivo permanezca bloqueado por el sistema, de igual forma logra conexión a Internet mediante una red Wifi.

Por otro lado, ciertos dispositivos autorizados -en lista blanca- que permiten la comunicación dentro de los recintos presentaron un funcionamiento irregular “referidas principalmente a la utilización de más de una tarjeta SIM en un mismo dispositivo y georreferenciación de IMSI en ubicación no autorizada, los cuales continúan en dicha lista”, señala el informe.

Respecto a este caso, fueron 13 los dispositivos de la lista blanca que “tuvieron vinculación con equipos móviles o tarjetas SIM bloqueados, sin que fueran catalogados e informados con conducta anómala por el proveedor del servicio”.

Mientras que 132 IMEI y 421 IMSI identificados por el sistema para ejecutar el bloqueo continuaron con señal de telefonía e Internet durante abril y junio del año pasado.

¿Qué acciones instruyó la CGR a Gendarmería?

La institución deberá implementar "un procedimiento formal de revisión del funcionamiento del aludido sistema (Guardian)", con una validación periódica de "tiempo de detección e identificación de dispositivos, la cobertura de alcance del aplicativo, que los equipos bloqueados “lista negra” no tengan accesos a telefonía móvil y conexión a internet”.

Además, Gendarmería deberá informar qué medidas o acciones correctivas implementarán para paliar las consecuencias de que aparatos bloqueados puedan conectarse a redes de Wifi.

Para concretar esta acción, la CGR estableció un plazo de 60 días a contar del día en que la institución destinataria recibió el documento.

"No hay una vulneración del sistema"

El director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, defendió el actual sistema de inhibición de señal asegurando que "sí funciona" y lo ha hecho con "efectividad", dijo en un punto de prensa.

En consecuencia, "eso produce tranquilidad tanto para el entorno más cercano del cuadrante Pedro Montt, así como también en el ámbito de la seguridad nacional respecto del combate a la criminalidad”, explicó.

Por lo tanto, "eso da paso a que puedan también irse sumando otros establecimientos penales”.

Además, gracias al sistema se han desbarato bandas criminales "que están operando tanto externamente como dentro del establecimiento”.

Inversión al "tacho de la basura"

Uno de los primeros en manifestar su indignación fue el diputado Marcos Ilabaca (PS) quien no comprende cómo es que el gobierno haya invertido recursos en las cárceles precisamente para atender este problema y aún así los errores persistan.

"El gobierno ha desarrollado inversiones importantes para poder inhibir señales de telefonía e internet en las cárceles. Pero resulta que hoy Contraloría nos dice que toda esta inversión está siendo mal utilizada y se va al tacho de la basura”.

Su molestia se enmarca en un contexto en donde la crisis de seguridad se acrecienta por lo que es fundamental trabajar por "cerrarle la puerta al crimen organizado, al narcotráfico y la delincuencia”.

En ese sentido, "uno de los espacios donde más se cometen crímenes hoy es al interior de las cárceles. El crimen organizado opera al interior de ellas".

Respecto a las responsabilidades en la materia, para el diputado parte de la culpa se le atribuye a los proveedores de servicios por su actuar "incompetente", y por la contratos antiguos, que deberían ser reformados.

Aprovechó de emplazar al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a hacerse cargo en relación al contrato acordado con la empresa israelí a cargo del sistema de inhibición de señal instalado en Chile, por lo que esperará a la próxima sesión de la Comisión de Constitución, y a la que asistirá el secretario de Estado, para conversar del tema.

En relación a los contratos antiguos, estos establecen que la inhibición aplica para señales 2G. En ese contexto, "¿hoy quién utiliza 2G? Hoy casi todos usamos 3G, 4G y hasta 5G. Entonces tenemos un servicio que está absolutamente dispar con lo que hoy se utiliza”, manifestó.