A casi dos año de implementada la Ley Papito Corazón, el sistema judicial enfrenta colapso por sobrecarga laboral, falta de personal capacitado y problemas de interconexión con instituciones financieras. Las liquidaciones han llegado a tardar hasta seis meses y miles de solicitudes se acumulan sin respuesta.

Si bien la ley fue diseñada para facilitar el cobro de deudas alimenticias, su ejecución ha revelado importantes nudos críticos en el sistema judicial chileno. La abogada de familia, Nickol Ortiz, señala que "respecto a la redacción y al acceso a realizar los cobros de la pensión de alimento creo que es un avance", pero "la implementación, lamentablemente, ha sido muy mala".

Los cinco callejones sin salida que enfrentan las madres en tribunales

El primer obstáculo que enfrentan las demandantes es el problema con las liquidaciones. Aunque la ley establece que éstas se harán de forma mensual y automática por oficio del tribunal, la realidad ha demostrado ser distinta.

La abogada de familia, Daniela Melillanca, explica que "los alimentarios no pueden accionar el procedimiento sin la liquidación de deuda, pero esta liquidación de deuda, a veces, está tardando hasta seis meses". Y cuando las madres solicitan nuevamente la liquidación, "el tribunal está diciendo 'no ha lugar', dando esta respuesta de que es automática".

El segundo callejón tiene que ver con la confusión sobre la conversión a UTM. En un principio, cuando la ley recién entró en vigencia en 2023, muchas madres desconocían que la conversión de la deuda no era automática.

En concreto, deben solicitarla para deudas anteriores al 18 de noviembre de 2021, según lo establecido en la Ley del Registro de Deudores. La magistrada Verónica Vymazal señala que "hay gente que no quiere pedir la conversión a UTM y siguen la conversión anterior o hay gente que no sabe y, sobre todo en causas que no se tramitan a través de la página de la Oficina Judicial Virtual, y no piden el cambio".

El tercer obstáculo son los "pagos humillantes" como los 27 pesos que recibió Daniela, una joven madre de Puente Alto, tras la revisión de cuentas bancarias del papá de su hijo por parte del tribunal. Estos montos irrisorios se deben también a que algunos deudores, cuando se enteraron de la nueva ley vaciaron sus cuentas bancarias antes de que fueran retenidas.

El cuarto callejón es la falta de comunicación. Las resoluciones son redactadas en un lenguaje técnico y legal difícil de comprender para las demandantes. Debido a esta situación, muchas acreedoras solicitan o activan procedimientos que no corresponden todavía tramitar porque nadie les ha explicado cómo proceder.

El quinto obstáculo es la deficiente funcionalidad de la plataforma Conecta.pjud. La atención en esta red colapsó, sobre todo durante el primer año de la normativa, debido a la gran cantidad de usuarios, con largas esperas virtuales.

¿Por qué fallan los tribunales de familia con la Ley Papito Corazón?

La principal causa de los problemas en la implementación de la ley es la falta de recursos. La Ley Papito Corazón estableció en sus disposiciones transitorias que "el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria Poder Judicial".

La magistrada Vymazal explica que "otorgaron un dinero muy pequeño para que el Poder Judicial contratara funcionarios, pero por Corte de Apelaciones", asegura.

Por ejemplo, cuando era jueza de familia en Osorno por la Corte de Apelaciones de Valdivia "ellos pudieron contratar tres funcionarios, pero somos 16 tribunales los que tenemos que estar haciendo liquidaciones mensuales". Todo eso sucedió en 2023.

Otro factor es la sobrecarga laboral. El problema no es nuevo y se ha agravado con la aprobación de varias leyes recientes. La abogada Karen Bielefeldt destaca que contratar más personal no es simple: "Los tribunales no son una empresa, entonces no es como que yo como empresa puedo contratar a 30 personas más, la cuantía o el número de empleados en un Tribunal lo establecen normas legales, leyes, decretos".

Los problemas de interconexión con la CMF y las instituciones bancarias también dificultan el funcionamiento de la ley. Según la magistrada Vymazal, la información que proporciona la CMF "va desfasada según sea la institución... hay información que tiene de seis meses, hay información que tiene de tres meses".

¿Qué soluciones se están planteando para mejorar el sistema?

Para abordar estos problemas, expertos proponen varias soluciones. La más urgente es aprobar una modificación a la Ley de Tribunales que permita contratar más funcionarios. Actualmente existe una iniciativa estancada en el Senado.

La abogada Úrsula Kiwi enfatiza que "tiene que ser personal capacitado, es decir, que entiendan, que le den respuesta al sistema de una forma rápida y eficiente".

La abogada Daniela Melillanca sugiere cambios en la formación académica: "Tú ves en las carreras de Derecho, no hay en ninguna universidad donde haya derecho de infancia, o sea, a ese nivel de desconexión estamos".

También hay iniciativas legislativas para endurecer las sanciones a deudores. Parlamentarios han presentado proyectos para prohibir el ingreso a estadios, casinos de juegos e hipódromos a quienes tengan inscripción vigente en el Registro de Deudores. Asimismo, existe un proyecto para limitar que personas inscritas en el registro autoricen la salida del país de sus hijos.

Otra propuesta interesante de la magistrada Vymazal es la de crear una pensión de alimentos universal mínima garantizada por el Estado en los casos en que las madres no pueden obtener el pago de la deuda, por ejemplo.

Como explica, "ese mínimo no es que sea un subsidio del Estado sin devolución, el Estado puede a través de sus herramientas, cobrarle a ese deudor de otra manera a futuro".