Cuando tenía solo 17 años, una joven fue sacada a la fuerza de su casa por agentes del Estado en 1975, en dictadura. La subieron a un auto, le taparon los ojos y la llevaron a un lugar desconocido.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, allí comenzó un calvario que duró varios días: la golpearon, le aplicaron electricidad en el cuerpo, la insultaron y la sometieron a violencia sexual.
La trasladaron a distintos centros de detención, como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, donde las torturas continuaron. Finalmente, tras más de una semana, la liberaron sin explicaciones.
Décadas después, la víctima llevó su caso a la justicia, exigiendo una compensación por los daños físicos y psicológicos que arrastra hasta hoy.
En su demanda, sus abogados argumentaron que “fue víctima de prisión política y tortura a manos de agentes del Estado” y que los hechos fueron reconocidos por el propio Estado chileno a través de la Comisión Valech.
Además, recalcaron que “las secuelas de la violencia sufrida no desaparecen con el tiempo” y que “la reparación es un derecho fundamental de las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.
El Estado, por su parte, intentó desestimar la demanda alegando que ya había recibido compensaciones previas, como una pensión de reparación y beneficios estatales.
Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento, señalando que estos beneficios no reemplazan el derecho a una indemnización por daño moral.
Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Estado pagarle $70.000.000 como indemnización, elevando el monto que previamente había fijado un juzgado civil.
En su fallo, el tribunal consideró la gravedad de los hechos, la duración del sufrimiento y las secuelas psicológicas y físicas que aún afectan a la víctima.
“El Estado tiene el deber de reparar a quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos, y en este caso, la compensación debe ser acorde con el daño causado”, señaló el tribunal en su resolución.
