Spunik era un perro de raza Shih Tzu que, como cualquier otra mascota, era parte fundamental de su familia.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, en 2023, sufrió una fractura en una de sus uñas y su familia decidió llevarlo a la clínica veterinaria Evolución Animal SpA en Arica para tratarlo.

Lo que debía ser un procedimiento menor terminó en una tragedia. Spunik fue anestesiado para la cirugía, pero nunca despertó.

Su familia, devastada por la pérdida, acusó a la clínica de actuar con negligencia, asegurando que nunca se les informó de los riesgos de la intervención ni de lo que realmente sucedió en el procedimiento.

Buscando justicia, presentaron una demanda contra la clínica, alegando mala praxis y exigiendo una compensación por el daño sufrido.

El fallo del tribunal: Negligencia comprobada

El caso fue analizado por el Segundo Juzgado de Letras de Arica, que determinó que la clínica no cumplió con su deber de garantizar la salud del animal.

Según la sentencia, la lesión de Spunik era menor y su recuperación era completamente viable.

"La muerte del can, ocurrida en la intervención quirúrgica de que fue objeto, constituye un incumplimiento de la demandada de la obligación del contrato", señala el fallo.

La clínica apeló la sentencia, argumentando que no había pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad.

Sin embargo, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica confirmó el fallo en su contra. Los jueces –la ministra Claudia Arenas González, el fiscal judicial Juan Manuel Salas Escobar y el abogado integrante Ricardo Oñate Vera– fueron categóricos en su resolución: "La culpa por el incumplimiento de la obligación contractual se presume. En este caso, la carga de la prueba de haber guardado la debida diligencia y cuidado le corresponde al deudor demandado y no al acreedor demandante".

La clínica también intentó evitar el pago de las costas del juicio, pero la Corte rechazó este intento, asegurando que había sido completamente responsable del daño causado.

Como resultado, la justicia ordenó a la clínica Evolución Animal SpA pagar un total de $4.959.620 a la familia del perro.

De esa cifra, $459.620 corresponden a daño emergente por los gastos veterinarios, mientras que $4.500.000 fueron fijados como compensación por el daño moral sufrido por sus dueños.

Otros casos similares: Negligencia veterinaria y su impacto legal

El caso de Spunik no es un hecho aislado. En 2022, un caso similar conmocionó a la opinión pública cuando la abogada Evelyn Urrutia presentó una querella por negligencia contra una clínica veterinaria tras la muerte de su perro, Héctor, un Bulldog Inglés.

Héctor ingresó a la clínica tras presentar una inflamación abdominal. Su dueña denunció que la atención fue deficiente desde el inicio, con un examen realizado en el suelo y sin condiciones adecuadas.

A pesar de que se recomendó hospitalización, no se tomaron las medidas necesarias para su bienestar, como la hidratación y ventilación adecuadas para su raza.

Pocas horas después de ser internado, Héctor falleció. Evelyn no recibió una explicación clara ni documentos que acreditaran la hora exacta de su muerte, lo que la llevó a iniciar acciones legales.

Su caso se convirtió en un precedente sobre la responsabilidad de las clínicas veterinarias y la falta de regulaciones claras en torno a la mala praxis en animales.

Otro caso que generó impacto ocurrió en marzo de 2021 en Antofagasta, cuando una mujer paseaba junto a su perra Tika, una border collie, en los jardines del restaurante McDonald’s.

La perra pisó el césped y recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte instantánea.

Tras investigar, se descubrió que el local tenía fallas graves en su sistema eléctrico, con cables en mal estado y postes corroídos, lo que fue confirmado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

La dueña demandó a la empresa Arcos Dorados Restaurantes de Chile Limitada, y en 2024, la justicia ordenó el pago de $8.000.000 por daño moral, al establecer que la negligencia en el mantenimiento del local causó la tragedia.

La evolución de los derechos de las mascotas en la legislación

El reconocimiento de las mascotas como parte fundamental de las familias ha ido en aumento. En Chile, ocho de cada diez personas tienen al menos una mascota y la consideran un miembro más del hogar.

Esta realidad ha impulsado proyectos de ley que buscan otorgar permisos laborales en caso de fallecimiento de una mascota.

Actualmente, hay siete proyectos de ley en el Congreso que proponen un permiso remunerado de un día para quienes pierdan a su mascota.

Aunque la legislación chilena aún no contempla este beneficio, en otros países como Italia se han dado fallos que permiten a los trabajadores ausentarse justificadamente para cuidar a su mascota enferma o para sobrellevar su duelo tras su fallecimiento.

En algunos países, como España y Brasil, algunas empresas han comenzado a incluir en sus convenios colectivos permisos especiales para los dueños de mascotas, reconociendo el impacto emocional que su pérdida genera en sus dueños.

La Ley Cholito y la responsabilidad sobre el bienestar animal

El debate sobre los derechos de las mascotas no es nuevo en Chile. Desde 2017, el país cuenta con la Ley 21.020, conocida como Ley Cholito, que establece normas para la tenencia responsable de animales y sanciona el maltrato y abandono.

Esta ley surgió a raíz del brutal caso de Cholito, un perro callejero que fue golpeado hasta la muerte en el barrio Patronato de Santiago.

Su asesinato generó indignación y llevó a la creación de una normativa que protege a los animales de situaciones de abuso y negligencia.

Sin embargo, la Ley Cholito aún tiene vacíos en términos de la fiscalización de clínicas veterinarias y la regulación de su actuar.

Casos como el de Spunik y Héctor ponen en evidencia la falta de protocolos claros en la atención de mascotas y la ausencia de un marco legal específico que sancione la negligencia veterinaria.