Un hombre vio cómo su pensión de invalidez fue reducida sin explicación suficiente, lo que lo llevó a iniciar una larga batalla legal para recuperar su beneficio.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, originalmente, la Comisión Médica de Iquique había determinado que su nivel de invalidez era del 75%, lo que le permitía acceder a una pensión acorde con su condición.

Sin embargo, sin que se realizaran nuevos exámenes médicos ni se le diera una justificación clara, la Comisión Médica Central rebajó su invalidez al 61%, calificándola como parcial transitoria en lugar de total.

Esta decisión afectó seriamente su situación económica y su acceso a beneficios previsionales, lo que lo llevó a presentar una solicitud de reposición ante la misma comisión.

Sin embargo, su petición fue rechazada sin mayor explicación, por lo que decidió acudir a la Corte de Apelaciones de Iquique con un recurso de protección, buscando revertir la medida.

La Corte de Apelaciones revisó el caso y determinó que la resolución que rebajó su invalidez era arbitraria, ya que no tenía fundamentos sólidos ni una evaluación médica adecuada.

Como resultado, ordenó que se le realizara una nueva evaluación. En mayo de 2023, después de una nueva revisión, la Comisión Médica Central confirmó que su nivel de invalidez era del 70%, lo que significaba que debía recibir una pensión acorde con esa condición.

El Undécimo Juzgado Civil de Santiago resolvió que el Estado era responsable de esta situación por la falta de servicio de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).

El tribunal determinó que la actuación de la institución no solo fue negligente, sino que además vulneró el derecho a la igualdad ante la ley del afectado.

Como compensación por el daño moral causado por esta injusta reducción de su pensión y el largo proceso que tuvo que atravesar para corregir el error, el tribunal ordenó que el Estado le pague una indemnización de 10 millones de pesos.