Entre las tres mayores productoras de cobre del país, la minera Doña Inés de Collahuasi que opera desde 1999 en Pica, Tarapacá, busca extender su operación por 20 años más. Pero comunidades aymara de la zona están llevando adelante una oposición ante la justicia, además de una demanda por daño ambiental contra la empresa.

La ampliación contempla una inversión de US$ 3.200 millones y obtuvo su permiso ambiental en 2021, luego de lo cual el Comité de Ministros ratificó la aprobación del proyecto. Ahora, enfrenta ante el Segundo Tribunal Ambiental alegatos de comunidades Aymara tanto de la zona cordillerana como de la costera, debido a los impactos del mineroducto que lleva el concentrado de cobre a la costa para su exportación.

Las comunidades que acudieron a la justicia alegan que fueron ilegalmente excluidas de la evaluación de impactos del proyecto, y que la caracterización que se hizo del medio humano tiene información insuficiente sobre las actividades tradicionales que realizan en la zona, y que se verían impactadas por la minería. Las comunidades costeras también reclaman que no se las incluyó y que no se consideró la totalidad de la vida marina en la zona.

Desde el Servicio de Evaluación Ambiental, sostienen que las comunidades en cuestión no serán afectadas y que entrevistas con otras familias Aymara les ayudaron a determinar que los usos tradicionales como el pastoreo en movimiento ya no se realizan en la zona de influencia del proyecto minero.

Demanda por daño ambiental

Parte de la preocupación de las comunidades sobre la expansión minera surge a raíz de eventos previos que están siendo juzgados paralelamente por el Primer Tribunal Ambiental: comunidades indígenas y pesqueras de la costa, donde el concentrado de cobre de la minera llega a través de un mineroducto, demandaron a la empresa por daño ambiental.

Los pescadores aymara alegan que la operación de la empresa en la costa, en la zona de Punta Patache y Caleta Patache, ha contaminado el mar con metales pesados, afectando los sedimentos marinos y reduciendo la biodiversidad marina de la zona.

Desde la empresa declaran que los demandantes no lograron comprobar que las acciones de la empresa generaron el daño en el mar. El Primer Tribunal Ambiental recibió los alegatos finales durante los últimos días de enero, y tras un intento de conciliación fallida entre ambas partes, deberá emitir un fallo.

Otro antecedente que también lleva a las comunidades a temer por el impacto minero, es que la empresa Collahuasi fue sancionada por la Superintendencia de Medio Ambiente, que constató 14 infracciones ambientales de la minera. Para subsanar estas faltas, la empresa está ejecutando un plan de inversión de $ 50.400 millones, aprobado en 2022.

Las infracciones tienen relación con la extracción de agua en zonas que presentaron una reducción de caudal mayor a la evaluada, y la falta de monitoreo sobre calidad de agua y afectación a las aves de la zona en el salar de Coposa, donde habitan tres tipos de flamenco.