Esta semana, las comunidades Aymara de Chusmiza y Usmagama recibieron una noticia que esperaban hace más de 18 años: el Estado les entregó 14 mil hectáreas de tierra en la zona donde vivían sus ancestros desde antes de la colonización, y que muchos tuvieron que abandonar luego de que una empresa embotelladora se quedara con el agua.

Se trata de una de las medidas del acuerdo amistoso entre la comunidad y el Estado, firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018, donde se reconoció el derecho ancestral de estas comunidades sobre el agua y la tierra, y el derecho a reparar la vulneración de derechos, entregando tierras, comprando el terreno donde se encuentra la vertiente de agua de la comunidad, e invirtiendo en obras públicas, servicios y desarrollo turístico.

En entrevista con El Desconcierto, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, relata las dificultades que conllevó el proceso, y que se enmarca dentro de un trabajo de restitución de tierras indígenas para acercar la relación del Estado con los pueblos originarios.

¿Cómo ayuda la entrega de tierras a estas comunidades, cuya demanda inicial fue por la falta de acceso al agua?

Muchas personas que vivían en la comunidad se vieron obligadas durante años a migrar a otras zonas de la región. Se tuvieron que radicar en Alto Hospicio o en Iquique buscando formas de supervivencia. La posibilidad de tener tierras en administración propia les va a significar activar el desarrollo, postular a fondos que beneficien a la comunidad en términos sustentables y resguardar la tradición. Hay otros compromisos en este acuerdo que competen a otros ministerios para generar obras de vialidad y de acceso al agua, que les signifique a ellos un mayor bienestar en una comunidad que prácticamente estaba aislada, y un incentivo porque es reconocer su derecho ancestral sobre la tierra.

¿Cuáles fueron las dificultades de este proceso de restitución?

Es una de las restituciones más grandes de tierra que se ha hecho el Estado de Chile a comunidades indígenas. Ahora se vienen otras medidas y para todo ello hay una mesa de trabajo con la comunidad. Quien coordina el cumplimiento del litigio internacional es la Cancillería.

Este trabajo no es simple, hubo que generar planos, revisar el terreno, analizar si había otras obras, intervenciones o títulos que pasaran por el terreno para desafectarlas y todo eso significó mucho diálogo con la comunidad. Quienes recibieron esto en la comunidad son la tercera generación desde que comenzó la lucha ante esta problemática. Llevaban tres generaciones esperando.

¿Cómo se explica que, tras un fallo de la Corte Suprema en 2009 y un acuerdo amistoso ante la Corte Interamericana en 2018, se estén tomando medidas de reparación ahora?

Acá hubo una decisión del presidente Boric de dar cumplimiento, y eso hay que reconocerlo. Al momento de anunciarlo en la cuenta pública en 2022, se comprometió ante el país para avanzar en este acuerdo y mandató a los distintos ministerios a trabajar. Hubo convicción política y decisión y esto se enlaza con los compromisos del Gobierno en un nuevo trato con los pueblos indígenas, que ha ido avanzando poco a poco. Hay que considerar que en Chile habitan comunidades indígenas muy diversas y cada una tiene su forma de relacionarse.

Otro punto de debate con pueblos indígenas del norte sobre tierra y agua tiene que ver con el avance de la Estrategia Nacional del Litio. ¿Cómo se está dando el diálogo con las comunidades?

A nosotros como Ministerio nos toca participar en las instancias informativas a la comunidad en relación con los salares, para definir cómo se explotan y protegen. Cuando se exigen procesos de consulta se han hecho, y si hay que intensificar el diálogo se va a hacer porque cualquier explotación minera también tiene que beneficiar a las comunidades. No puede ir en detrimento de ellas, sino que se vean beneficiadas con acceso a mejores obras públicas y mejores servicios, y que no sean comunidades empobrecidas cuando lleguen nuevos polos de desarrollo. Siempre ponemos ese énfasis en el diálogo con las comunidades y las mineras o los proyectos de energía para hidrógeno verde.

En esos procesos de diálogo, es importante que las comunidades sean escuchadas, pero también entender que el desarrollo productivo de esa zona es valioso y necesario no solo por el crecimiento económico sino también por las fuentes laborales y la mejora de la infraestructura en esas localidades.

Más allá de esta entrega a las comunidades de Chusmiza y Usmagama, ¿qué trabajo se está haciendo para restituir tierras a otros pueblos indígenas?

Tenemos varios trabajos de regularización de títulos de dominio de la pequeña propiedad raíz con foco en población indígena, sobre todo en La Araucanía. Tenemos un convenio con la CONADI que nos permite regularizar y este trámite es importante porque tener el título regularizado te permite acceder a otros beneficios como mejora de infraestructura y vivienda, fondos de INDAP y de Sercotec para ejecutar proyectos de desarrollo local, etc. En las regiones de La Araucanía y Biobío, donde hay alto porcentaje de población mapuche, son las mujeres las más afectadas cuando no tienen el título de la tierra, entonces hacerlo entrega una mayor autoridad económica. En el futuro cercano haremos una nueva entrega de títulos en la región de La Araucanía.

Foto: Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal.