Desde hace muchos años estoy publicando columnas de opinión en medios de prensa que consagran la libertad de expresión, como éste, dando cuenta de diversos comportamientos comerciales cuestionables de engrupidores actores privados, los cuales, como se entenderá, erosionan el sistema económico de libre mercado y las propias instituciones, con el agravante de que -en ocasiones- estas prácticas indebidas son validadas por los servicios de la administración del Estado. 

Lo anterior se produce porque unos cuantos inversionistas actúan con el "tejo pasado" en conocimiento de que un cierto porcentaje de funcionarios públicos firman actos administrativos ilegales, ya sea por negligencia o ignorancia.

He señalado que la información privilegiada, que brinda millonarios beneficios a quienes la utilizan, ocasiona injusticias al sistema, dejándose establecido que el dinero lo compra todo, más aún cuando los poderosos financian a los políticos que ejercen el poder, tanto en La Moneda como en el Senado y Cámara de Diputados.

Nunca se han desmentido esas fundadas acusaciones formuladas a cara descubierta, las que -algunas veces- son puestas en conocimiento de la Contraloría General de la República, Consejo de Defensa del Estado, tribunales de justicia, Superintendencia de Medio Ambiente, municipalidades, ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobiernos Regionales, ministerio de Medio Ambiente, y otros. 

El libre mercado en el mundo desarrollado y subdesarrollado, bajo el sistema político democrático, opera en base al intercambio económico, en el cual los precios de los bienes y servicios se determinan por la interacción entre la oferta y la demanda de los mismos, respetándose las diversas regulaciones de los distintos sectores de la economía y por ello existen agencias públicas especializadas.

Entre éstas existen las que fiscalizan la sana competencia, el monopolio, el fraude financiero, la evasión de impuestos, la colusión, el agiotismo y últimamente, en nuestro país, las que se relacionan con el irrestricto cumplimiento de la Ley N° 21.595, referida a los delitos económicos y ambientales, ley que los "regalones", en su oportunidad, la objetaron en el Tribunal Constitucional, ente serio que desoyó sus plegarias.  

Pero para que se cumpla lo anterior, la Justicia tiene que cumplir su rol enmarcándose siempre en la probidad a todo evento y en tal sentido los casos de las juezas Vivanco y Sabaj, y de los jueces Ulloa y Matus, como del ex fiscal Guerra, por lo que se lee en la prensa, son simplemente inaceptables, dejándose en claro nuevamente que la malévola "operación" urdida por la derecha en contra del juez Sergio Muñoz, se recordará como una brutal pasada de cuenta por exigir el cumplimiento de la Constitución y de la Ley en sus sentencias como presidente de la 3a Sala de la Suprema. 

Una curiosa expropiación en Punta Arenas

Hablando de olvidos y equivocaciones en la formalización de decisiones del Ejecutivo, hemos constatado que el 06/07/2024 se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 27 Exento, por lo tanto, sin toma de razón de la Contraloría, mediante el cual el Minvu expropia el terreno de 203.700 m2, rol 3.008-00001 del SII, ubicado en la avenida Bulnes 601 de la comuna de Punta Arenas, región de Magallanes y la Antártica Chilena, predio urbano en donde funcionó por mucho tiempo el Club Hípico de esa ciudad que le pertenece a la persona jurídica Club Hípico de Punta Arenas S.A. 

El propósito de tal expropiación es llevar a cabo el proyecto denominado "Construcción de viviendas con equipamientos y áreas verdes de esparcimiento y recreación". Dicho Decreto fue firmado por Carlos Montes, ministro del ramo y por Carlos Araya, subsecretario (S) de ese ministerio, y el predio se le entregará al Serviu de esa región conforme al oficio reservado (sic) N° 343 del 22/05/2024 de la respectiva Seremi Minvu. Nos preguntamos, ¿cuál será la razón de que sea secreto ese acto administrativo?  

Recordamos que en el año 2011, por lo tanto hace 14 años, el doctor Matías Yacsich, residente en esa austral ciudad, nos invitó para conversar sobre este terreno y estando allí, nos reunimos con el Concejo Municipal de Punta Arenas, pues en esa fecha algunos empresarios deseaban ejecutar en esa amplia extensión un millonario proyecto inmobiliario, incluyendo, ¡era que no!, un suntuoso mall.

Supimos que dicha amplia extensión territorial, hace más de 100 años, le fue donada por el Estado a su anterior propietario para propósitos ganaderos, ecuestres, recreacionales y deportivos. En la animada conversación, se le propuso a ese Concejo, pagándose la justa indemnización al actual propietario, que se debía expropiar el terreno para transformarlo en un parque de uso público, lo que fue bien comprendido por todos y quien mostró el mayor interés fue el concejal Roberto Sahr.

Han transcurrieron los años y ahora, año 2025, se procederá a la expropiación, con lo cual se ha aplicado el dicho "más vale tarde que nunca", observando que el predio, calificado como comercio por el SII, tiene un avalúo fiscal de $ 9.247.425.437, por el cual su dueño paga trimestralmente $ 24.160.152 por concepto de contribuciones de bienes raíces, a pesar de que, como se refleja en el artículo 4.8.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el terreno debiera estar clasificado en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Punta Arenas como equipamiento deportivo, figura que establece la exención de ese impuesto territorial. Desconocemos la razón que tuvo el municipio para omitir esa condición.