La Central Hidroeléctrica Rucalhue, proyectada en la zona alta del río Biobío, está envuelta en una encrucijada, esto, debido a que organizaciones y comunidades indígenas denuncian que existe vulneración a los derechos humanos, ambientales y culturales, por no estar acatando compromisos internacionales y perpetuando conflictos históricos con las comunidades Mapuche-Pewenche.

Esta central, que sería una hidroeléctrica de pasada, provocaría una nueva intervención en el río Biobío con el objetivo de producir energía eléctrica que sería inyectada al Sistema Eléctrico Nacional, con una potencia instalada de 90 MW y una generación media anual estimada de 465 GWh. 

El embalse tendría una extensión aproximada de 6,5 km por el río Biobío y 1,2 km por el río Quilme, abarcando un área cercana a 140 hectáreas.

Rompiendo acuerdos internacionales

La empresa estatal China International Water and Electric Corporation está a cargo de su construcción, hecho que alerta por sus graves consecuencias sociales, culturales y ambientales. 

Al respecto, varias organizaciones han denunciado que esta iniciativa significa un retroceso en la protección de derechos humanos e indígenas en Chile, acusando al Estado de no respetar compromisos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, al no consultar con antelación ni comunicar a las comunidades afectadas las características del proyecto.

Tampoco se ha obedecido al Acuerdo Amistoso firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2004, el cual no permite la construcción de nuevas represas en territorio indígena del Biobío. 

Por último, no se realizó la evaluación de los impactos acumulativos, tomando en cuenta las represas que ya están presentes en el río Biobío.

Francisco Astorga, abogado de ONG Defensa Ambiental, declaró: “este es un proyecto que ha sido aprobado sin el estándar legal correspondiente y es por eso que lo estamos impugnando a través de un Recurso de Protección por falta de Consulta Indígena en base al Convenio 169 de la OIT. Además, estamos preparando un Recurso de Invalidación en contra de la ampliación ilegal del proyecto a través de una consulta de pertinencia, ya que lo que correspondía, dada la magnitud de la modificación del proyecto, es haber evaluado esa modificación a través de un Estudio de Impacto Ambiental.”

En busca de justicia

El río Biobío ha sido blanco de intervenciones desde el año 1993, con los megaproyectos hidroeléctricos Pangue, Ralco (2004) y Angostura (2014), los cuales representan en su conjunto el 20% de la capacidad hidroeléctrica instalada en Chile.

Las transformaciones del río a causa de estas centrales han devastado el ecosistema fluvial, perjudicando irreparablemente a las comunidades Mapuche-Pewenche que han habitado la zona desde tiempos ancestrales.

Fernanda Purrán, integrante de la Agrupación Malen Leubü, sostiene: “para las comunidades, el río no es simplemente una fuente de agua, sino que es un ente sagrado que forma parte de nuestra identidad y cosmovisión. Esta conexión se manifiesta en ceremonias, tradiciones y prácticas que han sido transmitidas de generación en generación, donde el río es visto como un ser vivo que merece respeto y cuidado”.

“Es indignante que se pretenda construir una cuarta central hidroeléctrica en el río Biobío, y la traición del Estado de Chile al pueblo Pehuenche, que se comprometió a no autorizar más represas en la zona, con un acuerdo con la Corte Interamericana de DDHH de por medio. Nunca se ha hecho una evaluación integral que considere los impactos acumulativos y sinérgicos de las sucesivas centrales que se han ido instalando, degradando en forma cada vez más grave el río y la cuenca de la tercera región con mayor población de nuestro país, severamente afectada por la mayor superficie de plantaciones de todo el territorio nacional”, sentenció Juan Pablo Orrego, presidente de ONG Ecosistemas.

Comunidades y organizaciones abogan para que se detenga inmediatamente la construcción y se frene la tala de especies protegidas, además de una auditoría independiente de los procesos de aprobación ambiental, el respeto a los compromisos internacionales de Chile en derechos humanos y ambientales, y finalmente, un diálogo efectivo con las comunidades afectadas que se base en justicia ambiental y la consideración de los derechos indígenas.