Una familia de Antofagasta enfrentó un problema crítico cuando su hijo, quien tiene discapacidad auditiva, no pudo acceder de manera adecuada a los servicios médicos del Hospital Regional de la ciudad debido a la falta de un intérprete de lengua de señas.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, esta barrera impidió que el joven y sus padres pudieran comunicarse de manera efectiva con los profesionales de la salud, limitando su acceso a un servicio esencial.

Ante esta situación, presentaron un recurso de protección, argumentando que la ausencia de un intérprete vulneraba su derecho constitucional a la igualdad.

Según expusieron, el hospital estaba obligado a garantizar condiciones que permitieran la inclusión de personas con discapacidad, como lo establece la normativa nacional.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió a favor de la familia, ordenando al Hospital Regional disponer de un servicio de interpretación en lengua de señas para garantizar la accesibilidad a la atención médica.

En un fallo dividido, la Primera Sala –compuesta por los ministros Juan Opazo Lagos, Jaime Rojas Mundaca y la fiscala judicial María Teresa Quiroz Alvarado– concluyó que la omisión del hospital constituía una vulneración concreta de derechos fundamentales.

El fallo subrayó que, aunque la Corte no puede intervenir en la implementación de políticas públicas, el hospital tiene la obligación de tomar medidas inmediatas para asegurar que sus servicios sean accesibles a las personas con discapacidad auditiva.

Asimismo, destacó que esta acción es esencial para restablecer el derecho a la igualdad de los recurrentes.

Finalmente, la resolución instruye al hospital a implementar la accesibilidad necesaria, permitiendo que tanto el paciente como sus padres puedan comunicarse eficazmente con los equipos médicos.

Aunque la decisión fue adoptada mayoritariamente, el ministro Opazo Lagos expresó su desacuerdo en un voto disidente.