La esperada votación en general del proyecto de fraccionamiento pesquero fue suspendida este miércoles en la Comisión de Pesca del Senado. El presidente de la instancia, senador Fidel Espinoza (PS), debió retirarse de urgencia tras sufrir una descompensación por presión, según fuentes consultadas por El Desconcierto. Esto, luego de conocer que su hija Camila, de 29 años, se encuentra incomunicada desde hace 7 días tras subir al Valle de Cochamó, en la Región de Los Lagos, junto a un grupo de amigos, según informó Radio Bío Bío.

Durante la tarde, el senador Espinoza se refirió a la situación mediante un video publicado en su cuenta de X: "En las últimas horas, ha trascendido una noticia que guarda relación con mi hija Camila, de 29 años. Quiero señalar que ella se dedica junto a su pareja al trekking, actividad que implica explorar nuevas rutas, en este caso, en el sur de nuestro país".

En esa línea, señaló que mientras se encontraba en la Comisión de Pesca, "se ha comunicado la familia de la pareja de mi hija (...) quien ha manifestado la preocupación extrema por el hecho de que no tienen comunicación con ellos desde hace más de siete días".

Suspensión de la votación de fraccionamiento

Como consecuencia, la sesión debió interrumpirse. "Quiero transmitir lo que el presidente de esta comisión me ha señalado. Me ha encomendado suspender la sesión. Ha ocurrido un inconveniente en él específicamente", informó la presidenta subrogante, senadora Loreto Carvajal (PPD). Tras un receso de 15 minutos, agregó que debido a "un suceso grave, no era posible que el presidente siguiera presidiendo la comisión".

Frente a esto, y por acuerdo unánime de los parlamentarios presentes, tal como fija el reglamento, se determinó realizar la votación en general el próximo martes. Además, se mantendrá el lunes 20 de enero como plazo para ingresar indicaciones, las que se espera provengan tanto del Ejecutivo como de los parlamentarios.

La iniciativa, que ya fue aprobada con amplia mayoría en la Cámara de Diputados, propone cambios significativos en recursos claves para los pescadores artesanales como el jurel, merluza, sardina y anchoveta.

Argumentos de Sonapesca sobre inconstitucionalidad

Esta redistribución ha generado controversia entre ambos sectores. Mientras la pesca artesanal argumenta que es una reparación histórica necesaria, la industria ha amenazado con judicializar el proceso, advirtiendo sobre posibles pérdidas de empleos y cuestionando la constitucionalidad de los cambios propuestos.

El abogado constitucionalista Francisco Zúñiga presentó un informe en derecho solicitado por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), en el que advirtió sobre posibles vicios de inconstitucionalidad. "El proyecto de ley presenta vicios de inconstitucionalidad material al infringir el derecho a desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad de los titulares de las LTP (licencias transables de pesca)", señaló el informe, agregando que la falta de "mecanismos de transición y compensaciones" podría obligar al Estado a indemnizar a los afectados.

Sin embargo, estos argumentos fueron refutados por el Subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien recordó que "el origen del primer fraccionamiento que se produce, se produce con motivo de una moción parlamentaria". En esa línea, la autoridad cuestionó que "es extremadamente discutible que si tenemos que el origen de esta materia son mociones parlamentarias, podamos ahora alegar que los parlamentarios tengan o no facultades para agregar contenido en esta materia".

El representante del Ejecutivo en la comisión señaló que existen dos normas previas que abordaron esta materia -las leyes 19.624 y 19.849- "que no fueron objeto de reclamo de constitucionalidad". Para el subsecretario, esto evidencia un "tratamiento asimétrico" en el análisis constitucional: "Cuando se resuelve el fraccionamiento y éste establece normas que favorecen al sector industrial, no son cuestionadas en la constitucionalidad, pero cuando se establecen estas mismas normas que favorecen el fraccionamiento del sector artesanal, sí emerge esta inquietud".

Industria amenaza con pedir indemnizaciones

Tras reanudarse la discusión, el senador Daniel Núñez (PC) cuestionó la posibilidad de que empresas que obtuvieron beneficios de forma corrupta puedan demandar al Estado. "Una ex ministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, nos dijo que hay un principio jurídico que no hemos escuchado en este debate: nadie puede beneficiarse de su propio dolor", señaló el parlamentario.

El senador comunista profundizó en este punto explicando que "si hubiera una nueva ley de fraccionamiento de las cuotas de pesca y esa norma afectara a la empresa Corpesca, lo que aquí nos están diciendo es que esa empresa podría pedir indemnización al Estado, siendo que está condenada por un fallo de justicia en Chile". Para Núñez, esto sería equivalente a "como que a mí me roban el auto y después el que me lo robó me lo va a vender y yo tengo que comprárselo".

Este argumento va en línea con lo planteado en entrevista con El Desconcierto por el vocero de Alianza por la Pesca Artesanal, Hernán Cortés, quien cuestionó: "Cuando alguien se para para defender derechos que adquiriste a través de una ley corrupta, no tiene mucho sentido. Es como si aquellos que me entraron a robar a la casa, yo tenga que ir a indemnizarlos por haberme robado el televisor".

La votación del próximo martes será clave para determinar si la iniciativa continúa su tramitación en el Senado, en medio de las presiones tanto del sector artesanal por obtener una respuesta justa frente a la distribución actual, como del industrial que amenaza con judicializar y pedir indemnizaciones al Estado como último recurso frente al avance de la discusión.